La organización cultural Pueblo Maho ha pedido la suspensión cautelar del derribo de la vivienda de Pascuala Roger Pérez, situada en Cueva de la Negra, en Jandía, y una moratoria administrativa hasta que el Congreso finalice la tramitación de la reforma legislativa en curso.

La asociación denuncia las pretensiones de Costas de derribar un inmueble que considera representativo de la práctica tradicional desarrollada durante siglos por familias de las islas para obtener recursos del mar y completar su alimentación.

Según Pueblo Maho, la vivienda de Pascuala Roger constituye un ejemplo de las estancias en la costa que realizaban las familias para abastecerse de productos marinos y desarrollar otras actividades.

La organización cita entre esas prácticas el lavado de saleas y mantas o la elaboración de gofio de cosco, además del aprovechamiento de recursos vinculados al ganado ovicaprino.

Pueblo Maho sostiene que las poblaciones insulares han sido expulsadas progresivamente del litoral y critica que estas prácticas tradicionales no tengan cabida en el actual modelo turístico.

La asociación cuestiona además el diferente tratamiento que, a su juicio, reciben otros inmuebles situados en el litoral.

En concreto, afirma que la misma Administración que pretende derribar la vivienda de Pascuala Roger "mira para otro lado" en relación con los hoteles situados en las Dunas de Corralejo.

Pueblo Maho compara también este caso con el de las viviendas de Lucía Cáceres González y Gabino Merdina Martín, en Berrugo, en el sur de Lanzarote.

Petición de suspensión cautelar

La organización se suma a la petición de suspensión cautelar del derribo y de una moratoria administrativa hasta que el Congreso complete los trámites de la reforma legislativa que, según señala, ya se encuentran en curso.

Pueblo Maho recuerda además el pronunciamiento unánime del Parlamento de Canarias sobre la permanencia de los núcleos tradicionales asentados en el litoral y reclama que ese acuerdo "debe materializarse con hechos, no solo con palabras".

Pueblo Maho critica la actuación de Costas y compara este procedimiento con otros casos de ocupación del litoral que, según denuncia, no han recibido el mismo tratamiento

La asociación sostiene que la vivienda fue levantada hace más de cien años por el bisabuelo de la familia, antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.

Pueblo Maho critica asimismo la rapidez del procedimiento de derribo y asegura que Costas ha necesitado "algo menos de un mes" para tramitarlo.

"Este atropello de poner el foco en quienes cuentan con menos medios materiales para defenderse es la marca de un Estado que no ampara a la ciudadanía indefensa", afirma la organización.

La asociación reitera finalmente su petición de suspensión cautelar y moratoria administrativa hasta que el Congreso finalice los trámites de la reforma legislativa.