El debate sobre cómo financiar el impacto del turismo en Canarias ha dado un giro difícil de justificar. Durante años se rechazó implantar una tasa turística con el argumento de que restaría competitividad al destino. Sin embargo, ahora se plantea una alternativa que resulta aún más discutible: incrementar la recaudación a través del IGIC, trasladando parte del coste del turismo al conjunto de la ciudadanía.

La pregunta es sencilla: ¿por qué deben ser los canarios quienes asuman una factura generada, en gran medida, por los más de diecisiete millones de visitantes que recibe el archipiélago cada año?

No se trata de demonizar al turismo. Todo lo contrario. Canarias vive, en buena medida, de esta actividad económica y nadie discute su importancia. Pero también es evidente que esa actividad genera una enorme presión sobre los servicios públicos y el territorio. Carreteras, redes de abastecimiento de agua, depuración, gestión de residuos, transporte público, espacios naturales, seguridad o asistencia sanitaria soportan una demanda muy superior a la que correspondería únicamente a la población residente.

Todo ello tiene un coste. La cuestión es quién debe asumirlo.

La lógica invita a pensar que quien disfruta de un destino también debe contribuir a su conservación. Ese es el principio que inspira las tasas turísticas implantadas con éxito en numerosos destinos nacionales e internacionales. En cambio, financiar ese esfuerzo mediante el IGIC supone que una familia canaria pague más cada vez que hace la compra, adquiere ropa, material escolar o cualquier otro bien de consumo, independientemente de que obtenga o no un beneficio directo del turismo.

Los datos ayudan a dimensionar el debate. Canarias recibe cada año entre 16 y 17,5 millones de turistas. Con una estancia media cercana a siete noches, una tasa similar a la aplicada en otros destinos europeos permitiría recaudar entre 700 y más de 1.000 millones de euros anuales, dependiendo de la cuantía y de la categoría del alojamiento.

No hace falta hacer grandes ejercicios de imaginación para comprobar su potencial. El municipio de Mogán implantó una tasa turística de apenas 0,15 euros por persona y noche. A pesar de su reducida cuantía, la recaudación superó los 660.000 euros en sus primeros meses de aplicación y las previsiones apuntaban a alrededor de 1,3 millones de euros al año, sin que se produjera una caída del número de visitantes ni de la ocupación turística. Si un solo municipio puede generar esa cantidad con una tasa de quince céntimos, resulta evidente el enorme margen de una tasa autonómica bien diseñada.

La siguiente pregunta es todavía más importante: ¿en qué debería invertirse ese dinero?

Las prioridades están claras. Modernizar unas redes de abastecimiento de agua que en algunas islas siguen perdiendo una parte importante del caudal antes de llegar a los hogares. Renovar depuradoras y desaladoras. Recuperar playas y proteger espacios naturales sometidos a una creciente presión. Mejorar el transporte público para reducir la dependencia del vehículo privado. Impulsar vivienda pública para facilitar el acceso de los residentes. Rehabilitar infraestructuras turísticas envejecidas sin seguir consumiendo territorio. Reforzar la atención sanitaria, los servicios de emergencia y la limpieza en las zonas con mayor afluencia de visitantes. En definitiva, reinvertir parte de la riqueza que genera el turismo en preservar aquello que hace de Canarias un destino único.

Pero existe una condición imprescindible: la transparencia.

Una tasa turística solo tendrá legitimidad si cada euro recaudado tiene un destino finalista y perfectamente fiscalizado. Los ciudadanos deben conocer cuánto se recauda, qué proyectos se financian, qué administración ejecuta esos recursos y cuáles son los resultados obtenidos. Solo así se evitará que termine convirtiéndose en un impuesto más diluido en los presupuestos públicos.

Uno de los argumentos más repetidos por quienes rechazan la tasa es que podría restar competitividad a Canarias. Sin embargo, la experiencia demuestra exactamente lo contrario. Cataluña, Baleares, París, Roma, Venecia, Lisboa o Ámsterdam aplican tasas turísticas desde hace años y continúan batiendo récords de visitantes. Nadie deja de viajar a un destino por pagar dos o tres euros más por noche. Los turistas eligen por la calidad del destino, su seguridad, su clima, su patrimonio natural y la experiencia que ofrece.

Canarias no debería competir por ser el destino más barato. Debería competir por ser el mejor. Y eso exige invertir en infraestructuras, conservación, sostenibilidad y calidad de vida para quienes viven aquí durante todo el año.

Lo verdaderamente difícil de explicar no es una tasa turística. Lo difícil es pedir a los ciudadanos que paguen más impuestos indirectos para sufragar el impacto de una actividad económica que genera miles de millones de euros cada año.

Quien disfruta de nuestras playas utiliza nuestras carreteras. Quien visita nuestros espacios naturales contribuye a su desgaste. Quien se aloja en nuestras ciudades genera residuos, consume agua y requiere servicios públicos. Es razonable que participe también en su financiación.

Porque no hablamos de castigar al turismo, sino de hacerlo corresponsable de su propia huella.

Al final, la cuestión no es económica. Es una cuestión de justicia.

Si el turismo genera riqueza, debe ayudar a financiar los costes que produce. Y si alguien tiene que pagar por el impacto del turismo, lo lógico es que sea quien viene a disfrutar de Canarias, no quien ya vive, trabaja y paga impuestos en ella los 365 días del año.

* Secretario de SOS Fuerteventura