Los vecinos del casco viejo de Corralejo llevan más de dos décadas luchando para demostrar que las viviendas del pueblo marinero son suyas por derecho. La pérdida económica para las familias y el daño emocional no lo repara ninguna sentencia. Muchos fundadores del casco antiguo han muerto sin ver el final de este embrollo judicial, del que aún quedan por celebrarse dos causas penales y por tramitarse una treintena de demandas más.

El movimiento vecinal de Corralejo ha sido todo un ejemplo en Canarias y España al conseguir una magnífica organización, una excelente defensa jurídica y unirse como una piña, con el único fin de proteger las viviendas marineras de la especulación urbanística. Un pueblo levantado hace dos siglos con esfuerzo y trabajo, cuya defensa fue reconocida en el año 2017 con la Medalla de Oro de Canarias.

Su bandera es el conocido encuentro de improvisadores de las fiestas del Carmen, que organizan para recordar su historia y recaudar fondos para seguir con la lucha. En 2019 se celebró la décimo cuarta edición, en 2020 se celebró online por la COVID y este año se retoma el festival el 15 de julio.

En la actualidad, la batalla sigue su curso en los tribunales. El portavoz del casco viejo, Miguel Socorro, recuerda que su mayor pena es no haber aprovechado el conocimiento de la gente mayor del pueblo, que ha fallecido durante estas dos décadas de lucha. “Ellos conocían la historia, contaban anécdotas de cómo se fundó este pueblo marinero, que sigue en pie gracias a sus descendientes”, destaca.

“Muchas viviendas siguen sin inscribirse en el Registro de la Propiedad porque llevamos más de un centenar de sentencias ganadas en primera instancia, pero luego las recurren y la Justicia va muy lenta”, añade.

Para la gente del pueblo, los culpables de esta trama tienen nombre y apellidos. La hija del conocido Antoñito El Farero de Lobos, Tomasa Hernández, de 75 años, cuenta que un día tocaron en la casa y era José Manuel Jiménez del Valle, acompañado de un notario, para decir que habían comprado la propiedad y les pertenecía.

“Mi padre quiso salir con un palo a matarlos, porque para fabricarla pasó muchos trabajitos; traía las piedras con el burro y el agua del mar hasta la calle La Milagrosa, cuando corría el año 1967”, rememora con lucidez.

La casa sigue en pie porque se ha reformado año tras año. Antoñito y su mujer tuvieron ocho hijos y el farero falleció con la pena de no ver resuelto el problema de la vivienda. Compró el terreno, construyó la casa, pero no se registró porque no había oficina en Fuerteventura y el Registro de la Propiedad estaba en Lanzarote.

“Un apretón de manos y la palabra dada valía oro, nadie pensó que unos sinvergüenzas vinieran a arrebatarnos nuestras casas”, reflexiona Tomasa. Allí se criaron, y vivieron entre Corralejo y el islote de Lobos.

“Queremos registrar ya la casa y olvidarnos de una vez de esta pesadilla”

Lo mismo le sucedió al centenar de familias que se afincaron en el casco viejo. La vecina Rosa Umpiérrez, de 66 años, cuenta que sus padres siempre decían que compraron una casa a Rafaela y Esteban Sánchez en 1962, formada por “un zaguán, una habitación techada y otra destechada”. “Mis padres reformaron la casa y siempre estuvo habitada por ellos y después por sus hijos”, expone Rosa.

Para ella, el conflicto no tiene sentido porque las viviendas siempre estuvieron habitadas por sus legítimos propietarios, nunca se cerraron ni abandonaron y se pagaron los impuestos. Algunos tienen un documento privado antiguo de la compra y otros ni siquiera eso. Al igual que la familia de Antoñito -“vivimos pegados”- espera “con impaciencia poder registrar ya de una vez la casa y olvidarnos de esta pesadilla”.

Morera se adelantó

La vecina Estrella Morera desvela que su caso fue diferente porque se adelantaron a la picaresca. “Mis padres vivían en el mismo muelle, en lo que es actualmente el restaurante La Marquesina, y, cuando vinieron a decirnos que la casa era de ellos, sacamos el papel del Registro de la Propiedad, porque los abogados habían viajado a Lanzarote y la habían registrado a nombre de mi familia”. Eso les salvó.

“De niña me tiraba al agua por la ventana de casa, no estaba hecho ni el muellito actual y la marea pegaba contra el muro de la vivienda”, recuerda. Vivió una infancia muy bonita. “En el casco viejo todos se conocían y se vivía con tranquilidad, todos se ayudaban y la playa y la bahía se llenaba de barquitos”, rememora.

“Mi abuela Vicenta Carballo construyó la casa en la Plaza Patricio Calero y allí nació mi madre y mi tía la mayor”, señala Matilde Rodríguez González, de 73 años. Tenían ganado y terrenos. Los hijos hicieron “las partes”, se reformó la vivienda, que tenía paredes de piedra antiguas y ellos vivieron en la parte que le tocó a su madre, que tuvo dos hijas y dos hijos.

“Nos encanta reunirnos en la casa y recordar los viejos tiempos”, afirma Matilde. “A mi madre le gustaba el mar, y a mi padre, de Villaverde, el campo”. Ambos murieron mayores, con más de 90 años, y su madre sufrió el problema de la vivienda, “con las penitas” que pasaron para construirla, narra emocionada. Siguen sin poder registrar la propiedad y navegan en el laberinto administrativo, a la espera de obtener un resultado satisfactorio para toda la familia.

Sin metros en la finca

Miguel Socorro relata la historia del conflicto urbanístico, desde que Jiménez del Valle anunció que habían comprado 9.458 metros cuadrados en Corralejo y el propio registrador dice que no se conocían los linderos de la finca y no se sabía ni dónde estaba, pero empiezan a segregar. “Revisan al vecino que no tenía registrado, solicitan licencia de segregación en el Ayuntamiento de La Oliva, que no responde en el plazo, y se acogen al silencio administrativo, van al notario, y con la implicación de todos estos profesionales, empiezan a escriturar la licencia y logran registrar la propiedad”, recuerda Socorro.

Los vecinos hacen recuento de la batalla legal: 117 sentencias ganadas

Una vez registradas, las inmobiliarias empiezan a vender las casas con sus legítimos propietarios viviendo en el interior y sin conocer lo que estaba sucediendo a nivel administrativo. Un caso que da para una novela o una película, que son los próximos objetivos del vecindario para recoger con todo lujo de detalles la injusticia vivida por el pueblo de Corralejo. “Llegaron a realizar 66 segregaciones y la finca se ha quedado sin superficie, quedan tres metros cuadrados actualmente”, explica.

En el reciente procedimiento iniciado por la familia de Antonio Hernández Páez, se pidió que, “al no haber metros” en la finca, se concediera un “exceso de cabida para que se permita registrar” el inmueble. A este último juicio no se presentó Jiménez del Valle y ganó la familia, que tiene que esperar 16 meses para registrar.

“Con las 30 casas” que quedan y que “se convertirán en demandas judiciales” se va a utilizar el mismo argumento, anuncia el portavoz vecinal, que hace recuento de la batalla legal: 117 sentencias ganadas, 54 en primera instancia, 44 de la Audiencia Provincial y 19 del Tribunal Supremo.

Once acusados

La causa principal en la vía penal está pendiente de que se celebre el juicio. La acusación quiere sentar en el banquillo a 11 personas por la presunta trama delictiva en torno a las casas del casco viejo de Corralejo y pide para el supuesto cabecilla, Jiménez del Valle, nueve años de cárcel, por un delito de estafa continuada. La Fiscalía pide que se le impongan seis años de prisión.

El procedimiento se inició por la denuncia, de marzo de 2009, de los vecinos bajo la dirección letrada de Sebastián Socorro. La fiscal Evangelina Ríos señala que los acusados intentaron disponer de los inmuebles ubicados en el corazón de Corralejo como si fueran propios, a sabiendas de que pertenecían a otras personas, que nunca perdieron la posesión de sus bienes.

La Justicia también investiga en una causa penal al empresario Luis Hernández, expresidente de la Autoridad Portuaria, por un presunto delito de estafa, tras admitir a trámite la denuncia interpuesta por los propietarios de la conocida como Casa de los cazadores.

El empresario vendió el inmueble “a sabiendas” de que no le pertenecía, porque así lo habían dictaminado previamente los tribunales. En 2013, la Justicia dio la razón a la comunidad de propietarios del inmueble frente a Luis Hernández, que había pagado 462.779 euros por ella a una empresa de Jiménez del Valle, que a su vez había inscrito la casa a su nombre en el Registro, pese a que no le pertenecía. Hace algo más de un mes, tanto Hernández como su esposa, Carmen Rosa Vicente Darias, se negaron a declarar. Los vecinos esperan la apertura de juicio oral.

Casa de la Partera

Miguel Socorro y Goyo Benítez destacan el caso de la Casa de la Partera, que estuvo “en peligro” de ser derribada. La trama llega a un acuerdo con un empresario de Madrid y se pide un crédito avalado con el inmueble que se deja de pagar. El banco quería derribar la edificación. “Logramos hablar con el banco que perdió el dinero, pero vemos que no denuncia”, aseguran.

Todo eso sucede cuando ya estaba puesta la denuncia principal por la vía penal, que es la más esperada por los vecinos. “Los culpables tienen que pagar con prisión, porque es la única forma de reparar el daño emocional, el desembolso económico que ha supuesto para las familias, que lleva cada una de 3.000 a 9.000 euros gastados en juicios y abogados para conseguir registrar sus viviendas”, destaca Miguel.

“No descansaremos hasta que no los veamos en prisión a todos”, subrayan. Mientras, en los muros de cada casa del casco viejo queda grabada una historia familiar imborrable y sensaciones y sentimientos que dan cuenta de su pasado y dejan huella en la retina del visitante.