14
Mayo
2018
Manuel Riveiro

Llega mayo y se pone en marcha la cuenta atrás para las próximas elecciones. Anda ya el gallinero político majorero revolucionado con las encuestas, que los expertos dicen que marcan tendencias pero que en el pasado se han desviado más que la trayectoria del proyectil en una escopeta de feria.

Es pronto para dar por buena la foto demoscópica pero no tanto para que los cargos públicos, los que están en los gobiernos y en las oposiciones, empiecen con el sano ejercicio de introspección y evalúen para qué han utilizado el tiempo que los ciudadanos les han regalado en las instituciones, en muchos casos excelentemente remunerado.

¿Y qué avances reales se pueden esperar de los próximos meses? Pues más bien pocos. La política majorera hace tiempo que se ha instalado en la modorra del día festivo, cuando no en el postureo y en el selfie.

Un ejemplo de lo que no saldrá adelante en este año preelectoral es el nuevo Plan Insular de Ordenación. El escenario es el siguiente: el vicepresidente Blas Acosta lo quiere aprobar, despedirse del Cabildo por la puerta grande y regresar a Pájara. Lo ha diseñado durante meses y es prácticamente el único logro que podría presentar su área de Política Territorial.

Ha puesto empeño, con tournée incluida por las sedes de los partidos de la oposición. En Coalición Canaria se niegan a dar el visto bueno y es casi imposible que a estas alturas encuentre otros aliados. De momento, todo es silencio. Puede que se tense el pacto, que se produzca algún exabrupto en forma de declaración radiofónica. Pero ni a Marcial Morales, acomodado mejor que nadie a esta nueva era, donde solo pasa el tiempo, le interesa romper la alianza con Blas Acosta ni al jefe de filas del PSOE le conviene afrontar unas elecciones desde el frío de la oposición.

La política majorera hace tiempo que se ha instalado en la modorra del día festivo, cuando no en el postureo y en el selfie

Otra de silencios: la portavoz socialista en La Oliva, Rosa Fernández, se ve abocada al banquillo de los acusados –junto a Claudina Morales (CC)- por la contratación irregular, cuando era alcaldesa, de los principales cargos del Ayuntamiento (secretaría, intervención y tesorería). La Audiencia Provincial se ha pronunciado de forma inapelable y el juicio resulta inevitable después de que ya la Fiscalía la haya acusado de prevaricación y pida que se la inhabilite durante ocho años. Otros cargos públicos y orgánicos del PSOE en Canarias han dimitido incluso en fases procesales anteriores.

CC ha dado muestras de mayor laxitud con esas zarandajas de los códigos éticos y sorprendería que dejase sin nómina a quien tiene la losa de los indicios de haber delinquido como responsable público. Solo cuando hay condena, porque no queda más remedio (legal), y tras las correspondientes lágrimas derramadas.

Lo cierto es que el Ayuntamiento de La Oliva es digno de estudio. El último episodio roza el surrealismo político: el concejal Miguel Van Daele (CC) hereda en 2011 unos terrenitos junto al muelle de El Cotillo. Entre ellos, 327 metros sobre los que pasa la carretera. Deja de ser concejal cuatro años después y, al poco, demanda al Ayuntamiento de cuyo grupo de gobierno había sido miembro destacado, acusando a la institución, en román paladino, de ser un desastre. Y se lleva 564.000 euros en concepto de indemnización, sentencia judicial mediante.

De manera más que relacionada con este asunto se ventila una investigación en el Juzgado de Instrucción número 5 de Puerto del Rosario por una licencia de obras en terrenos que también eran del susodicho concejal. El juez Alfonso Silos tiene para entretenerse con mediciones de parcelas, retranqueos, informes y licencias que están en cuestión.

Hay quien dirá que la política majorera también se está “judicializando”, y quien piense que ya era hora de que la Justicia dejara de mirar para otro lado.

10
Abr
2018
Manuel Riveiro


Queja simbólica con el envío de piedras de la playa de El Castillo.

Fuerteventura es una Isla que se queja poco. Y quienes se atreven a alzar la voz no suelen encontrar respuestas en los que, acomodados en las instituciones públicas, son los teóricos encargados de buscar las soluciones. Se evidencia así en el último informe del Diputado del Común, ese buzón de reclamaciones autonómico, retiro dorado para ilustres a los que ya se les pasó el arroz en política. Apenas 128 quejas en el último año partieron de Fuerteventura, setenta y pico menos que de La Palma, a pesar de que tiene 29.000 habitantes menos que la Maxorata. Es solo un dato, pero ilustrativo. Es cierto que la confianza de los ciudadanos en el ‘Defensor del Pueblo’ de Canarias, una suerte de cementerio de elefantes, es también mínima, pero muestra una tendencia hacia el desencanto.

El clima de desilusión se produce tiempo después de que la sociedad insular, harta de tragar, explote. Una pequeña chispa puede ser el detonante. Sucedió con la mayor reivindicación de la Isla en los últimos años: acabar con las carencias en la Sanidad pública. La falta de un especialista provocó las primeras protestas, que empezaron a crecer y pusieron sobre la mesa un amplio inventario de deficiencias. La manifestación de septiembre de 2016 fue el punto álgido del hartazgo. A los cargos públicos de todos los partidos no les quedó otra opción que sumarse a la ola, tomar nota y lanzar una larga lista de promesas.

En The Good Wife, Eli Gold, el intrigante asesor del gobernador de Chicago, resume la ecuación: “(sí) + (tiempo) = no”. Cuando el ciudadano está convencido de que el problema se solucionará porque está en manos de los políticos, se desmoviliza, y más tarde, una vez que comprueba que pasan los meses (e incluso los años) y que nada cambia, se frustra y se desilusiona.

Basta con hacer memoria de asuntos cercanos, que de forma rutinaria y periódica aparecen en los titulares: el traslado de la central eléctrica de Puerto del Rosario, la ejecución de los tramos más saturados del Eje Norte a Sur de carreteras, el impulso económico a Gran Tarajal y a su zona portuaria, la ampliación del Hospital y de los centros de salud. Seguro que les suenan.

Los tiempos en el espacio público se amoldan a los ciclos electorales, a ese periodo de cuatro años hasta que se vuelven a poner las urnas para que los ciudadanos decidan (o al menos crean que lo hacen, como sostienen los críticos con el sistema). En breve comienza el último año del mandato y arrancarán los movimientos, las estrategias, los balances, las puñaladas por una buena posición en las listas electorales y, de nuevo, las promesas.

Cuando el ciudadano está convencido de que el problema se solucionará porque está en manos de los políticos, se desmoviliza, y más tarde se frustra y se desilusiona

Es la época de los fichajes, como si del mercado estival de fútbol se tratara. Las siglas más abandonadas y apetecibles ahora mismo en Fuerteventura son las de Ciudadanos, huérfanas de recursos humanos mientras en el conjunto del Estado las encuestas más recientes apuntan a que puede convertirse en la primera fuerza. En los mentideros se ha especulado durante meses con que recalase la expresidenta del PP, Águeda Montelongo, que tendría antes que dimitir del Parlamento y del Cabildo, y que se produzca un trasvase de descontentos con la Coalición Canaria de Mario Cabrera. Algunas incorporaciones ya están en marcha.

Es la época también en la que personas con acreditada labor social llegan a la conclusión de que deben dar el paso y sentarse en la mesa donde se toman las decisiones. Ocurre con los vecinos del barrio de El Charco. No es descabellado: sacar un concejal en la capital cotiza a poco más de 700 votos. Y un consejero en el Cabildo ronda las 2.000 papeletas.

El terreno es propicio para las novedades: la compleja bicefalia en el Cabildo de Fuerteventura, la falta de un liderazgo insular claro y efectivo que haya sido capaz de incorporar las demandas de la Isla a la ‘agenda’ de los gobiernos canario y central, la bisoñez de algún alcalde o el desgaste de algún otro abren el campo de las posibilidades. Se irá viendo dentro de poco. Enseguida entraremos en el año de las promesas.

10
Ene
2018
Manuel Riveiro

Fuerteventura conoció antes que ninguna otra Isla del Archipiélago cuántos turistas había recibido en el último año. Una cifra exacta: 3.403.404 turistas. Nuevo récord en la llegada de visitantes, incremento significativo en los mercados internacionales (4,9 por ciento), en el nacional (2,3 por ciento), en el interinsular (19,9 por ciento) y en los cruceros (65,9 por ciento), y las palmaditas en la espalda de rigor. Merecidas, sin duda.

Ese balance del ejercicio lo ofreció el Patronato de Turismo el 22 de diciembre, nueve días antes de las campanadas de Fin de Año. La misma jornada, la empresa pública Promotur, que depende de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, publicaba las cifras del mes de noviembre de turismo interno, el que efectúan los canarios en islas distintas a las que residen. Y, seis días después, ofrecía la estadística de referencia en la llegada de turistas (Frontur), también del mes de noviembre. Hasta comienzos de febrero no se suelen publicar las cifras totales del año anterior.

Los números del Gobierno regional se alejan de los que ha dado el Patronato de Turismo majorero. Entre enero y noviembre llegaron a Fuerteventura 2.046.302 turistas, 46.034 más que en el mismo periodo de 2016. El crecimiento es de un 2,3 por ciento. De ese total, 122.326 proceden de la Península (3.235 menos que en el ejercicio pasado, un 2,6 por ciento menos) y el resto son turistas extranjeros. El principal mercado es el alemán (805.728 visitantes), seguido del británico (500.007 turistas), del italiano (113.406) y del francés (112.732), el único de los principales mercados emisores, junto al nacional, que retrocede.

La otra estadística difundida por el Gobierno de Canarias en los últimos días es la citada de turismo interno. Entre enero y noviembre habían llegado a Fuerteventura 140.989 residentes canarios a pasar sus vacaciones, según el estudio. El crecimiento en los once primeros meses de 2017 fue de 13.296 visitantes, más de un 10 por ciento.

En cuanto a los cruceros, la Autoridad Portuaria de Las Palmas hizo balance (dos días antes de acabar el año) y apuntó que a Puerto del Rosario habían llegado 172.247 cruceristas, frente a los 422.159 de Arrecife o los 639.015 de Las Palmas de Gran Canaria.

La suma de cifras oficiales sobre el mercado internacional, el nacional y el canario, a falta de los datos de diciembre (el año anterior los dos primeros segmentos alcanzaron los 188.639 visitantes), más los cruceristas de todo el año, arroja 2.359.538 visitantes.

En cualquier caso, los números marean. Son un éxito de afluencia turística. Pero llama la atención que haya diferencias tan desproporcionadas entre las estadísticas que ofrecen dos organismos de promoción, tan abultadas que alcanzan a centenares de miles de visitantes, como perdidos en un limbo de hamaca, cerveza y crema solar.

11
Dic
2017
Manuel Riveiro

El silencio del Gobierno central sobre el escándalo de los más de cuatro millones de euros destinados al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de El Matorral resulta preocupante. O ensordecedor, por recurrir al oxímoron. Con las instalaciones cerradas, el Ministerio del Interior ha aflojado a razón de un millón de euros de media cada año. Sin internos, se han pagado, según la documentación oficial, más de 870.000 euros en “alimentación” entre 2013 y 2016. Sin extranjeros dentro de sus muros, la Dirección General de la Policía pone negro sobre blanco que se han abonado más de 2,3 millones de euros en “limpieza”. La friolera de 1.605 euros por día, bastante más de lo que cobra una kelly durante todo un mes.

El CIE de Fuerteventura tiene capacidad para 910 personas, el mayor de España, pero en su interior no hay nadie desde mayo de 2012. Una semana después de que saltara el escándalo, todavía no ha salido el ministro Zoido a desmentir, corregir, matizar o contextualizar las cifras que ha dado su departamento, con un nivel de precisión en el gasto de céntimos de euro en cada uno de los conceptos.

Unas horas antes de que los titulares sobre el CIE de Fuerteventura copasen portadas y escaletas de los programas de radio y televisión, unas señoras regresan de un paseo por la pista de tierra paralela al acuartelamiento Teniente Coronel Valenzuela, mientras un vecino se baja de la pick up junto a su finca, a cinco pasos de la alambrada. Anda el hombre preocupado porque ha oído que a lo mejor le expropian. Del ‘agujero’ de cuatro millones de euros de profundidad no tardaría en saber. La explicación para estos datos no debe ser sencilla. Como tampoco ha sido fácil que el Gobierno los haya dado a conocer. La senadora canaria María José López tuvo que esperar prácticamente un año a que el Ministerio del Interior los entregase, como es su obligación, en la Cámara Alta. Los pidió en diciembre del año pasado y tuvo que reiterar la petición en abril, junio y septiembre, con solicitud de amparo a la presidencia del Senado incluida.

Cuando sucede esto, se constata que se está solicitando información que el Gobierno no quiere que se haga pública. Si se tardan casi doce meses en apretar una tecla para imprimir unos datos que debieran estar correctamente contabilizados, es difícil sugerir, como se ha deslizado, que las cifras son fruto de un error, que tampoco nadie se ha encargado de aclarar. La opacidad del Gobierno, en este caso, resulta transparente.

11
Ago
2017
Manuel Riveiro

A pesar de las beach parties, carpas y demás fiestas que se aprietan en el calendario de la temporada estival majorera, la imagen de este verano ha sido, por ahora, otra: la de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pasando revista a las tropas en el cuartel de Puerto del Rosario y asistiendo después a un ejercicio de adiestramiento. Eso sí, evitó, como hizo en toda su tournée por el Archipiélago, las preguntas. Una incógnita clave que debe despejar su Ministerio es si acepta o no el convenio que el Ayuntamiento capitalino le ha planteado, por ahora sin éxito, para destinar una parte en la trasera del cuartel para levantar el Palacio de Justicia.

De año en año, generalmente en enero y aprovechando la feria turística Fitur en Madrid, se informa de que algún responsable municipal se reúne con alguien del Ministerio. El encuentro se convierte en noticia, cuando lo debiera ser el acuerdo, que no llega. Mientras tanto, se tienen que suspender juicios por la falta de salas disponibles y son notables las quejas por la dispersión de los órganos judiciales y la Fiscalía.

A ello hay que añadir el coste económico para las arcas públicas: nada menos que 25.745 euros al mes que abona la Consejería de Justicia en alquileres (3.628 por la sede de la Fiscalía en Secundino Alonso, 10.680 por el Juzgado de lo Social 2 y el Penal 2, y 11.435 por los Juzgados de primera instancia e instrucción 5 y 6, todos ellos en León y Castillo).

Los cuarteles en el centro de las poblaciones, en zonas que hoy son privilegiadas para el desarrollo urbano y la apertura de espacios públicos, son un vestigio del pasado. En otras ciudades –acaba de llegar al Congreso, por ejemplo, la reivindicación de Burgos- se están dando problemas similares.

El cuartel de Puerto del Rosario ocupa unos 125.000 metros cuadrados, encajado entre la calle Comandante Díaz Trayter –delegado del Gobierno en la Isla durante la dictadura de Primo de Rivera- y la calle Manuel Velázquez Cabrera -un político fundamental para la historia de Canarias y ‘padre’ de los cabildos-. Al Ministerio se le están pidiendo apenas 30.000 metros.

Cuenta la anécdota que cuando el Gobierno central pidió hace una década suelo para mejorar las condiciones y ampliar la cárcel de Tahíche, donde suelen cumplir condena los reclusos majoreros, un consejero del Cabildo de Lanzarote dijo, medio en serio medio en broma, que sin dudarlo porque “uno nunca sabe dónde puede acabar”. Hoy está pendiente de juicio. En una entrevista en Diario de Fuerteventura, el fiscal Tomás Fernández desvela que hay investigaciones en marcha que afectan a prácticamente todas las instituciones de la Isla. Una razón más para contar con un Palacio de Justicia.