La emergencia habitacional copa titulares de prensa y se abre paso en la agenda política. En el Parlamento de Canarias se ha abierto una comisión sobre el “reto demográfico” y el “equilibrio poblacional” en las Islas y se pone como ejemplo destacado a Fuerteventura, donde los residentes se han multiplicado casi por tres desde los años 90.

Mientras la población de las islas orientales continúa in crescendo, el territorio es limitado. Y a pesar del impulso de la construcción de nuevas edificaciones tras la crisis del Covid, son principalmente los clientes europeos, en busca de una segunda residencia, los que pueden hacer frente al coste de esas viviendas.

De manera sintética lo explicaba el propietario de Real Inmobiliaria Jandía, Fabio Autore, a Diario de Fuerteventura: “Compran extranjeros a un precio bastante elevado y su objetivo no es destinar las viviendas a un alquiler de larga duración, sino convertirlas en vacacionales”. En zonas turísticas, el 95 por ciento de las compraventas terminan en el mercado vacacional.

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La combinación de salarios precarios y precios de vivienda desorbitados han puesto en jaque el mercado del alquiler y compraventa para la población residente, la misma que viene a cubrir los puestos de trabajo de los servicios requeridos para esos nuevos propietarios foráneos con mayor poder adquisitivo, como los extranjeros procedentes del norte de Europa, a la búsqueda del clima cálido y menores tasas impositivas de Canarias.

En el otro Archipiélago, Baleares, ya se ha alzado la voz de alarma ante la escasez de viviendas para la población residente y se ha puesto sobre la mesa una propuesta para limitar la compra de inmuebles a los clientes foráneos, solicitando un mínimo de cinco años de residencia en las Islas para la adquisición.

La propuesta llega en un momento en el que en el Archipiélago balear “la venta de viviendas a extranjeros se ha disparado más de un 50 por ciento”. Otros titulares reflejan, rozando incluso la turismofobia, la situación del mercado inmobiliario en esta zona turística que, al contrario de Canarias, cuenta con marcado carácter estacional, son los siguientes: “Los extranjeros han comprado más de 15.000 casas en las Baleares los últimos cinco años” o “una de cada dos viviendas en Baleares la compra un ciudadano extranjero”.

¿Es viable aplicar en Canarias fórmulas como la planteada en Baleares para que los residentes y trabajadores tengan más posibilidades de acceder a una vivienda? Póngase de ejemplo la comparativa entre Lanzarote y Menorca, islas hermanadas. Ambas, a punto de cumplir los 30 años como Reservas de la Biosfera. En la segunda, con una densidad de población menor (137 habitantes por kilómetro cuadrado de la insular balear frente a los 161 de Lanzarote), la preocupación ante la carencia de vivienda comienza a vislumbrarse como un tema prioritario a escala social y política.

Menorca cuenta ya con grandes avances, como una Ley de Reserva de la Biosfera, que permitirá limitar la capacidad de carga poniendo un límite a vehículos y cruceros. En la isla menorquina se ve con buenos ojos la propuesta de limitar la compra de vivienda, al tiempo que se está propiciando un incremento de la vivienda social por parte de la administración.

La Consejería balear de Modelo Económico, Turismo y Trabajo apuesta por llevar a cabo un “debate profundo” sobre cómo limitar la compra de viviendas en las Islas a los no residentes o a las personas que llevan menos de cinco años viviendo en el Archipiélago: “Balears no puede ser un parque temático donde no quepa la gente de nuestras islas”, decía recientemente el conseller responsable del área, Iago Negueruela.

A finales de octubre, el Parlament balear aprobaba una iniciativa de los regionalistas de El Pi-Proposta per les Illes (que engloba a varias formaciones de ámbito regional, de ideología similar a Coalición Canaria) en la que se instaba al Ejecutivo regional a “frenar la presión humana y la saturación que viven las Islas”, y en la que se aludía también a esa limitación en la compra de casas.

En Baleares, los no residentes, más del 97 por ciento extranjeros, y solo un 2,4 por ciento de españoles, compraron en el segundo trimestre de este año el 27,91 por ciento de las viviendas que se vendieron, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En Fuerteventura hay 35.817 personas extranjeras inscritas en el censo, de una población de 119.662 personas, lo que representa casi el 30% de la población

Bajo esa premisa, el Govern tira adelante con su plan de limitar la compraventa a personas que no residan en las Islas un mínimo de cinco años antes de la adquisición. De hecho, la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, acaba de asegurar que el Ejecutivo ya está “trabajando” en la posibilidad de limitar la compra de viviendas a los no residentes para garantizar su adquisición por parte de los ciudadanos del Archipiélago. La presidenta confía en que la próxima presidencia de la Unión Europea (UE) por parte de España abra el camino para analizar la singularidad propia de Baleares como archipiélago y que haga posible esta iniciativa.

En la Cámara Alta, el senador por Baleares, Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, fue más allá y solicitó limitar la venta de viviendas a no residentes. Vidal reclamaba al Estado un estatus insular diferenciado en el marco de la Unión Europea para Baleares, a fin de proceder a la regulación de la venta a no residentes.

De prosperar esta medida, trabajadores de la administración, docentes o profesionales sanitarios desplazados por motivos laborales a las Islas tampoco tendrían acceso a la compra de una casa, destacan los críticos.

En Fuerteventura hay 35.817 personas extranjeras inscritas en el censo, de una población de 119.662 personas, lo que representa casi el 30 por ciento de la población. Ahí no están contabilizados ciudadanos foráneos que realmente residen o pasan temporadas en la Maxorata pero no están censados. El debate que se ha abierto en Baleares no tardará en llegar aquí.