Las poblaciones de alimoche común, una de las cuatro especies de buitres que viven en España, ha repuntado ligeramente hasta alcanzar entre 1.490 y 1.567 parejas según los datos del último censo coordinado por SEO/BirdLife y que refleja que la mitad de los ejemplares viven en Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha aunque destacan las 74 parejas que viven en tres islas canarias.

La subespecie de la Península y Baleares está en el Catálogo Español de Especies amenazadas dentro de la categoría de vulnerable y la subespecie canaria, conocida popularmente como guirre, en la de en peligro de extinción.

El alimoche, por detrás del quebrantahuesos es el buitre menos abundante en España, ya que tiene una población "bastante inferior" a la del buitre negro y "muchísimo menor" que la del buitre leonado. Es, sin embargo, según la ONG, una de las especies mejor censadas a nivel estatal desde la década de 1990.

La ONG destaca la población de Canarias, que tiene 74 en tan solo sus tres islas más orientales (Fuerteventura, Lanzarote y Alegranza), donde en la última década han aumentado en 32 parejas.

Entre las principales amenazas para la especie están el uso de cebos envenenados en el medio natural y las colisiones con líneas eléctricas y aerogeneradores.

Además de "viejos problemas" como la persecución y el veneno, desde SEO/BirdLife destaca también la necesidad de acometer políticas de conservación ante escenarios como el abandono del campo y la disminución extensiva del ganado.

"No se debe olvidar que es urgente atajar los impactos de las infraestructuras como los parques eólicos y los tendidos donde colisionan y se electrocutan los alimoches", insiste la ONG.

La entidad también estima necesario investigar el papel de nuevas prácticas ganaderas en cuanto a las regulaciones sanitarias, así como los vertederos donde las aves carroñeras acuden ante la falta de "verdadera" comida en el campo y la posible influencia en las poblaciones.

Por último, la ONG insiste también en la importancia de que las administraciones autonómicas desarrollen los planes de conservación o recuperación para garantizar que se ponen en marcha las medidas de gestión adecuadas en sus respectivos territorios para salvaguardar a esta especie.