Según Coalición Canaria, "la alcaldesa de La Oliva aprobó en mayo un decreto autorizando los patinetes eléctricos en Corralejo, sin contar con una ordenanza que regule la actividad, lo que ha ocasionado una situación de descontrol e inseguridad que incluso han rechazado las asociaciones que defienden las mejoras de accesibilidad, como es el caso de Adivia Fuerteventura".

Coalición Canaria La Oliva, que "defendió desde el gobierno en el Ayuntamiento, y ahora también desde la oposición, la movilidad sostenible en el municipio, lamenta que la improvisación y desorganización de la alcaldesa haya provocado que una actividad que debería ser positiva y ejemplar, haya provocado un caos como el que estamos viviendo cada día en Corralejo".

Al no haber una ordenanza municipal, ni los usuarios de los patinetes, ni los viandantes, "saben si pueden circular por la acera, por los carriles bici o por la calzada. Son incontables los vecinos y vecinas que se han quejado de la excesiva velocidad de estos vehículos, y del peligro que suponen si no se usan correctamente. El problema es que ni siquiera la Policía Local puede sancionar a los usuarios irresponsables, precisamente por no haber una ordenanza que establezca las sanciones".

El Ayuntamiento de La Oliva aprobó un gasto de 3.000 euros para los estudios previos de esta necesaria ordenanza, y en respuesta a una pregunta en pleno de Coalición Canaria La Oliva, la contestación de la concejala de Accesibilidad fue "que la alcaldesa autorizó esta actividad por decreto".

Es decir, "comprobamos una vez más la descoordinación de la alcaldesa con sus socios de gobierno, cuando la concejala del área afirma que es necesaria una regulación profunda de la actividad, mientras la alcaldesa decide por su cuenta a base de decretos. Sin duda, es positivo iniciar los trámites de esta regulación, pero es obvio que llegará tarde, puesto que va a tardar muchos meses en aprobarse".

Mientras tanto, el decreto que aprobó la alcaldesa a principios de mayo, concediendo temporalmente autorizaciones "en precario, ya ha cumplido el plazo inicial de tres meses".

Coalición Canaria "se pregunta si la alcaldesa, que está más de vacaciones que atendiendo los numerosos problemas del municipio, tiene previsto renovar estas autorizaciones una vez se ha cumplido el plazo para su caducidad, con el consiguiente peligro e inseguridad que genera esta situación".