Cuatro meses después de las manifestaciones de protesta contra los excesos del turismo en las Islas, llega la hora del primer balance y hay que decir que el saldo es bastante parco. Seguramente no cabía esperar otra cosa, para empezar, debido a la propia heterogeneidad de las convocatorias, que bajo el telón de fondo del turismo atendían a otra clase de reivindicaciones, vinculadas principalmente a la crisis de la vivienda (con el alquiler vacacional como uno de los posibles culpables) y el malestar producido por situaciones de saturación que no tienen que ver específicamente con la actividad de los visitantes en el territorio de las Islas. Por ejemplo, resulta complejo hallar el vínculo entre las colas en las principales carreteras de las Islas en las primeras horas de la mañana (algo preocupante en Fuerteventura y Gran Canaria, pero ya dramático en Tenerife) y las pautas de los turistas en esas mismas vías públicas.

Sea como fuere, en la coctelera de las manifestaciones más concurridas (la más destacada, con holgura, fue la de Santa Cruz de Tenerife, pero en Arrecife de Lanzarote también se sumó mucha gente) se apreciaba el momento fundacional de un movimiento en favor del control del crecimiento, compatible además con una respuesta más eficaz de la Administración a la hora de contener todo tipo de excesos. En ese contexto, llegó a articularse, tanto en la calle como en despachos oficiales, un relato asociado con el “cambio de modelo” como perspectiva deseable para la Canarias de los próximos años. Y así quedó planteado el debate a la espera de bajar al infierno de lo concreto, que es donde se separan las consignas de las realidades.

¿Qué ha ocurrido desde entonces? Pues poca cosa. La opción de implantar un nuevo impuesto que gravara las pernoctaciones en establecimientos hoteleros, apartamentos y viviendas vacacionales duró bastante poco, salvedad hecha de alguna frivolidad municipal relacionada con seudotasas que carecen de encaje sin el soporte que solo puede dar una ley aprobada en el Parlamento de Canarias. Ocurre que la mayoría gobernante en las Islas, formada por Coalición Canaria y el Partido Popular, rechaza de plano la introducción de un impuesto específico al turismo, que ahora sí defiende el PSOE en una línea comparable a la sostenida desde hace bastante más tiempo por Nueva Canarias (Podemos ya salió de escena).

Los argumentos a favor del tributo turístico son conocidos: la generación de ingresos destinados a acciones de protección ambiental o intervenciones destinadas a mitigar los efectos negativos de la actividad alojativa, que los tiene. Los contrarios son también consistentes: no hay un problema de recaudación en la Comunidad Autónoma, el turismo ya es el primer contribuyente de las Islas y la imposición de una carga fiscal específica supone en realidad el lanzamiento de un mensaje de criminalización de una actividad económica concreta. Es como decir: el turismo es malo, ergo vamos a cargarlo con nuevos impuestos.

En cualquier caso, el panorama fiscal no se moverá en la presente legislatura, y solo queda en este campo el aviso a navegantes del presidente canario, que ha recordado la opción de elevar el IGIC del turismo si el sector no se suma con más entusiasmo a dar forma a la “redistribución de la riqueza”, otro concepto sobre el que habría que ir concretando algo más para no dejarlo en la categoría de eslogan.

Hay otro aspecto del debate en torno al turismo que ha pasado mucho más desapercibido, y que es asimismo señal de la parálisis que ha seguido a la movilización cívica. Se trata de la contención de la oferta alojativa en lo tocante no solo a la vivienda vacacional, que ahí el Gobierno canario sí ha movido ficha con determinación, sino a las expectativas de crecimiento posibles con la actual clasificación de suelos turísticos en las islas con más demanda, que son todas menos las tres más occidentales de Canarias. Y ahí entramos en una prueba del algodón para los tomadores de decisiones en el Archipiélago, que son más expansivos en sus formulaciones genéricas que en los detalles de lo concreto, sobre todo si afectan a su ámbito de actuación. En este asunto cabe recordar que la vigente Ley del Suelo prevé procedimientos abreviados a escala municipal para la desclasificación de suelos urbanizables no desarrollados, un precepto que ha sido ignorado en los ya siete años de vigencia de dicha norma.

Pero no consta iniciativa alguna de un alcalde o alcaldesa de Canarias que se haya decidido a privar a su municipio de una opción de desarrollo hotelero futuro, de esos que traen ingresos fiscales por la vía de las licencias de obra primero y los IBI más tarde. El presidente Clavijo ha llamado la atención sobre esta contradicción flagrante, en la que él mismo incurre al derivar en los ayuntamientos algunas decisiones para las que su Gobierno dispone también de potencia de fuego normativa más que suficiente. Y lo mismo se puede decir de los cabildos a través de sus planes territoriales de ordenación turística. En definitiva, en este asunto, como en otros, los responsables públicos han optado por hablar de la desclasificación, pero sin mover un solo papelito allí donde podrían hacerlo. O sea, mucho ruido y ninguna nuez, salvedad hecha de la adopción de medidas de control en la visita a los espacios naturales protegidos, un asunto que se ha demorado más de lo necesario y que francamente clama al cielo por la saturación que se vive a diario. Esto es lo que hay. Ahora le toca mover ficha a los colectivos ecologistas.