28
Mar
2021
Manuel Riveiro

Entre el cielo y el infierno hay solo una delgada línea. En cuestión de días se puede pasar de atesorar el poder de un Cabildo de 135 millones de euros, de controlar la ventanilla única de Presidencia y de manejar con mano de hierro el partido, a tratar de esquivar sin ninguna fortuna los acontecimientos -“¿lo tienes que publicar ahora?”- y sin terminar de entender las claves de la nueva situación.

01. A las 10.10 horas de la mañana del 17 de marzo, Blas Acosta firmó su dimisión como consejero del Cabildo de Fuerteventura. Ese mismo día está fechada la diligencia del Juzgado número seis de Puerto del Rosario que ordena remitir “al Juzgado de lo Penal que por turno corresponda” el caso Gesturpa, la antesala de que se fije día y hora para el juicio, en el que se enfrentará a una petición de condena de cuatro años y tres meses de cárcel y “la cantidad que se determine” por “los perjuicios económicos causados” a una empresa cien por cien pública.

¿A cuánto asciende ese quebranto económico? El fiscal destaca 1.706.787 euros, con sus 91 céntimos, de un préstamo concedido por el Ayuntamiento de Pájara -para supuestas deudas que “no figuraban en la contabilidad”- a sabiendas de que “nunca” podría devolverlo. Suma 897.270 euros para el pago a una empresa (Mahlec) de una factura que tampoco estaba contabilizada en la sociedad pública, para un encargo que no le correspondía y del que nunca reclamó el correspondiente abono. Cuando cesó en su cargo de administrador de la empresa municipal, el capital social tenía en negativo casi dos millones de euros. Todo un logro para resaltar en el currículum del viceconsejero de Economía que necesita Canarias en medio de la peor crisis que han vivido varias generaciones.

02. En la mañana del 8-M, el presidente del Gobierno de Canarias anuncia a bombo y platillo que encajará a Blas Acosta como número dos de la Consejería de Elena Máñez -una vez se hubo apeado a regañadientes de la carrera por el escaño (y aforamiento) en el Senado- sin la deferencia de comunicárselo previamente a la titular de la cartera, otra majorera, Almudena Estévez. En ese momento, hacía ya seis días que la abogada de Acosta había suscrito su escueto escrito de defensa del caso Gesturpa: cuatro líneas que se resumen en un “disconforme” con “los escritos de la acusación pública”.

La sucesión de los hechos es la siguiente: el 2 de febrero, la magistrada María Coromoto Lozano dicta el auto en el que considera que “las actuaciones ofrecen méritos suficientes para exigir responsabilidad” penal al único acusado y “declara abierto el juicio oral”. Contra este auto “no cabe recurso”, salvo “en lo relativo a la situación personal del acusado”, una apostilla que no es de aplicación para Acosta. En esa resolución también le da a la representación del entonces presidente del Cabildo majorero el plazo correspondiente para que presente su escrito de defensa, fechado el 2 de marzo.

Seis días después, Torres inicia la mayor polémica desde que es secretario regional de los socialistas canarios anunciando el fichaje de Acosta para el Gobierno. Dos días más tarde, desde el PSOE se justifica a Podemos -que critica con dureza el nombramiento- que la normativa interna de los socialistas siempre habla de apertura de juicio oral, una “situación que por ahora no ha sucedido”. Hay dos opciones: o aquella afirmación totalmente falsa se comunica a los socios del 'Pacto de las Flores' de forma deliberada y consciente o, peor aún, el acusado no había informado a la dirección de su partido de lo avanzadas que están sus causas judiciales. En las jornadas siguientes, Ángel Víctor Torres se desgañitaría en promocionar los atributos de Acosta: sus “conocimientos económicos”, su “gran experiencia en gestión” y, en la alabanza final, que “habla varios idiomas”, cualidad de la que no ha presumido ni siquiera el elogiado.

03. El 22 de marzo, este periódico publica a primera hora -después de acceder al auto de apertura de juicio oral, que se desconocía y del que no se había informado- la situación procesal de Blas Acosta en el caso Gesturpa que, de seguir el código ético del PSOE, habría provocado su renuncia a todo y su baja voluntaria del partido. Ese artículo 5.2 destinado a “cualquier cargo público u orgánico” al que “se le abra juicio oral por un procedimiento penal”, que a priori no deja lugar a dudas y que, de forma interesada, se ha tratado de confundir con otro precepto, más laxo, destinado a los simples afiliados. A estos -una categoría a la que no pertenece Acosta, todavía secretario del PSOE de Fuerteventura y con ganas, dice, de repetir- se les suspende cautelarmente de militancia cuando se les abre juicio oral por, entre otros, delitos “ligados a la corrupción”, un concepto más popular que jurídico.

La jugada ha sido rocambolesca: la dirección regional del PSOE ha tratado, ante sus socios, de quitar hierro a los delitos de los que se acusa a Blas Acosta en el caso Gesturpa (administración desleal e insolvencia punible), pese a que presuntamente se cometieron en el hundimiento de una empresa pública. Y ha obviado que la Fiscalía pide otros tres años de cárcel por prevaricación urbanística -este sí un delito de los que inequívocamente el Consejo General del Poder Judicial cataloga como de corrupción- para quien manejó durante años el Urbanismo en Pájara, por la concesión de una licencia en La Pared con informes negativos.

04. La reacción de Acosta este pasado lunes fue la de quien trata de arañar un tiempo que se agota en una huida hacia adelante con destino a ninguna parte. ¿Cómo? Jugando a la confusión. Primero, aludiendo a que ha presentado un recurso sin aclarar todos los extremos, luego tirando de todo un clásico como es hacerse la víctima -“no puede ser que esté sometido a este asesinato de imagen”- y, por último, sugiriendo que detrás de la publicación de sus cuitas judiciales -“terrorismo informativo”, lo llama- hay una mano negra: “Lo que se pretende obviamente es atacar a un rival político por una editorial política (sic) vinculada a partidos políticos, claramente a CC y PP, y en este caso a Podemos”. Sí, han leído bien. La cuadratura del círculo.

Hubo quien le compró esa mercancía averiada: el veterano columnista Francisco Pomares con una antológica falsedad para su hemeroteca -“en realidad no es cierto: no se ha producido aún la apertura de juicio oral”- o el locutor Evaristo Quintana en la SER con un editorial más tosco pero igual de falso: “A Blas no se le ha abierto juicio oral”. Ambos se apuntaron voluntarios a arietes mediáticos en la defensa de Acosta, quedando retratados, de paso, como unos auténticos indocumentados que tocan de oídas. Otros y otras prefirieron, simplemente, guardar silencio, como si el árbol que cae solo en el bosque y nadie está cerca para oírlo no hiciera ruido. Es más fácil levantarse 11.312,50 por “30 minutos mensuales de comunicación exclusiva del presidente (...)” que informar a los ciudadanos del presidente.

05. Efectivamente, el caso Gesturpa está ya en manos del Juzgado de lo Penal, al tratarse de peticiones de prisión que no superan los cinco años de cárcel. Y no, la defensa de Blas Acosta no puede recurrir el auto de apertura de juicio oral por estar disconforme con la decisión. Sí lo hizo cuando el Juzgado que instruyó el caso dio por concluida la fase de diligencias previas, el verano pasado. Un recurso que, por otra parte, no paraliza el procedimiento: desde entonces la Fiscalía presentó su escrito de acusación, la jueza abrió juicio oral, el acusado registró su escrito de defensa y el Juzgado de Instrucción remitió al Penal la causa para la vista.

Solo la Sección Primera de la Audiencia Provincial, presidida por Miguel Ángel Parramón, podría impedir que se juzgasen los presuntos delitos cometidos en la empresa pública Gesturpa y que el acusado se sentase en el banquillo. ¿Puede suceder? Se aparta de la lógica, pero no es del todo imposible. Cuando en la Audiencia pastoreaba el condenado juez Salvador Alba llegó a extirpar de una causa, por la incautación de una planta desaladora privada en Lanzarote sin orden judicial, al considerado 'autor intelectual' de la decisión, el abogado Ignacio Calatayud. La defensa de Acosta se agarra a un informe pericial cuyo autor no pudo sostener ante el Juzgado las conclusiones que de forma tan rotunda consignó por escrito. Cómo sería que después de su deposición la jueza instructora dio por concluida la investigación y siguió con el procedimiento. El CD con la grabación, aun con mala calidad de sonido, debe de estar en la documentación en manos de la Audiencia. Por si fuera necesario su visionado.

06. Este viernes, el pleno del Cabildo majorero certificó el abandono de un Blas Acosta que ha nadado en los últimos meses en un mar de incoherencias. Tras perder la mayoría en el Cabildo, reitera por activa y por pasiva que no piensa dimitir como presidente. Y dimite. Al abrirse la ventana del Senado reconoce que nunca tuvo interés en el puesto pero que sus compañeros le han animado a postularse. Y lo hace, y defiende su pedigrí frente a las críticas internas, y luego desiste. Muestra en público su “lealtad” a Ángel Víctor Torres, pero no entiende que se ha convertido en un problema que no se disimulará con su foto en el organigrama del Gobierno de Canarias, sino todo lo contrario.

En su adiós definitivo al Cabildo de Fuerteventura, la portavoz del PSOE soltó aquello de que “nadie es imprescindible”, tampoco Blas. Sin embargo, probablemente hasta ahora sí que se sentía intocable.

09
Mar
2021
Manuel Riveiro

En el seno del PSOE sabían que la estruendosa caída en desgracia de su líder en Fuerteventura era cuestión de tiempo. El caso Gesturpa, por el que se le piden cuatro años y tres meses de cárcel, entró en el Juzgado en 2015. El caso La Pared, por el que se enfrenta a la petición de otros tres años de prisión, en realidad es lo que quedó vivo de una querella más amplia, del año 2015.

Otra causa –la 1006/16- se ventila en el Juzgado número cinco de Puerto del Rosario por una “contratación verbal” de 208.213 euros del Ayuntamiento de Pájara en materia hidráulica. En enero de 2019 se pidieron las transcripciones de unas testificales, que se acordaron un año después, y el procedimiento se ha demorado.

Pese a que las causas abiertas ya lo estaban en las últimas elecciones, los socialistas arriesgaron con la candidatura de Acosta, a sabiendas de que durante este mandato, aunque la Justicia sea lenta, era muy probable que llegasen a este punto procesal, con escritos de acusación de la Fiscalía y a las puertas de la apertura de juicio oral.

Con todo, la situación judicial de Blas Acosta no ha sido determinante, ni siquiera un factor, para que haya perdido el Cabildo de Fuerteventura (ni tampoco parece que para encontrar acomodo a la vera de Ángel Víctor Torres en el Gobierno de Canarias). Tras domesticar a Podemos, la ruptura ha llegado del lado por donde menos se podía esperar hace prácticamente nada: el de un Sergio Lloret con el que estrechó lazos en el pasado mandato.

Tan estrechos que el viernes antes de las elecciones, de lo último que hizo en el Cabildo antes de enfilar la jornada de reflexión fue tramitar el pago de una factura de 17.548 euros a una empresa vinculada al entonces alcalde de Tuineje, por un “estudio de viabilidad” para un puente entre Fuerteventura y Lanzarote. Pero tejer alianzas es una cosa y gobernar es otra. Y las diferencias entre el presidente y el todopoderoso consejero de Obras Públicas y Política Territorial empezaron a ser de dominio público desde hace meses.

El 11 de marzo se produce la ascensión al poder del nuevo pacto en el Cabildo de Fuerteventura, mientras que el expresidente encuentra acomodo a la vera de Torres

El jueves 11 de marzo, si no hay novedad, Sergio Lloret se convertirá en el tercer presidente que ha ocupado el despacho de presidencia en este mandato. Es el acuerdo al que han llegado AMF, PP y CC. Es cierto que un sector de Coalición Canaria entiende que se trata de una concesión excesiva a la fuerza minoritaria del pacto, y más al tratarse de Lloret, hasta hace nada enemigo político número uno en la sede de Asamblea Majorera. Pero sin el paso dado por Lloret (y Marcelino Cerdeña), Blas Acosta tenía el camino libre para llegar a 2023 manejando el Cabildo. “La prioridad era sacarle de la presidencia, porque ha demostrado ser un peligro para la Isla”, replican los nacionalistas que defienden el nuevo pacto y las condiciones.

El cambio de criterio de la Junta Electoral sobre quién puede optar a la presidencia de la Corporación insular también ha dado alas, dentro y fuera de Coalición Canaria, para alimentar las críticas a la cesión del bastón de mando. En 2005, la Junta determinó que, tras la dimisión del que era presidente en el Cabildo de Lanzarote (Francisco Cabrera, del PP, que había llegado al puesto a través de una moción de censura), correspondía la presidencia al cabeza de lista del partido más votado, el PIL. En realidad a la número cuatro, Inés Rojas. El número uno era Dimas Martín, que estaba en la cárcel por soborno, el número dos era Juan Pedro Hernández, que renunció, y la número tres María José Docal. La Junta Electoral de la época interpretó que, al haber sido censurada previamente por Cabrera, Docal pasaba al último lugar de la lista de su partido.

La Junta Electoral de ahora concluye lo contrario: Lola García, aunque fue censurada, sigue siendo la cabeza de lista de CC, y el nuevo presidente se elige por votación mayoritaria, como en los ayuntamientos, y no se proclama directamente al número uno de la plancha que fue más votada en las elecciones.

“Fuerteventura no está para rencores ni odios”, afirmó Lola García en la presentación del acuerdo. En realidad, la candidata nacionalista sería la directamente agraviada por la nueva doctrina de la Junta Electoral, asumida por la secretaría del Cabildo majorero, pero ha reiterado que prioriza un cambio de rumbo en la institución.

Aunque “no importan los sillones”, apostilló Lloret en la primera comparecencia del nuevo pacto, habrá que ver si se cumple la anunciada “coordinación” y “transparencia” en el funcionamiento del grupo de gobierno. En principio, AMF se queda con la presidencia y las áreas que ya tenía Lloret (Obras Públicas y Política Territorial). El PP asume Turismo; Industria y Comercio; Deportes y Educación y Juventud. Y Coalición Canaria todo lo demás.

13
Abr
2020
Manuel Riveiro

Este mes de abril cumplimos 15 años. Por estas fechas, en 2005 se fundó la empresa editora con la que lanzamos Diario de Lanzarote, luego Diario de Fuerteventura y, hace unos meses, El Diario de Canarias. El aniversario lo teníamos marcado en el calendario desde hace tiempo porque supone, sobre todo, la constatación de que no estábamos del todo equivocados y de que un proyecto informativo como el que hemos tratado de construir, desde el rigor, la pluralidad y el respecto a la comunidad de lectores, tiene su espacio.

La efeméride llega en medio de una pandemia global y de una enorme crisis sanitaria, económica y social de la que no hay antecedentes válidos que nos ayuden a entender con absoluta precisión lo que va a ocurrir. No hay duda de que son tiempos duros y difíciles, y nuestra responsabilidad es ofrecer la mayor cantidad de información posible y, también, buscar los hechos, los protagonistas y las claves que permitan explicar esta nueva época en la que nos adentramos.

La actual situación de estado de alarma y el cierre al público de la práctica totalidad de establecimientos en los que cada mes se pueden encontrar los ejemplares impresos de Diario de Lanzarote y Diario de Fuerteventura nos ha obligado a tomar decisiones con urgencia. Una de ellas ha sido reconvertir, de manera temporal, el modelo de difusión de las ediciones mensuales, con las que buscamos llegar más allá de la actualidad informativa diaria que contamos en los periódicos digitales. Se trata de un compromiso también con la salud, tanto de los que trabajan en el proyecto como de los lectores.

Otra medida que hemos adoptado, de forma puntual, ha sido agrupar bajo una misma publicación mensual nuestras cabeceras, con la intención de ofrecer una amplia variedad de puntos de vista para diseccionar lo que está sucediendo y que previsiblemente va a tener un impacto muy similar en las dos Islas orientales, por su configuración económica y social.

[Lea aquí la edición mensual de DIARIO]

El pasado mes de septiembre lanzamos El Diario de Canarias, con edición digital y como suplemento en las ediciones impresas de Diario de Lanzarote y Diario de Fuerteventura. Creemos que este nuevo periódico es más necesario que nunca, con el doble objetivo con el que fue concebido: ofrecer información de ámbito autonómico con independencia y sin ataduras, trasladar al espacio público regional lo que ocurre en las islas no capitalinas y ayudar a que sus problemas y demandas tengan el peso que merecen.

A nadie se le esconde que el futuro inmediato será escarpado para buena parte de los ciudadanos y empresas en general, y para los medios de comunicación en particular. No obstante, si algo nos está enseñando esta crisis es que juegan un papel clave para mantener informada a la ciudadanía, como demuestran las audiencias, que ya eran elevadas y se han multiplicado en las últimas semanas. Y también como un pilar fundamental sobre el que construir la sociedad que queremos.

Después de 15 años y tras haber publicado miles de noticias, reportajes y entrevistas, en la Red y en las páginas de papel, seguimos teniendo la misma ilusión que al principio. Con nuestros errores, que también los hemos cometido. Con la implicación de todos los que han formado parte del proyecto. Y, sobre todo, con el mismo compromiso con los lectores.

06
Mar
2019
Manuel Riveiro

Los próximos tres meses van a ser de auténtico empacho político. Si aquí el sufragio fuese obligatorio, como sucede en Grecia, Tailandia o Uruguay, un ciudadano diligente tendría que introducir siete papeletas en siete urnas distintas en las dos citas fijadas: el 28 de abril (Congreso y Senado) y el 26 de mayo (ayuntamientos, Cabildo, lista insular al Parlamento autonómico, lista regional a la misma Cámara y Parlamento europeo). Y antes, se supone, reflexionar sobre balances de gestión, proyectos de última hora, promesas electorales, filias, fobias y demás criterios particulares que cada uno tenga.

Por ahora, lo que no se puede decir es que el panorama político de Fuerteventura no está animado, o “revuelto”, como cada quien prefiera calificarlo. Para las elecciones generales no vuelan tantos cuchillos en la confección de las candidaturas porque solo hay dos sillones por los que pelear: el del Senado y, con suerte, el del Congreso, que depende del humor de los dirigentes de los partidos mayoritarios para hacer hueco a la representación majorera en un puesto relevante en la plancha provincial.

En las últimas elecciones a la Cámara Alta, las de 2016, arrasó el PP con casi 10.800 votos, 3.000 más que el PSOE, y Claudio Gutiérrez y Esther Hernández pudieron repartirse el escaño -con mejor hoja de servicios la segunda que el primero- pero también eran otros tiempos. Y en la Cámara Baja fue Celia Alberto la que terminó haciéndose hueco en una legislatura en la que su partido pasó de la euforia a la depresión.

Hoy la derecha política se ha fragmentado en tres marcas. Una de ellas, Vox, amenaza con suponer para el PP -también en la Isla- lo que representó Podemos hace cuatro años para el PSOE: una enorme vía de agua en su línea de flotación.

‘El Marqués’ ahora también predica su evangelio de víctima de alambicadas conspiraciones en las redes sociales

A ello hay que añadir la pretendida resurrección política de Domingo González Arroyo. El Marqués, a sus casi 79 castañas, ha desarrollado un instinto digno de estudio para adaptarse a los tiempos: además de endurecer su piel, no solo la del rostro, para que le reboten las críticas (sean de un rival o de un fiscal que le siente en el banquillo), ahora también predica su evangelio de víctima de alambicadas conspiraciones en las redes sociales. Dice el hombre que quiere ser candidato al Senado (otro que le resta al PP) y también al Cabildo.

El otro fenómeno paranormal es el de Podemos y la izquierda alternativa, donde priman los bandos sobre el partido. De tal manera que se puede ver cómo la secretaria general en Canarias, Noemí Santana, ha venido a la Isla para reunirse con todos menos con el grupo que ganó las primarias. Con la marca en sus momentos más bajos, los 7.400 votos de las generales de 2016 se antojan bastante lejanos...

También resulta extraña la parsimonia con la que Asamblea Majorera se toma la cita del 28-A. Acostumbrada a ser la fuerza mayoritaria en la Isla, en las generales da la impresión de que ni está ni se la espera. De momento también guardan silencio en el PSOE, que en las últimas citas ha acudido con candidatos de segunda fila, aunque hace tiempo que no lo ha tenido tan a huevo.

[La foto es de Carlos Saá]

14
Mayo
2018
Manuel Riveiro

Llega mayo y se pone en marcha la cuenta atrás para las próximas elecciones. Anda ya el gallinero político majorero revolucionado con las encuestas, que los expertos dicen que marcan tendencias pero que en el pasado se han desviado más que la trayectoria del proyectil en una escopeta de feria.

Es pronto para dar por buena la foto demoscópica pero no tanto para que los cargos públicos, los que están en los gobiernos y en las oposiciones, empiecen con el sano ejercicio de introspección y evalúen para qué han utilizado el tiempo que los ciudadanos les han regalado en las instituciones, en muchos casos excelentemente remunerado.

¿Y qué avances reales se pueden esperar de los próximos meses? Pues más bien pocos. La política majorera hace tiempo que se ha instalado en la modorra del día festivo, cuando no en el postureo y en el selfie.

Un ejemplo de lo que no saldrá adelante en este año preelectoral es el nuevo Plan Insular de Ordenación. El escenario es el siguiente: el vicepresidente Blas Acosta lo quiere aprobar, despedirse del Cabildo por la puerta grande y regresar a Pájara. Lo ha diseñado durante meses y es prácticamente el único logro que podría presentar su área de Política Territorial.

Ha puesto empeño, con tournée incluida por las sedes de los partidos de la oposición. En Coalición Canaria se niegan a dar el visto bueno y es casi imposible que a estas alturas encuentre otros aliados. De momento, todo es silencio. Puede que se tense el pacto, que se produzca algún exabrupto en forma de declaración radiofónica. Pero ni a Marcial Morales, acomodado mejor que nadie a esta nueva era, donde solo pasa el tiempo, le interesa romper la alianza con Blas Acosta ni al jefe de filas del PSOE le conviene afrontar unas elecciones desde el frío de la oposición.

La política majorera hace tiempo que se ha instalado en la modorra del día festivo, cuando no en el postureo y en el selfie

Otra de silencios: la portavoz socialista en La Oliva, Rosa Fernández, se ve abocada al banquillo de los acusados –junto a Claudina Morales (CC)- por la contratación irregular, cuando era alcaldesa, de los principales cargos del Ayuntamiento (secretaría, intervención y tesorería). La Audiencia Provincial se ha pronunciado de forma inapelable y el juicio resulta inevitable después de que ya la Fiscalía la haya acusado de prevaricación y pida que se la inhabilite durante ocho años. Otros cargos públicos y orgánicos del PSOE en Canarias han dimitido incluso en fases procesales anteriores.

CC ha dado muestras de mayor laxitud con esas zarandajas de los códigos éticos y sorprendería que dejase sin nómina a quien tiene la losa de los indicios de haber delinquido como responsable público. Solo cuando hay condena, porque no queda más remedio (legal), y tras las correspondientes lágrimas derramadas.

Lo cierto es que el Ayuntamiento de La Oliva es digno de estudio. El último episodio roza el surrealismo político: el concejal Miguel Van Daele (CC) hereda en 2011 unos terrenitos junto al muelle de El Cotillo. Entre ellos, 327 metros sobre los que pasa la carretera. Deja de ser concejal cuatro años después y, al poco, demanda al Ayuntamiento de cuyo grupo de gobierno había sido miembro destacado, acusando a la institución, en román paladino, de ser un desastre. Y se lleva 564.000 euros en concepto de indemnización, sentencia judicial mediante.

De manera más que relacionada con este asunto se ventila una investigación en el Juzgado de Instrucción número 5 de Puerto del Rosario por una licencia de obras en terrenos que también eran del susodicho concejal. El juez Alfonso Silos tiene para entretenerse con mediciones de parcelas, retranqueos, informes y licencias que están en cuestión.

Hay quien dirá que la política majorera también se está “judicializando”, y quien piense que ya era hora de que la Justicia dejara de mirar para otro lado.