Votemos Fuerteventura considera que la labor del departamento de Personal del Ayuntamiento de La Oliva también deberá ser investigada a raíz del ‘caso Bachiller’, “puesto que las Leyes y Reglamentos obligan a la Administración a asegurarse de que sus trabajadores acrediten la titulación que dicen poseer”.

Según recuerda Votemos, la fiscal, María Teresa Espino Sosa, ha emitido un oficio por el que acuerda remitir al Juzgado Decano de Puerto del Rosario las diligencias abiertas respecto a la posible comisión de un delito de prevaricación por parte de Domingo González Arroyo, su compañera sentimental y sobrina del político Dimas Martín, Ana Martín Brito, el concejal de Infraestructuras de La Oliva, Rafael Benítez Arroyo y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Corralejo, Juan Francisco González.

Votemos piensa personarse como acusación popular en dichas diligencias previas puesto que nuestros servicios jurídicos creen importante que se “investigue también si se han cometido un presunto delito de malversación de caudales públicos, puesto que aunque hicieron su trabajo cobraron más de lo debido, causando un daño al erario municipal y un presunto delito de Tráfico de Influencias, al ser Ana Martín compañera sentimental del exalcalde y los otros dos investigados ocupar los números 6 y 7 de las listas electorales del Partido Progresista Majorero en 2015”.

A su vez, consideran que “la firma de un contrato con datos falsos, podría indicar la posible comisión de un delito de Falsedad Documental”.

Según la denuncia presentada por Álvaro de Astica el 3 de julio de 2018 “los investigados presuntamente simularon tener el Bachiller para ganar unos 400 euros más al mes como cargos de confianza en 2015”. Fueron contratados con la categoría C 1, pero según el decreto de Fiscalía, “no consta que se hallasen en posesión de la titulación de bachiller o equivalente exigidos". Además de la aparente falta de titulación, la Fiscal refiere en su decreto que aunque Domingo González cesó como alcalde el 24 de noviembre de 2015, los tres investigados continuaron cobrando su sueldo hasta el 7 de enero.

Además del departamento de Personal, Votemos considera que “la búsqueda de responsabilidades” debe extenderse. “Tanto el alcalde Isaí Blanco, como el exalcalde Pedro Amador, fueron varias veces advertidos de esta situación, sin que ninguno de los dos acometiera su obligación de investigarlo y denunciarlo aparentemente, a nuestro parecer, "omitiendo el deber de perseguir delitos que les corresponde como garantes del erario municipal, del dinero de los vecinos y vecinas de La Oliva y de la legalidad en las actuaciones de la Administración municipal.

Asimismo, Votemos señala que se ha cursado denuncia en el Tribunal de Cuentas para “intentar recuperar el dinero, según nosotros entendemos, cobrado ilegalmente por los tres investigados (más intereses)”.