Sin duda, la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias reparte, en diferente medida, responsabilidades entre las  distintas administraciones canarias. El Gobierno se reserva bien poco, más allá de autorizar las excavaciones arqueológicas, quedando las distintas medidas de protección distribuidas entre los ayuntamientos y los cabildos. Hay quien cree que para estos últimos todo se limita a los bienes de interés cultural, BIC, que incoan los cabildos y que corresponde declarar al final del procedimiento al Gobierno,  y que el resto queda en manos de los ayuntamientos por medio de los catálogos municipales vinculados a los planes generales.

El melón que se ha abierto en Puerto del Rosario con la falta de protección del conjunto de inmuebles de La Cornisa, muestra que la presión edificatoria en valiosos suelos, que acogen el escaso patrimonio con que cuenta la capital majorera, es una guerra que todas las comunidades han vivido de una u otra forma, sin que nadie parezca recoger aprendizaje alguno de lo que otros han hecho, o de lo que otros han dejado de hacer.

El problema se circunscribe a una cuestión de expectativas, y si estas son elevadas, no hay patrimonio que se salve. Me explico. Los planes generales ordenan suelo y quieren olvidar que mucho de él está ocupado por inmuebles con dimensión patrimonial. El planeamiento otorga determinada edificabilidad que multiplica el valor de ese suelo y  sólo por este hecho se compromete la pervivencia de los testimonios existentes sobre aquel. Es ese el resumen, idéntico para todas las capitales Canarias que es donde se suelen localizar las mayores alturas para los edificios. Ni Teguise ni Betancuria tendrían semejante problema con expectativas edificatorias porque el crecimiento en altura es muy limitado.

Las expectativas colisionan con el valor cultural y siempre pierde el patrimonio, que es demolido para que un edificio de mayor altura ocupe ese espacio. En otros casos, como sucede en Arrecife de Lanzarote, gobernado por el PP y CC, el catálogo de protección, que se encuentra en proceso de aprobación, es más original y propone para su protección algunos notables inmuebles sobre los que se podrían construir seis, siete u ocho plantas, una maniobra grosera elaborada haciendo uso de los procesos que la ley nos ofrece para "preservar" nuestro patrimonio. En Puerto son más pragmáticos, pues simplemente no se protegen, lo cual no me da pistas para evaluar el nivel de zafiedad de unos y otros.

Curiosamente, la maniobra de eludir la protección de La Cornisa por parte de CC,  favorecería los intereses inmobiliarios de los propietarios, uno de los cuales es un viejo conocido de la casa, alcalde  por el PSOE en varios mandatos anteriores, cuando el Ayuntamiento de Puerto se conducía como una inmobiliaria a tiempo completo con la ayuda de su concejal de urbanismo en aquellos momentos. Hablamos de Eustaquio Santana Gil y de Juan Nicolás Cabrera, respectivamente, conocido este último por su versatilidad para cambiar de ideología y de partido. Puede que aquellas prácticas le sirvan a  CC de modelo que copiar.

Llegados a este punto, es importante poner en evidencia el papel de los cabildos -del Cabildo de Fuerteventura- pues cuenta con dos instrumentos con los que hacer frente a la protección de los bienes insulares, el del BIC, que puede no ser la figura adecuada para este tipo de bienes, y el más importante para lo que nos ocupa, que es el Catálogo Insular, cuya redacción queda bajo su responsabilidad. Ya la Ley de Patrimonio Cultural recoge en su artículo 39 esta figura en la que se habla del valor insular del patrimonio, por tanto, el Cabildo de Fuerteventura es competente para incoar, tramitar y resolver los procedimientos de inclusión de los bienes situados en su ámbito insular en el catálogo de bienes patrimoniales culturales, incluidos los que el gobierno municipal de Puerto del Rosario abandona a su suerte a pesar de la constatación de sus valores. El problema es que el Cabildo está en manos de CC y el Ayuntamiento también, por lo que habrá que ver qué prevalece, si la tarea del buen servicio o los intereses bastardos de partido.

En Lanzarote, con los últimos bienes de interés cultural incoados por el Cabildo, se escenificó una batalla con el ayuntamiento capitalino, liderado entonces por Ástrid Pérez, del PP, que se resistía a la protección de determinados inmuebles con evidentes valores. El Cabildo decidió su incoación con aquella figura, pero bien podría haber promovido la inclusión de los bienes en un catálogo insular. El caso de los dieciséis inmuebles de La Cornisa es sensiblemente diferente, pues  el BIC es una medida para inmuebles con valores notables y aquí nos encontramos con valores etnográficos merecedores de estar en un catálogo  municipal o de rango insular.  Tal instrumento permite que el Cabildo actúe de oficio o a instancia de terceros, sean personas físicas o jurídicas y ya parece estar tardando en mover ficha el pueblo majorero.

Hay una resistencia absoluta, al menos de dos cabildos cercanos, el de Fuerteventura y el de Lanzarote, para hacer uso de este instrumento de protección. La pregunta es si correspondiendo la tutela del patrimonio cultural insular al Cabildo y dado que el Ayuntamiento se muestra incapaz de proteger tan importantes testimonios para la isla, nos queda por saber qué hará la Inspección del Patrimonio; que hará el consejero del área  de Patrimonio; que hará la presidenta Dolores García para servir al interés general y qué medidas de protección va a adoptar el Cabildo para La Cornisa con tal fin. Los artículos 39 a 49, de la Ley de Patrimonio Cultural son de fácil lectura, de mayor comprensión y de clara  interpretación.

Mirar a otro lado, por tanto,  no es una opción,  como no lo debiera ser para el partido nacionalista que representan Lola García y el propio alcalde, David de Vera, ingredientes del mismo mojo que, por cierto, gobierna, entre otros,  con los votos del partido del señor Santana Gil.