El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno autonómico y consejero de Hacienda, ha advertido de que emplearán toda su "fuerza", en el Gobierno, Parlamento y resto de las instituciones de Fuerteventura y Canarias para que el proyecto de Dreamland Studios se haga en una ubicación "alternativa".

El líder de los canaristas progresistas ha considerado en un comunicado que la "inaceptable" aprobación de la declaración de interés insular de un proyecto, donde el 80 por ciento de los ingresos en el plan de negocio procede de la restauración, una zona comercial e infraestructuras de ocio, es posible gracias al "coladero" de la Ley del Suelo que aprobó el Ejecutivo de Fernando Clavijo (CC) y que NC rechazó con una enmienda a la totalidad.

Rodríguez ha hecho hincapié en que es una decisión que “pone en riesgo el territorio” y los recursos naturales de la zona protegida de las Dunas de Corralejo y la isla de Lobos para favorecer los intereses privados de una “minoría” y “en contra de los intereses generales de las majoreras, los majoreros, los canarios y del patrimonio mundial”.

Desde Nueva Canarias, según su presidente, no se va a "apoyar la ubicación del citado proyecto en una zona sensible, desde el punto de vista ambiental".

Asimismo, ha recordado que la reclasificación de suelo rústico, en una superficie de 160.000 metros cuadrados, para una supuesta ciudad dedicada a la creación cinematográfica y al ocio turístico es una decisión contraria a los intereses generales, pues no se justifica y su ubicación es "inaceptable".

Los canaristas progresistas "utilizaremos toda nuestra fuerza" en la estructura gubernamental, a través de la Vicepresidencia y la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos responsabilidad de Román Rodríguez, ha indicado.

El grupo canarias en el Parlamento, el resto de las instituciones públicas de Fuerteventura con el alcalde de Antigua y presidente insular de NC, Matías Peña, a la cabeza, va a tratar de "impedir" que el citado proyecto salga adelante junto a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Dunas de Corralejo e Islas de Lobos, la Zona Especial de Conservación (ZEC) Corralejo y el Parque Natural de las Dunas.

Tras las elecciones del próximo mes de mayo, Román Rodríguez ha asegurado que Nueva Canarias decidirá las mayorías de muchas instituciones con la condición de poner la gestión de los recursos públicos al "servicio del bien común, sin sacrificar el interés general en favor de los particulares, de una minoría".

Dreamland, en realidad, es un parque "temático", ha declarado Rodríguez, al tiempo que ha recordado que el 80 por ciento de sus ingresos no son del cine sino de los restaurantes y del ocio.

Un proyecto de estas características, en sí mismo, no es motivo para el rechazo en NC, ha apuntado Rodríguez, pero, Fuerteventura es una isla grande, con suficiente suelo calificado como para buscar una ubicación alternativa, ha agregado.

Además, ha denunciado que la "irresponsable" decisión de la mayoría "pírrica" del Cabildo pone en evidencia la Ley del Suelo de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias del Gobierno de Clavijo de la pasada legislatura.

Una norma, tal y como citó, que permite a los cabildos y al Gobierno canario aprobar proyectos de interés insular o canario y a usar un mecanismo excepcional de reclasificación del suelo rústico para actividades ajenas.

El responsable de los canaristas progresistas, ha recordado que, en su momento, advirtieron que "se podían colar" iniciativas en las que los "intereses particulares se imponen a los generales, y no puede ser".

En su condición del portavoz del grupo parlamentario en la pasada legislatura, citó la enmienda a la totalidad de NC a esta ley del suelo con el fin de evitar que el futuro de las islas se pusiera en peligro al sacrificar el territorio y los recursos naturales por el interés de unas minorías empresariales "depredadoras".

Comprar suelo por 80.000 euros y obtener una revalorización que puede ser superior a los 500 millones de euros, para Román Rodríguez, es promover, desde la administración pública, el negocio en suelo rústico cuando esta vía es, según el artículo 123 de la norma del suelo, para atender necesidades sobrevenidas o actuaciones urgentes.