Domingo González Arroyo, exalcalde de La Oliva, exsenador y líder del partido Gana Fuerteventura, se sienta en el banquillo de los acusados en un nuevo juicio por un delito contra la Hacienda Pública, que arrancó este martes en el Juzgado de lo Penal número dos de Puerto del Rosario y en el que la Fiscalía le solicita, inicialmente, cuatro años de prisión.

A González Arroyo y al administrador formal de la empresa Conlaofu, Eduardo Espinel, se les investiga por un supuesto fraude al erario público en una compleja operación de venta de una gasolinera en Corralejo en septiembre de 2009. En la acusación se apunta a un presunto fraude a Hacienda de más de un millón de euros.

Aunque aparentemente el conocido como ‘Marqués de las Dunas’ no aparecía en la empresa, “todo apuntaba a que quien estaba detrás era Domingo González Arroyo”, declaró uno de los técnicos de la Agencia Tributaria que testificó en la primera sesión del juicio.

Entre los indicios que vinculaban a González Arroyo con Conlaofu, que formaría parte de un entramado de empresas con Calaofu, por la que ya ha sido condenado a tres años de cárcel también por fraude fiscal, Tostón Playa, Radio Difusión Fuerteventura, Pila, Infrarenta o Prelao, el técnico de Hacienda destacó que estaban contabilizados pagos de la vivienda de una pareja del exalcalde, madre de algunos de sus hijos.

También había anotados pagos en efectivo supuestamente a González Arroyo y, al inspector de Hacienda que llevó a cabo la investigación, le “llamó la atención” que estuviera contabilizado un préstamo de 41.000 euros al Partido Popular, que la empresa no reclamó y que “el partido, pese a ser solvente, no había devuelto”. Domingo González Arroyo fue durante años líder del PP en Fuerteventura.

Cuando se inició la investigación tributaria, como la empresa no recogió la notificación por vía electrónica, el inspector de Hacienda se desplazó al que aparecía como domicilio de la empresa para entregarla en mano. “Pensé que me iba a encontrar con un perfil de empresario y me encontré con un matrimonio humilde”, recuerda. Lo que ya le hizo dudar fue escuchar a la señora decir a su marido: “Ay Eduardo, ya te dije que te ibas a meter en líos por ayudar a este señor”.

En el juicio, Eduardo Espinel, que fue carpintero en el Ayuntamiento de La Oliva, declaró que había sido nombrado administrador de varias sociedades, entre ellas Conlaofu, por hacer “un favor” a Ceferino Guerra, ya fallecido, y evitó mencionar a González Arroyo. Añadió que no sabía a lo que se dedicaban las empresas y que solo firmaba documentación. Cuando había que suscribir alguna operación, le “mandaban a buscar” y le decían: “Pasa a firmar”.

Eduardo Espinel y González Arroyo.

“Ay Eduardo, ya te dije que te ibas a meter en líos por ayudar a este señor”

A los dos días de convertirse en administrador de Conlaofu, firmó como representante de la sociedad la venta de una gasolinera y el solar a la compañía DISA. “No sabía lo que se vendía”, dijo. Los terrenos habían sido adquiridos por Conlaofu en febrero de 1987 por 700.000 pesetas de la época en la urbanización Corralejo Playa. Esta empresa se los alquiló a PILA SA, otra sociedad que la Fiscalía vincula a González Arroyo y que era la titular de la gasolinera.

En septiembre de 2009, la finca se divide en dos parcelas y se vende a DISA el 10,75 por ciento de los terrenos, que coincide con los que ocupa la gasolinera, y la propia estación de servicio, por cuatro millones de euros. De ese importe, a Conlaofu le correspondieron 850.000 euros, pero la empresa solo declaró un beneficio de 637.648 euros y dotó 348.480 euros a la Reserva de Inversiones de Canarias, por lo que en el impuesto de sociedades le salió a su favor una cuota de 579,4 euros.

De la investigación de la Agencia Tributaria se concluye que en esa operación se ocultó un beneficio de 211.862 euros, además de que la empresa no podía meter los beneficios obtenidos por la venta de la propiedad en la RIC. En este caso, el “perjuicio para el erario público”, añade, ascendió a 165.585 euros. El límite para que el fraude fiscal se considere delito está fijado en 120.000 euros.

“Negocié con González Arroyo”

En el juicio también declaró un directivo de DISA, que fue el responsable de la operación de compra de la estación de servicio, en la Avenida Nuestra Señora del Carmen de Corralejo. “Con quien negocié fue con Domingo González Arroyo”, subrayó el representante de la compañía. “Me vino este señor, que tenía una reputación, que era alcalde de La Oliva y me dijo que la estación de servicio estaba en venta”, recordó.

Todos los detalles del “trato” se negociaron con González Arroyo, incluido el precio. “No tenía que consultar nada, daba la impresión que negociaba con plena autonomía”. Cuando se llegó al acuerdo, a la notaría “fueron dos personas a las que no conocía de nada” en representación de la empresa Conlaofu, señaló el directivo de DISA.

En la empresa había anotado un préstamo de 41.000 euros al Partido Popular

Otro de los indicios que hizo saltar las alarmas de Hacienda fue que, entre los medios de pago de la venta, se encontraba un cheque de 159.000 euros por los terrenos “que nunca se ingresa en Conlaofu”. De la operación, recordó el inspector que hizo el rastreo, “el dinero se lo lleva PILA”, a nombre de la que estaba la gasolinera, pero no el solar. “La conclusión es que las dos sociedades eran lo mismo” y que funcionaban con el sistema de “caja única”, resaltó el técnico.

Gasolinera en Corralejo.

Más indicios que apuntan a González Arroyo y que salieron a relucir en el juicio fueron que el exalcalde de La Oliva avaló tres préstamos bancarios: en noviembre de 2008 uno de casi un millón que reciben las sociedades Conlaofu y Calaofu; otro en mayo de 2009 de 700.000 euros en el que el dinero lo recibe PILA SA, la hipoteca la constituye Conlaofu y quien avala es González Arroyo; y uno más de 810.000 euros que recibe Conlaofu, quien hipoteca es Lomos de San Roque y quien vuelva a avalar es González Arroyo.

En su declaración insistió en que eso no significa “que cogiera ni un duro” de ese dinero y justificó su decisión de avalar a las citadas empresas porque en las mismas trabajaban su esposa, ya fallecida, y cuatro de sus hijos. “Si tuviera que volver a firmar, para que no perdieran su trabajo, lo volvería a repetir”, afirmó. Eso sí, pese a avalar tres créditos insistió en que “no sabía” a qué se dedicaban esas sociedades, “ni para qué era el dinero” de los préstamos, ni tampoco “cómo fueron contratados sus hijos” en las empresas.

González Arroyo afirmó que ni él ni su familia habían tenido “ninguna gasolinera” y que, a título particular, tampoco había tenido empresas –“nunca he constituido ni he sido socio de ninguna sociedad”, aseguró-, aunque luego reconoció que sí que había poseído participaciones en la empresa Infrarenta, de la que es administrador José María Pérez Palma, que fue yerno del exalcalde de La Oliva. Ambos fueron condenados por un delito de intrusismo: González Arroyo lo contrató como topógrafo pese a carecer de la cualificación. De Infrarenta, en el juicio salió a relucir que González Arroyo era apoderado de una cuenta bancaria.