El juicio por fraude fiscal contra Domingo González Arroyo, exalcade de La Oliva, exsenador, exdiputado autonómico y exconsejero del Cabildo, inhabilitado para cargo público por un delito continuado de prevaricación, quedó este miércoles visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número dos de Puerto del Rosario.

En concreto, la Fiscalía acusa al administrador formal de la empresa Conlaofu, Eduardo Espinel, y a Domingo González Arroyo, al que se considera el administrador real de la compañía, de dos delitos contra la Hacienda Pública.

En las conclusiones definitivas, expuestas en la segunda sesión del juicio, se confirmó la petición de cuatro años de prisión en total para los dos acusados –una por cada delito contra la Hacienda Pública- y dos multas: 331.171 euros por un presunto fraude en 2009 y más de 1,8 millones por el supuesto delito correspondiente a 2010.

En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía reclamó que “conjunta y solidariamente”, y de forma subsidiaria la empresa, los acusados indemnicen a la Hacienda pública estatal con casi 1,1 millones de euros, por las cuotas no ingresadas de los impuestos de sociedades de los años 2009 y 2010, más los intereses de demora que correspondan.

La Abogacía del Estado, presente en el juicio como acusación en representación de la Agencia Tributaria, también confirmó las peticiones de pena para los acusados, si bien rebajó el importe de responsabilidad civil al existir dos informes periciales –el encargado por Hacienda y el presentado por las defensas- que diferían de las cantidades.

En el escrito de acusación elevado a definitivo en la sesión de este miércoles, la Fiscalía señala que González Arroyo “tejió una red de entidades mercantiles a las que revistió formalmente de personalidad jurídica propia y separada, pero que en realidad funcionaban como una sola bajo el principio de caja única”.

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También subraya que, “para aparentar la inexistencia de vínculo alguno” con las empresas y “fundamentalmente con las actividades que estas llevaran a cabo”, designó como administrador único de la mayoría de ellas al otro acusado, que era trabajador del Ayuntamiento de La Oliva, del que González Arroyo fue alcalde de forma ininterrumpida desde 1979 hasta 2003. La Fiscalía asegura que las empresas, “en realidad”, las administraba González Arroyo.

La investigación de la Agencia Tributaria se centró en una compleja operación de compraventa de la que, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, se derivó un presunto fraude a Hacienda de más de un millón de euros.

La empresa Conlaofu se constituyó el 31 de diciembre de 1985 y estuvo dada de alta en el impuesto de actividades económicas en dos epígrafes: comercio de carburantes y de accesorios y recambios de vehículos.

El 13 de febrero de 1987, la empresa compra por 700.000 pesetas una finca en la urbanización Corralejo Playa que luego sería alquilada a otra empresa que la Fiscalía vincula a González Arroyo: PILA SA, titular de una gasolinera en esos terrenos.

Años más tarde, en septiembre de 2009, esa finca en la urbanización Corralejo Playa se divide en dos parcelas, que se valoran en dos millones de euros. De esta manera, de la finca original se segrega la parte donde está la gasolinera, que representa el 10,75 por ciento de los terrenos, mientras que el resto, que ocupa el 89,25 por ciento, se destina a uso comercial.

El mismo día que se divide la finca (el 10 de septiembre), y ante el mismo notario, las empresas Conlaofu y PILA venden a la petrolera DISA la parcela donde se ubica la gasolinera y la propia estación de servicio por un importe global de cuatro millones de euros.

Un directivo de la compañía petrolífera declaró en la primera sesión del juicio que negoció la compra exclusivamente con Domingo González Arroyo y que dio la impresión que tenía plena autonomía para decidir todos los detalles de la operación, sin tener que consultar con nadie, aunque luego la firma en notaría se realizó con otras dos personas.

La Fiscalía resalta que de esa venta por cuatro millones, a Conlaofu le correspondieron 850.000 euros. Sin embargo, la empresa al presentar la liquidación de su impuesto de sociedades declaró un beneficio por la venta de 637.648 euros y, después de dotar 348.480 euros en la Reserva de Inversiones de Canarias, le salió una cuota a su favor de 579,4 euros.

El Ministerio Fiscal concluye que se ocultó un beneficio de 211.862 euros y que la empresa no podía meter los beneficios obtenidos por la venta de la propiedad en la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC). En este caso, el “perjuicio para el erario público”, añade, ascendió a 165.585 euros.

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La operación investigada tiene una vuelta de tuerca. En noviembre de 2010 se constituye una nueva empresa, denominada Lomos de San Roque, de la que Conlaofu suscribe el 99 por ciento de las participaciones, por importe de 300.000 euros. No se desembolsó el dinero sino que se aportó la segunda de las parcelas segregadas en la urbanización Corralejo Playa.

La Fiscalía también considera que ahí se produjeron irregularidades: la sociedad contabilizó un beneficio de 300.000 euros cuando “el importe correcto” hubiera sido de 3,2 millones de euros. A esta millonaria cantidad llegó Hacienda después de restar el precio por el que había sido comprada finca, apenas 3.754 euros, al valor de mercado de la parcela.

La Fiscalía subraya que la empresa que vincula a González Arroyo debería haber declarado en 2010 más de 3,1 millones de euros y haber ingresado al erario público 927.752 euros.

Dos sociedades, una caja

Aunque en apariencia Conlaofu y PILA eran dos empresas distintas, con administradores diferentes, “los asientos contables reflejan que estas dos sociedades no son independientes entre sí”, destaca la acusación elevada a definitiva este miércoles.

Así, el rastro seguido revela que la primera empresa asume gastos de la segunda, que una de las compañías “paga los impuestos y sanciones de la otra” y que, “en definitiva, ambas sociedades funcionan bajo el principio de caja única”.

La Fiscalía llegó a esa conclusión, además, “por la forma en que se concreta el pago que hace DISA” por la gasolinera en la urbanización Corralejo Playa. La compañía petrolífera asume un préstamo hipotecario que gravaba la finca y entrega un cheque a nombre de la empresa Conlaofu por 149.883 euros.

“Sin embargo, ni los extractos bancarios” de esta sociedad “ni la contabilidad aportada y analizada por la inspección recogen esta entrada de fondos ni en el ejercicio 2009 ni en el 2010”. ¿Dónde termina “el producto de la venta”? En la mercantil PILA, “lo que evidencia que estas sociedades son una misma”.

“Para cerrar el círculo”, la Fiscalía señala a otra empresa “dominada” por González Arroyo, Infrarenta, de la que “es socio y apoderado”, y que es la “receptora de importantes ingresos de Conlaofu”, que cifra en 103.158 euros en los años 2009 y 2010.

Como administrador de Infrarenta aparece José María Pérez Palma, que el Ministerio Fiscal recuerda que fue contratado como topógrafo por el Ayuntamiento de La Oliva, pese a que carecía de la titulación, cuando González Arroyo era el alcalde. Por ello, “ambos fueron condenados por delito de intrusismo”.