Los órganos de representación de los trabajadores del Cabildo Insular de Fuerteventura han presentado este jueves un escrito ante la Secretaría de Estado de Función Pública solicitando la derogación del Real Decreto-Ley 8/2010, en lo que respecta a la reducción de las pagas extraordinarias del personal del sector público.

La petición, firmada por la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Cabildo, se formula mediante el derecho fundamental de petición recogido en el artículo 29 de la Constitución Española, y se fundamenta en que “la causa excepcional que justificó en su momento esta medida ha desaparecido”, según recoge la nota de prensa emitida por dichos órganos.

Según los representantes sindicales, han pasado 15 años desde la entrada en vigor del citado decreto, aprobado en el contexto de la crisis económica de 2010, y la reducción en las pagas extraordinarias continúa aplicándose pese a que, a su juicio, no existe ya una situación de emergencia económica. Alegan que, desde entonces, “se han recortado 31 pagas extraordinarias” y citan el artículo 22.4 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que estas deben abonarse “por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias”.

La solicitud sostiene que el Real Decreto-Ley ha devenido en una norma estructural sin que persista la situación de necesidad que motivó su aprobación. En este sentido, afirman que “una norma que está vacía de contenido, que está muerta, debe derogarse por haberse extinguido su objetivo”, en referencia a pronunciamientos previos del Tribunal Constitucional sobre la vigencia de medidas excepcionales.

Entre los colectivos afectados por este recorte, los representantes del Cabildo citan al personal docente, sanitario, universitario, de la administración estatal, autonómica y local, así como a las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional, y personal judicial y fiscal, entre otros. En total, según datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la medida afecta a más de tres millones de empleados públicos en España.

La plantilla del Cabildo de Fuerteventura ha presentado anteriormente escritos con el mismo propósito en los años 2019, 2022, 2023, 2024 y 2025. La respuesta de la Administración Estatal ha sido, según afirman, que “la negociación colectiva no ha abordado esta cuestión”, por lo que no se ha incorporado a las normativas retributivas.

En su comunicado, los representantes del personal insisten en que la reciente firma del acuerdo marco 2025-2028 en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas no ha incluido esta reclamación, lo que motiva la nueva acción presentada.

La nota también hace referencia a pronunciamientos judiciales, como la sentencia de 7 de noviembre de 2025 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que considera que la reducción sigue vigente al no haberse modificado el artículo 1 del Real Decreto-Ley 8/2010.

Por todo ello, los órganos de representación del Cabildo solicitan una respuesta “expresa, motivada y material”, dentro de los plazos legalmente establecidos, y que se emita un informe o resolución oficial vinculante que declare “la pérdida de eficacia jurídica” de las medidas excepcionales adoptadas en 2010.