Blas Acosta abandona el Cabildo de Fuerteventura del que fue presidente durante menos de dos años y del que entregó el bastón de mando el pasado 25 de febrero, convirtiéndose en el primer presidente que renuncia de forma voluntaria a esa responsabilidad pública.

Este viernes está previsto que se dé cuenta en el pleno de su dimisión y renuncia al acta de consejero de la Corporación insular. Aunque Acosta firmó su renuncia el miércoles de la semana pasada a las 10.10 horas de la mañana, el documento, al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, no había trascendido. Tampoco el PSOE había informado de la dimisión.

En una escueta nota dirigida al presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, designado por CC, PP y AMF el pasado 11 de marzo, Blas Acosta solicita que sea tramitada su renuncia como consejero y que se proceda a los “trámites necesarios” para que sea efectiva, además de sustituirle de “todos los nombramientos que lleva aparejado el cargo”.

Su renuncia al cargo de consejero del Cabildo majorero se ha planteado como una condición indispensable, por razones de incompatibilidad, para acceder a un puesto en el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres, pese a los siete años y tres meses de cárcel que solicita la Fiscalía para Acosta en dos casos de corrupción: Gesturpa y La Pared.

El mismo día (17 de marzo) que Blas Acosta firmó su dimisión como consejero del Cabildo de Fuerteventura, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número seis de Puerto del Rosario envió “al Juzgado de lo Penal que por turno corresponda” el sumario del caso Gesturpa, para que se celebre el juicio por los presuntos delitos cometidos por el también exconcejal de Pájara en la empresa pública.

En la misma diligencia en la que el Juzgado que instruyó el caso Gesturpa envía el procedimiento al Juzgado de lo Penal para que celebre la vista oral contra Blas Acosta, a quien la Fiscalía pide cuatro años y tres meses de cárcel por administración desleal e insolvencia punible en la empresa municipal, también se da cuenta del “escrito de defensa” presentado por la procuradora del líder del PSOE majorero.

En una resolución previa, el auto de apertura de juicio oral, desvelado este lunes por Diario de Fuerteventura, el Juzgado número seis de Puerto del Rosario había dado plazo a la abogada de Blas Acosta para que presentara su escrito de defensa. El auto es del pasado 2 de febrero, pero ni se había informado acerca del mismo ni Acosta ni el PSOE se habían referido a esa resolución judicial en ningún momento.

“No cabe recurso” contra la apertura de juicio oral

En el citado auto de apertura de juicio oral, contra el que “no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado”, la jueza instructora deja claro que “los hechos” objeto del procedimiento “revisten las característica de delito” y que las actuaciones “ofrecen méritos suficientes para exigir responsabilidad” en el ámbito penal.

Mientras el Juzgado que ha instruido el caso Gesturpa ha declarado abierto el juicio oral y Blas Acosta ha presentado su escrito de defensa, el presidente del Gobierno canario y secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha defendido la incorporación del expresidente del Cabildo majorero al puesto de viceconsejero de Economía.

Torres anunció el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la sustitución de la viceconsejera Almudena Estévez, quien dijo que las formas no habían sido “las correctas”, por Blas Acosta. Cuando el presidente del Gobierno hizo el anuncio, después de que Acosta hubiese renunciado a disputar a Santiago Pérez el puesto de senador por la comunidad autónoma, su viceconsejera no sabía que se había decidido su destitución.

El presidente del Gobierno ha defendido de forma reiterada la designación de Acosta. Una de las últimas ocasiones fue en una entrevista con periódicos de Prensa Ibérica, en la que destacó de Blas Acosta que tiene “conocimientos económicos” y “habla varios idiomas”. Acosta se enfrenta a una acusación de delitos en la gestión de una empresa pública que tuvo que ir a liquidación.

El código ético del PSOE, aprobado en noviembre de 2014, establece que “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria”. Además, “en caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”.