SOCIEDAD

“La accesibilidad no es un privilegio, es un derecho”

Aumenta la población majorera con movilidad reducida que se enfrenta a limitaciones como la carencia de transporte público adaptado o aceras abarrotadas

Foto: Carlos de Saá.
María José Lahora 0 COMENTARIOS 14/09/2018 - 08:24

José Gómez, presidente de Adivia, la asociación de discapacitados visuales, auditivos y físicos, y miembro del Consejo de Accesibilidad de Fuerteventura perdió la vista por una diabetes. Como invidente sufre en primera persona las dificultades para desplazarse entre las calles de las distintas localidades de la Isla por la escasa presencia de transporte público adaptado. Explica que las personas con problemas de vista se guían por las texturas en el piso para saber hacia dónde deben dirigirse cuando llegan a su destino.

“En todas las estaciones de guaguas, tras la Ley de Accesibilidad de 2017, deben habilitarse unos pavimentos específicos cuya textura a través del tacto del bastón debería permitir desplazarse por la estación o dirigirse hacia las distintas guaguas. Eso nos permite una total autonomía a las personas ciegas”, señala. En la estación de guaguas de Puerto del Rosario este pavimento no existe: “Y tengo que pedir ayuda si necesito coger un taxi, llegar a un paso de peatones o coger cualquier otro camino, porque no hay guías”.

A esto se suma la odisea a la que se enfrentan para poder llegar al centro de la ciudad. “Es totalmente imposible para una persona ciega”, enfatiza José. Postes, obras sin terminar o la ocupación de la vía pública constituyen un sinfín de despropósitos que impiden a las personas con discapacidad visual que puedan orientarse en la ciudad.

José ha llegado a la estación de guaguas acompañado de su bastón, pero sin la ayuda de Enrique de Luis le hubiera sido muy difícil haber conversado con Diario de Fuerteventura. Enrique es coordinador de voluntarios de la asociación, una inestimable ayuda con la que sus miembros pueden gozar de una mejor calidad de vida. Pero ellos luchan por una autonomía plena.

En el caso de las personas en silla de ruedas, el drama del desplazamiento se repite. Guaguas sin rampas, con mal funcionamiento o incluso la necesidad de solicitarla hasta con 48 horas de antelación, son algunos ejemplos de la frustración a la que se enfrentan las personas con movilidad reducida en Fuerteventura.

Al respecto, José comenta el caso de un miembro de la asociación que cuando fue a coger una guagua adaptada en Puerto del Rosario con dirección a Corralejo “le comentaron que sólo había dos horarios al día para el transporte accesible, uno a las doce del mediodía y otro a las siete de la tarde”. “Cuando consigue una de estas guaguas adaptadas, al fin, la rampa no funcionaba. Además, en el vehículo debe habilitarse un espacio físico para anclar la silla de ruedas. Pues bien, a esta persona la tuvieron que subir dos personas y sentarla. Eso pasa a día de hoy, en pleno año 2018”, denuncia.

La empresa Tiadhe, concesionaria del transporte interurbano en Fuerteventura cuenta además con dos millones de euros de subvención para llevar a cabo esta adaptación en sus vehículos, sin que los usuarios de los mismos hayan disfrutado hasta el momento de adaptación alguna en este sentido, explica José Gómez.

Además, el presidente de Adivia subraya que en la red insular de carreteras hay paradas establecidas, como la de Vallebrón, que no frecuenta ningún transporte público. Esto, unido a que las guaguas no son accesibles, limita a las personas con movilidad reducida, para las que tampoco se han habilitado espacios físicos para poder ir acomodados en un asiento idóneo. En su caso, por ejemplo, la única manera para saber en qué parada debe bajar es sentarse junto al conductor.

El presidente de Adivia también lamenta que no exista un sistema de información con pantalla visual y auditiva en los vehículos de transporte público que les permita conocer las paradas por las que transitan. Más obstáculos para las personas con capacidad auditiva: “Esta Isla tiene un volumen importante de personas con discapacidad auditiva y, sin embargo, no tienen un intérprete de lenguaje de signos en ninguna institución pública, ya sea en el centro de salud o en departamentos de cuerpos de seguridad”. Las personas se encuentran desvalidas ante una enfermedad o si son víctimas de un acto delictivo. “Están siendo excluidas”, recalca José Gómez.

Desde Adivia comprenden que la adaptación no se va a llevar a cabo de “hoy para mañana”, pero deben darse los primeros pasos para iniciar el proceso y “no se están dando”, cuando desde el año 2010 entró en vigor la Ley canaria de Accesibilidad.

José Gómez lleva desde 2015 remitiendo escritos al Cabildo de Fuerteventura para que acometa las mejoras descritas. Las autoridades se escudan en que el servicio no está siendo demandado. “¿Pero cómo va a ser demandado si los usuarios saben que no tienen posibilidad de viajar en guagua?”, se pregunta. Recientemente, el colectivo se ha entrevistado con el Diputado del Común, Rafael Yanes, al que le han expuesto las deficiencias que en materia de accesibilidad presenta la Isla.

Pone más ejemplos de las limitaciones a las que se enfrentan las personas con diversidad funcional, como la renovada avenida de Nuestra Señora del Carmen, en pleno centro de Corralejo. “Las terrazas y el carril-bici impiden que las personas ciegas nos orientemos, necesitamos de alguien que nos ayude a salir de casa y transitar por una de las arterias principales de la localidad”. El Diputado del Común ha instado al Ayuntamiento de La Oliva a que subsane estas deficiencias y, de lo contrario, tendrán que acudir a la Fiscalía de Movilidad, “porque está condicionando la vida de las personas. Es un derecho que tenemos y los derechos no se negocian”.


Foto: Carlos de Saá.

Pequeños pasos

Las quejas han llegado al Diputado del Común. Obstáculos en las calles o falta de personal cualificado en las instituciones, entre las principales carencias

Al respecto, desde el Consistorio ya han expresado a Yanes que el tema de la accesibilidad “es prioritario”. Así, la concejal de Accesibilidad, Evelin Gómez, indica que, “además de hacer que todas las nuevas obras sean accesibles, con rampas, carriles bici” y “pavimentos señalizadores”, están actuando en aquellas zonas que solicitan los vecinos, “como es el caso de un tramo de la zona peatonal de Nuestra Señora del Carmen en Corralejo, incluyendo un nuevo pavimento con elementos señalizadores para personas ciegas”.

El Consistorio anuncia un presupuesto de 40.000 euros para esta obra, que está en trámite de adjudicarse. También anuncia que va a comenzar “un nuevo acceso peatonal al Muellito de El Cotillo y tres mejoras de accesos al mar desde Nuestra Señora del Carmen a las playas de Corralejo, que suman más de 300.000 euros” entre las cuatro intervenciones. Además, se ha comprometido a destinar 70.000 euros para adquirir un kilómetro de plataformas de playas, “para hacerlas accesibles”. Son pequeños pasos, pero las deficiencias en la Isla siguen siendo enormes.


Foto: Manolo de la Hoz.

Adivia pide ordenanzas adaptadas a la Ley

En materia municipal, Adivia solicita al Diputado del Común a que inste a los ayuntamientos de Fuerteventura a que cuenten con una ordenanza de accesibilidad actualizada a la Ley, que regule la ocupación de la vía pública para que no haya letreros, ni mesas pegadas a la pared, así como otras muchas medidas que permitan mejorar las aceras, pasos de peatones o aparcamientos.

También solicitan la creación de la figura del concejal de Accesibilidad en todos los consistorios, que supervise que este tipo de medidas se ejecuten con agilidad, así como un Consejo Municipal de Accesibilidad, en el que participen los empresarios turísticos, técnicos de urbanismo y los representantes del equipo de gobierno municipal y la oposición.

El objetivo es que se convierta en un organismo que vele para que “no se haga una obra pública más sin una ficha que contemple todos los parámetros de accesibilidad, que todas las obras tengan, en definitiva, un plan de accesibilidad”. Para ello, José Gómez recuerda que los ayuntamientos cuenta con distintos recursos y subvenciones como el Plan Dusi (Desarrollo Urbano Sostenible Integrado) o el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). Y aunque se están acometiendo mejoras en municipios como Puerto del Rosario con el rebaje de los pasos de peatones, continúa limitándose el paso a las personas con movilidad reducida por la existencia de los postes de telefonía o electricidad en las aceras.

“Las compañías siguen queriendo mantener el peaje de las redes y así, a Puerto del Rosario, le han pedido que por retirar cinco postes le abonen 7.000 euros y eso es insostenible. Deben ser ellos los que cubran el soterramiento del cableado”, destaca el presidente de Adivia.

Asimismo, señala que a través del Consejo debería ponerse en marcha el Plan Insular de Accesibilidad y confía en que la ayuda del Diputado del Común permita poner en marcha todas las acciones que ahora mismo se encuentran paralizadas.

Desde Adivia advierten del incremento de las personas con movilidad reducida de aquí a pocos años con motivo del envejecimiento de la población. Se calcula que en cinco años, el 70 por ciento de la población de la Comunidad Europea tendrá más de 65 años. En Fuerteventura, actualmente cuatro de cada diez personas pertenencen al colectivo de movilidad reducida, que engloba a personas con discapacidad, mayores y niños.

Otro frente abierto es la integración laboral de las personas con diversidad funcional. Quienes primero deberían dar ejemplo son las instituciones públicas. “En Fuerteventura vemos que el Cabildo no cumple los parámetros del dos por ciento de la plantilla con acceso a personas con movilidad reducida”, señala José Gómez.

Pero Adivia es también la voz de la solidaridad y denuncia casos que han llegado al colectivo, como el de personas con diversidad funcional que están siendo dadas de alta en el Hospital y no tienen cobertura social una vez que se encuentran en su domicilio: “Quedan desvalidas porque no tienen quien las atienda”.

“Nuestra asociación se creó en defensa de las personas desfavorecidas y contra los abusos de la administración. No cobramos nada a nuestros afiliados, ni queremos subvenciones públicas”, apostilla. Adivia cuenta en la actualidad con 116 colaboradores, entre afiliados y voluntarios.

Turismo accesible

José Gómez advierte además de la existencia de un importante nicho turístico hacia el que deben empezar a mirar instituciones y empresas. Un turismo, el de las personas con diversidad funcional, con gran poder adquisitivo por el tipo de pensiones de las que disfrutan y que viajan acompañados de su familia, lo que supone un importante segmento al que tener en cuenta por el gasto que realiza.

El presidente de Adivia es optimista y cree que con las pautas adecuadas y a través de los mecanismos de autocontrol que se está poniendo en marcha, en cuatro o cinco años la accesibilidad esté al alcance del mayor porcentaje posible de población. “Nosotros vamos a seguir luchando por ello”. “La accesibilidad no es un privilegio es un derecho”, insiste.

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