La elaboración del inventario de acuerdo a la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Canarias de abril de 2019 duplica el presupuesto de adjudicación. El Ayuntamiento se ve obligado a paralizar la redacción y pide una modificación de la ley mientras el casco histórico sigue bajo la amenaza de la piqueta.

Después de años asistiendo al derribo de viviendas del casco histórico del antiguo Puerto de Cabras, el Ayuntamiento de la capital adjudicó en 2019 la redacción de un catálogo arquitectónico como instrumento para proteger las edificaciones antiguas con valor patrimonial del municipio a la empresa Cabrera-Febles Arquitectura, Paisaje y Urbanismo, por 54.526 euros. La nueva Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, que se aprobó en abril de 2019, exige en su artículo 52.4 que cada ficha del inventario incluya planos de planta y alzado. La modificación, aseguran desde el Consistorio, supone aumentar un 50 por ciento el presupuesto del contrato por el que fue adjudicado, un sobrecoste que no contempla el pliego de contratación.

Con la aprobación del catálogo arquitectónico del municipio, el Consistorio de Puerto del Rosario intentaba cumplir la exigencia de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias de 1999 y la Ley del Suelo de 2017, que también recoge la obligación de los ayuntamientos de “aprobar y mantener actualizado el catálogo de protección”.

El anuncio de la redacción del catálogo se vendió por el anterior grupo de gobierno de la capital (CC y PSOE), con alcalde y concejales de Patrimonio Histórico y Urbanismo nacionalistas, como una esperanza para frenar el avance de la piqueta sobre las casas antiguas de la capital. La necesidad de elaborar ese catálogo era el recurso más usado cada vez que los medios de comunicación informaban de un nuevo derribo. Con ese catálogo, también se intentaba cumplir con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, aprobado en 2017 sin ninguna de las figuras de protección que intentó sacar adelante el Plan General de 1989 sin éxito: un Plan Especial de Protección (PEP) que contemplaba desde la parte baja del Barranco Pilón hasta el mercado municipal y un Plan de Reforma Interior (PERI) para la cornisa marítima.

En 2005 se intentó sacar adelante un Plan Especial de Protección, pero no pasó de la fase inicial. Dos años más tarde, el Ayuntamiento redactó otro documento similar que tampoco llegó a aprobarse. Lo mismo ocurrió con el PERI de la cornisa. El Plan General da un plazo de un año para anexar el catálogo arquitectónico. Tres años después de aprobarse el PGOU,

Puerto del Rosario sigue sin tener vigente el inventario. El anterior concejal de Urbanismo, Roberto Padilla, aseguró a finales de 2016 a Diario de Fuerteventura que la intención del Consistorio era aprobar el catálogo “lo antes posible, bien el próximo año o el siguiente, ya que cuanto antes se haga, antes sabremos cuáles son las viviendas de especial protección y evitaremos que se pierdan algunas”.

Antes de las elecciones de mayo de 2019, el Ayuntamiento dejó adjudicado el catálogo. En agosto, el Consistorio ya tenía sobre la mesa el borrador de la primera fase del inventario. Desde entonces, nada más se supo del documento hasta ahora.

El concejal de Patrimonio Histórico de Puerto del Rosario, Eduardo Tarquis, asegura que el motivo del estancamiento del catálogo se encuentra en la necesidad de “adaptarlo a la nueva Ley de Patrimonio de 2019, que contempla el levantamiento de planos y alzados de todos los bienes inventariados”.

A su juicio, esta exigencia supone un hándicap porque lleva consigo que los técnicos “tengan que entrar en las casas y que los propietarios dejen levantar el plano”. Ante esta situación, se pregunta “cuántos propietarios van a dejar pasar a sus casas porque ya se les está avisando de que se les va a proteger la vivienda”. Además, asegura que esa adaptación a la nueva ley de Patrimonio supone “un aumento del coste del contrato de más del 50 por ciento y en el pliego de condiciones no se contemplan sobrecostes, ya que la ley los prohíbe expresamente”.

En el pleno de junio, el Consistorio aprobó una moción instando al Gobierno de Canarias a que modificara el artículo 52.4 de la Ley de Patrimonio Cultural, el que contempla el levantamiento de planos y alzados, “no solo para que no aumente el coste, sino para que no suponga una vulneración al derecho de privacidad, la intimidad y la protección de datos porque se está entrando en una casa a hacer un levantamiento pluviométrico y eso se hace público. Al final, se está diciendo públicamente como es la casa por dentro”, explica el responsable municipal de Patrimonio Histórico.

Clara Peña es arquitecta y concejala en la oposición por el Partido Popular. También es miembro de la recién constituida comisión de Patrimonio Histórico del municipio. Reconoce la problemática que supone no haber sacado el catálogo adelante, no sólo para el futuro del casco histórico de la capital, sino también porque supone “un problema grave y es que el Plan General da un año para incorporar el catálogo. Si no se hace, el plan se puede anular porque está incompleto”. Además, insiste en que el borrador del catálogo no tiene validez jurídica alguna.

Los investigadores destacan la importancia de “mantener el legado de la cornisa”

Hasta que no haya un catálogo arquitectónico, el Plan General “lo que dicta es que se puede derribar y construir tres plantas y eso es legal. Por lo tanto, no se le puede quitar al vecino lo que le da el plan”, apunta Clara Peña. A su juicio, el catálogo es “importante no sólo para proteger el patrimonio sino para que el propio propietario no vea que tiene unas expectativas que luego no se van a poder cumplir. Puede creerse que lo que dice el Plan General es lo que va a poder hacer”.

La concejala popular lamenta que no se haya permitido a la oposición ver el borrador del catálogo, ni se haya informado del número de edificios que el documento propone proteger. Tampoco tienen noticia de si existe alguna solicitud de derribo en Urbanismo, a pesar de haberlo pedido en varias ocasiones. No se extraña: “Es una tónica habitual que pidamos y no se nos conteste. Además, pensamos que mientras se esté viendo por detrás qué cosas se protegen y cuáles no, no nos lo van a enseñar”.

“Se supone que ya deberíamos haber tenido el catálogo hecho en 2018, se encargó en 2019 y entonces ya se tenía que haber previsto que esos planes hacían falta”, insiste la arquitecta. También se pregunta cómo se hizo ese contrato para que ahora la empresa “reclame un aumento de honorarios que no estaban incluidos”.

El concejal Eduardo Tarquis defiende que las condiciones técnicas del pliego se redactaron “antes de aprobarse la ley y lo que se puso en el pliego es que se está redactando una nueva Ley de Patrimonio Histórico y las futuras adaptaciones corren por cuenta de quien tiene el contrato, pero, cuando hicieron números para la adaptación a la nueva Ley del levantamiento de planos y alzada salieron unos 30.000 euros así que legalmente es imposible asumir un sobrecoste de más del 50 por ciento”.

El responsable de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de la capital señala que el borrador contempla más de 3.000 fichas de edificaciones a las que se debe proteger en todo el municipio. No sólo viviendas sino también otros elementos del patrimonio arquitectónico de Puerto del Rosario.

En agosto de 2018, Puerto de Cabras decía adiós a un trozo de su historia. La antigua pensión Zamora, en la calle Eustaquio Gopar, acababa bajo la piqueta con licencia de derribo por parte de Urbanismo del Ayuntamiento y con un informe en contra de Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura que aconsejaba su conservación y catalogación porque suponía “un edificio singular, reflejo de la antigua trama urbana de Puerto del Rosario y testigo de la tipología arquitectónica que presentaba la ciudad”.

El Ayuntamiento hizo oídos sordos y permitió el derribo. La intención era construir un hotel en el solar. En aquel momento, el entonces consejero insular de Patrimonio Histórico y hoy alcalde de la capital, Juan Jiménez, pidió al Ayuntamiento de Puerto del Rosario “sensibilidad y responsabilidad” con el patrimonio histórico municipal.

En octubre de 2019, Diario de Fuerteventura informaba del derribo de la fachada del antiguo cuartel de la Guardia Civil, una edificación del siglo XIX, ubicada en la calle García Hernández, que sirvió como casa cuartel a la Benemérita hasta principios de los años sesenta del pasado siglo. El Ayuntamiento se enteró por el periódico y aseguró que se tomarían medidas legales. El concejal de Urbanismo asegura que, en ese momento, se hizo un parte policial y se envió a Urbanismo, que es quien “tramita la denuncia”. Entonces, se aseguró que la vivienda estaba recogida en el borrador del catálogo municipal.

Clara Peña explica que la edificación era “un peligro para la calle porque estaba el muro sin apuntalar por detrás. El Ayuntamiento tenía que haber exigido a la propiedad que apuntalara la fachada. El propio Consistorio fue negligente al no exigir a la propiedad que cuidara la seguridad de esa edificación en ruina”.

Propuesta de BIC

El profesor y doctor en Historia Carmelo Torres presentó en marzo de 2018 una propuesta para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) un conjunto de edificaciones del antiguo Puerto de Cabras. En un principio, propuso 75 viviendas, aunque luego amplió la solicitud hasta 131, abriéndola a los hornos de cal, el antiguo cementerio y el depósito de agua de La Charca, entre otros.

Carmelo Torres plantea recuperar la idea de un Plan Especial de Protección (PEP) de determinados inmuebles

Su idea contó con el respaldo de la sociedad majorera y de formaciones como Podemos, en aquel momento con tres consejeros sentados en las sillas de la oposición en el Cabildo, y también el malestar de algunos propietarios. Sin embargo, su propuesta tuvo poco recorrido.

Dos años después, el historiador asegura que “el casco histórico sigue en el limbo, totalmente desprotegido. Los intereses han continuado con la venta de determinadas propiedades porque, al final, el centro es muy jugoso de cara a la especulación”. Por ello, reclama la existencia de “unas medidas preventivas mientras se elabora el catálogo y evitar que se sigan tirando inmuebles”.

Asegura que el cambio de legislación con la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Canarias “complejiza todo un poco más”. A su juicio, hubiera sido “mucho más sencillo y ágil iniciar la propuesta del BIC. El propio Ayuntamiento podía haberlo alzado y planteado al Gobierno de Canarias, previo paso por el Cabildo. Deberían haber pensado que lo del catálogo es muy complicado” y optar entonces por “hacerlo como conjunto histórico en la categoría de BIC y así se salvaría”.

En su intento por salvar el casco de la capital, Torres presentó la documentación del BIC en la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias: “Pero hubo un cambio político y tras preguntar por el tema me dicen desde la Dirección que no tienen constancia de ese documento y que no está en Gran Canaria, que fue donde yo lo registré. Al final, esa documentación está perdida”, asegura.

El historiador también teme que la obligación de hacer perfiles y alzados de cada vivienda promueva que “no se proteja tanto. Si hay que hacer muchos perfiles y alzados y cuesta contratar a un profesional específico qué duda cabe de en vez de proteger 200 viviendas se protejan muchísimas menos, simplemente por reducir el trabajo”. Torres plantea recuperar la idea de un Plan Especial de Protección (PEP) de determinados inmuebles y alerta de que el nuevo Plan General “abrió las expectativas especuladoras y la posibilidad de derribar edificios antiguos para construir obra nueva”. También recuerda el proyecto que hay sobre la mesa para derribar las viviendas de la cornisa y levantar edificaciones de varias plantas.

El investigador destaca la importancia de “mantener el legado de la cornisa”. Sería “una pérdida lamentable, algo que dejaron nuestros antepasados y que han resaltado profesores universitarios vinculados al mundo del patrimonio, por estar formado por unas casas que se asemejan a La Alpujarra, colgadas en el aire donde antes fue la orilla de la costa”, destaca. “Sería derribar un símbolo del viejo Puerto de Cabras para construir edificios para cuatro potentados”.

Algo “injustificable”, después del avance que ha experimentado la sociedad: “Esta tiene que ser más culta y madura para entender el patrimonio”, sentencia.