Los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno del Cabildo de Fuerteventura desde que se quedaron en solitario Sergio Lloret y Juan Nicolás Cabrera son nulos de pleno derecho. Así lo deja claro el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que se ha dirigido de forma oficial a la Corporación insular para que los anule “en el plazo de un mes”.

En el requerimiento, al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, se resalta que “la constitución, celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos del Consejo de Gobierno insular requiere” de “un mínimo de tres integrantes”.

Por ello, las sesiones del Consejo de Gobierno celebradas desde el 30 de diciembre, solo con Lloret y Cabrera en el órgano, no son válidas y los acuerdos “adoptados sólo por dos personas” lo han sido “con infracción del ordenamiento jurídico, sin someterse a las normas legalmente aplicables”, así como al propio reglamento orgánico del Cabildo de Fuerteventura, “incurriendo en nulidad de pleno derecho” y en “inseguridad jurídica”.

El pasado 13 de diciembre, Lloret destituyó a los consejeros de Coalición Canaria, el grupo mayoritario en el equipo de gobierno, y se quedó en minoría. El 22 de diciembre, los consejeros del Partido Popular abandonaron de forma voluntaria el grupo de gobierno, con críticas hacia la actitud de Lloret, por dinamitar la alianza que le había llevado en 2021 a la presidencia del Cabildo.

Desde entonces, el grupo de gobierno está compuesto solo por Sergio Lloret y Juan Nicolás Cabrera, dos de los 23 consejeros que forman la Corporación insular. En el requerimiento firmado por el delegado del Gobierno en Canarias el martes de la semana pasada “no se comparte la inexistencia de norma que fije un quórum mínimo” de miembros para el Consejo de Gobierno, que es la tesis sostenida por el equipo de Lloret.

El reglamento orgánico del Cabildo de Fuerteventura “contiene un claro mandato de mínimo necesario” de miembros y denota “necesariamente, al menos, un tercer integrante del órgano colegiado”, al margen del presidente y el secretario.

En la misma línea, se citan disposiciones de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que “coinciden en exigir un número mínimo de tres miembros para la válida constitución” del Consejo de Gobierno “en segunda convocatoria”.

“Incongruente” e “ilógico”

También se destaca que el criterio tradicional en legislación y jurisprudencia “por una cuestión práctica” es que “las exigencias en cuanto a quórum de las segundas convocatorias son menores que en las primeras convocatorias”. Por ello, “resulta incongruente, ilógico y contrario a la finalidad y espíritu” de las normas indicadas “pretender que el quórum inicial sea menor al exigido expresamente por la normativa para facilitar la constitución del órgano en segunda convocatoria”.

Además, “no resulta posible que la Corporación insular deje de aplicar, de forma voluntaria y unilateral, su propio reglamento orgánico, dado que, por un lado, se trata de una norma jurídica, publicada y en vigor, a cuyo cumplimiento está sometida la Administración”, y, por otra parte, “se trata de una norma aprobada por el pleno insular”, por lo que cualquier modificación le correspondería al propio pleno y no cabe “una decisión de otro órgano del propio Cabildo insular”.

La Delegación del Gobierno en Canarias concluye que los acuerdos adoptados en Consejo de Gobierno que resultan afectados son los del 28 de diciembre, ya con Lloret y Cabrera en solitario, hasta la actualidad. En concreto, se cita una sesión del 30 de diciembre, otra del 12 de enero y una más del 27 de enero, aunque se entiende que si se celebraron más sesiones hasta ahora también incurrirían en los mismos motivos de nulidad.