El traspaso de las competencias en materia de Costas a la comunidad autónoma se lleva anunciando desde hace meses y parece inminente. Antes de que se produzca, los ecologistas exigen al Ministerio de Transición Ecológica que inicie el expediente de caducidad de la concesión del Hotel Oliva Beach y de los apartamentos del mismo nombre, que se levantan sobre el dominio público marítimo terrestre en las Dunas de Corralejo.

El motivo es la sanción impuesta este año por el propio ministerio de Teresa Ribera a la empresa que tiene la concesión, Geafond número uno Lanzarote, controlada por RIU, por cometer una infracción grave y dos leves de la Ley de Costas, al haber ocupado terrenos del dominio público “fuera de los límites de la concesión”, impedir el acceso a zonas de uso “público y gratuito”, además de diversas obras e instalaciones consideradas ilegales, como un vallado de 566 metros, una carretera y aparcamiento de 7.050 metros, otros 2.020 metros de aceras y 4.851 metros de jardines, así como depósitos y una caseta. La multa ascendió a 205.000 euros y también se obligaba a restituir la realidad física alterada.

Honorio Galindo, portavoz de Turcón-Ecologistas en Acción, destaca que las infracciones de la Ley de Costas permiten caducar la concesión del dominio público otorgada a RIU. Es más, los ecologistas consideran que tras la resolución sancionadora el Gobierno está “obligado a declarar la caducidad de la concesión”.

“No queda margen para una apreciación discrecional”, señala Noelia Sánchez, secretaria de la federación Ben Magec. En primer lugar, los ecologistas se dirigieron a la Demarcación de Costas de Canarias, aunque por el elevado importe de la sanción saben que “la tuvo que firmar la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro”.

Hace más de tres meses que instaron a la Demarcación a que iniciara los trámites para caducar la concesión del Oliva Beach por las infracciones de la cadena hotelera. Al no haber recibido respuesta se han dirigido de forma directa al Ministerio de Transición Ecológica a través de un recurso ante el silencio de los responsables de Costas en Canarias.

Al Ministerio le han aportado documentación técnica que acredita los incumplimientos de RIU, como actas levantadas por los responsables de Costas en las Islas, incluido el actual jefe de la Demarcación, Alberto Martín.

“Ya está bien de burlarse de la ley. Ni las administraciones locales ni RIU pueden seguir escudándose en los trabajadores”, señala Galindo, que considera que la cadena hotelera tiene opciones de resolver la situación de los trabajadores, mediante reubicaciones o prejubilaciones.

En la federación ecologista temen que se produzca el traspaso de las competencias al Gobierno de Canarias y los expedientes a la cadena hotelera, que también tiene el Tres Islas con un expediente de caducidad abierto y el Oliva Beach en situación comprometida, queden en nada por la presión política al Gobierno autonómico. “La pelota está ahora en el Ministerio”, afirma Galindo.