El Tribunal Supremo ha dado por concluido el caso Montecarlo. El tribunal ha confirmado la condena a los tres investigados (el exinterventor Carlos Sáenz, el exrecaudador José Vicente Montesinos y el exconcejal Guillermo Morera) y, de paso, ha concluido de manera firme que se malversaron al menos 442.489 euros de impuestos municipales que terminaron en bolsillos ajenos.

Tanto Sáenz como Montesinos tienen que indemnizar, “conjunta y solidariamente”, al Ayuntamiento de La Oliva el citado importe más intereses. La Fiscalía tenía claro que se habrían malversado más fondos municipales, pero en la sentencia se consideró “imposible” de corroborar.

La pata majorera del caso Montecarlo estalló cuando el propio Montesinos denunció que Sáenz cobraba en mordidas “el 50 por ciento de todo lo facturado por sus empresas, en billetes de 50 euros” en efectivo. La investigación reveló el saqueo de dinero público en el Ayuntamiento de La Oliva y también en los ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé, en Lanzarote. ¿El nexo común de las tres instituciones? Carlos Sáenz era su interventor.

En el caso de La Oliva, el pleno municipal externaliza la recaudación de impuestos en noviembre de 1994. El empresario que venía encargándose del servicio comunica al interventor, a finales de 2005, que se va a jubilar. Fue entonces cuando el funcionario y Montesinos se “concertaron” para que la recaudación no saliera a concurso público.

Se creó una nueva empresa (Tributos Oliva SL) e, inicialmente, figuraron “formalmente” como socios el antiguo recaudador, para aparentar que la compañía era suya y conseguir la cesión del contrato de recaudación, y un amigo del interventor, como testaferro.

El Tribunal Supremo acaba de rechazar un incidente para anular la sentencia

Luego la empresa pasó a ser controlada por Montesinos y el propio interventor de La Oliva llegaría a tener participación en la sociedad, pese a ser un funcionario habilitado nacional que llegó a ser el responsable de fiscalizar varias corporaciones locales.

El antiguo recaudador presentó el 30 de diciembre de 2005 un escrito en el Ayuntamiento de La Oliva en el que pedía que el contrato para gestionar los tributos municipales pasara de su empresa real (Gestributos SL) a la nueva sociedad ideada por el entonces interventor del Consistorio.

Es en ese momento cuando entra en juego el que era concejal de Hacienda de La Oliva, Guillermo Morera, que el mismo día que recibe la solicitud también autoriza la subrogación del servicio de recaudación a la nueva empresa.

En la sentencia confirmada por el Supremo se considera probado que Morera se puso “de acuerdo” con Carlos Sáenz y José Vicente Montesinos y que manifestó que no existía ningún inconveniente cuando debía saber que era el pleno y no el concejal “el órgano de contratación competente”.

El entonces edil de Hacienda manifestó que la documentación entregada era válida, pero ni siquiera se llegó a presentar documentación alguna, añade la resolución judicial. Así, el empresario que pagaba ilegalmente al interventor consiguió manejar un servicio público como el de la recaudación de tributos “sin necesidad de concurrir a proceso alguno” de licitación, destaca la sentencia.

Modus operandi

Con el control de la recaudación municipal, comenzó el desfalco. La sentencia detalla que Montesinos empezó a “detraer” dinero de las cantidades que Tributos Oliva cobraba en efectivo cuando los vecinos abonaban los impuestos en metálico por ventanilla, “sin que, en momento alguno, ingresase su importe en las arcas municipales ni llevase a cabo la liquidación prevista”.

El nuevo recaudador se limitaba a presentar, y no todos los meses, facturas con un importe que es el que se daba por hecho que se había cobrado, y a calcular el 10 por ciento, que se quedaba la empresa como “retribución”. El funcionario que tenía que fiscalizar que todo era correcto era el interventor, que había impulsado la “operación”.

De esta manera, dinero que era “propiedad del Ayuntamiento de La Oliva”, prácticamente todo lo que se cobraba en efectivo por ventanilla, terminaba en manos de la empresa administrada por Montesinos. Con ese dinero, el empresario pagaba “gastos suyos” o de otras de sus sociedades”, le hacía “entregas” en metálico al interventor, “en una cantidad que no ha podido ser concretada”, o bien servía para el abono de viajes del interventor y del concejal de Hacienda.

Montesinos, Morera y Sáenz, en el juicio.

En La Oliva había dos padrones fiscales y vecinos a los que no se cobraba tributos

La sentencia señala que a través de Tributos La Oliva se pagó la estancia de Guillermo Morera, en noviembre de 2006, en el hotel Meliá Castilla de Madrid. En aquellas fechas también estaban en Madrid el propio Montesinos, el interventor y un “reconocido testaferro” de éste. Otra empresa de Montesinos le pagó al concejal de Hacienda la estancia en el hotel Hilton de Praga, añade la sentencia.

La empresa de recaudación presentaba listados en el Ayuntamiento en los que aparecían impagados impuestos de vecinos que sí habían pagado. La investigación destapó otra práctica grave: Montesinos aseguró a la Policía que “se operaba con un doble padrón, para no cobrar impuestos a determinadas personas”.

Un trabajador de su empresa relató que de la caja fuerte, donde “no había otro dinero que el que se percibía por el cobro de impuestos”, salieron 100.000 euros en “una bolsa”. El interventor cobraba en efectivo, con viajes, pero también en especie, como un Volvo.

“Montesinos dispuso libremente de fondos públicos ante la ausencia de un control real de su actividad, entre otras cosas porque el interventor, quien debía llevar este control, no sólo fue quien le consiguió el negocio, sino quien, durante meses, fue socio de su empresa”, recalca la sentencia.

Último cartucho

En el juicio, Carlos Sáenz confesó los delitos, lo que le supuso una rebaja en la condena, que finalmente fue de un año y seis meses de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, además de devolver el dinero sustraído de los tributos municipales, y seis años de inhabilitación (tres por la malversación y tres por el delito de prevaricación, por haber inducido al que era concejal de Hacienda a firmar una resolución ilegal).

De la caja fuerte donde había dinero público salieron 100.000 euros en una bolsa

El Tribunal Supremo ha rechazado recientemente los recursos de José Vicente Montesinos y Guillermo Morera contra la condena dictada por la Audiencia Provincial. El primero ha sido sentenciado en firme a cinco años de cárcel y el segundo a siete años de inhabilitación para cualquier cargo público municipal.

Morera todavía intentó, a mediados de este pasado mes de marzo, un último cartucho: un incidente de nulidad de la sentencia, que la Sala de lo Penal del Supremo acaba de rechazar. En el auto, al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, la magistrada Carmen Lamela censura que se pretenda “reabrir nuevamente el debate” cuando “ya quedó cerrado con la sentencia”.

“Lo que ocurre”, replica la magistrada, “es que la sentencia de este tribunal llegó a conclusiones distintas a las pretendidas” por el condenado. El abogado de Guillermo Morera es Manuel Travieso. En las elecciones de 2011, Morera fue candidato de AMF al Ayuntamiento de La Oliva y Travieso al Parlamento de Canarias. En aquel momento no se sabía que se estaba investigando en un Juzgado de Arrecife y en otro de Puerto del Rosario el caso Montecarlo, que estalló en mayo de 2012. Del capítulo majorero, con la última resolución del Supremo, se ha puesto el punto y final.