La situación y previsión de los expedientes abiertos en materia de Costas, de cara a la transferencia de competencias de la misma, que está en proceso de conclusión desde el Estado al Gobierno de Canarias y que será definitiva el 1 de enero de 2023, ha sido el tema central de las reuniones mantenidas tanto la pasada semana como en la mañana de este lunes, entre los distintos ayuntamientos de Fuerteventura y el Cabildo, representado por su presidente, Sergio Lloret, la vicepresidenta primera, Lola García, y el vicepresidente segundo, Claudio Gutiérrez.

Tras la videoconferencia celebrada el pasado día 2 de septiembre entre los cabildos insulares, los ayuntamientos y el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, la Corporación Insular señaló en un comunicado que ha tratado de “aunar esfuerzos” con las instituciones municipales para "ir de la mano" al respecto de la información que se trasladará a la Consejería y al Ministerio, antes de que se complete la transmisión de competencias desde el Estado a la comunidad autónoma.

"Tenemos que tener presente que aquellos expedientes que estén en trámite y que sean resueltos antes del día 1 de enero de 2023, corresponderán al Estado a la hora también de resolver recursos y reclamaciones; mientras la comunidad autónoma asumirá plenamente la tramitación y resolución de los mismos a partir del 1 de enero", resaltó Lloret.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura compartió con los representantes municipales la solicitud del consejero Valbuena de elaborar dos listados de expedientes, para su traslado al Ministerio y a la Consejería.

Por un lado, se informará de aquellos expedientes que se encuentren en la recta final de su tramitación e interese agilizar y resolver lo antes posible. Mientras, por otro lado, se elaborará un listado con aquellos casos en los que pudieran existir discrepancias entre el Estado y la comunidad autónoma en cuanto a las resoluciones y, por tanto, se considerará “preferible la suspensión de la tramitación hasta que se haya concluido la transferencia de competencias, para que sea el Gobierno de Canarias quien emita los dictámenes definitivos”.

En este sentido, durante los encuentros entre la institución insular y los ayuntamientos, se pusieron sobre la mesa aquellos expedientes en los que resulta más indicado la tramitación inmediata, así como aquellos en los "pudieran existir más conflictos", como “los relativos la renovación de concesiones administrativas por parte de instalaciones hoteleras, como es el caso de los hoteles a Oliva Beach y Tres Islas”, al no considerar "competente" al Estado para su resolución, “ya que los expedientes se iniciaron después de la modificación del Estatuto de Autonomía de 2018”, indicó el Cabildo majorero.

Sin “falsas expectativas”

"No vamos a lanzar falsas expectativas ni falsos mensajes, porque la ley sigue siendo la misma, los deslindes son los mismos y la transferencia de competencias no hará que cambie la normativa. Pero sí que estamos convencidos de que podemos ir buscando mejores soluciones en la gestión de los expedientes desde Canarias", resaltó Lloret, apuntando que "todo lo que se refiere ordenación y la planificación, así como a la gestión y otorgamiento de concesiones administrativas, sí que creemos que, con el análisis detallado y pormenorizado desde la comunidad autónoma, va a ser más fácil de resolver que con una centralización en Madrid".

Lloret y el grupo de gobierno insular han considerado de vital importancia "contar con los ayuntamientos en la toma de decisiones al respecto de qué expedientes interesa acelerar y ultimar su tramitación antes del 1 de enero, frente a aquellos que entendemos que hay argumentos suficientes para que sean resueltos por la comunidad autónoma", explicó el presidente.

Concesiones en las Dunas

Dentro de este planteamiento, Lloret destacó el “especial interés” que tienen casos como los que afectan al Hotel Oliva Beach y al Hotel Palace Tres Islas, en las Dunas de Corralejo, en cuanto a la caducidad de las concesiones administrativas.

"Lo hemos dicho en varias ocasiones y ahora lo reiteraremos tanto a la comunidad autónoma como al Estado, ya que se trata de una competencia autonómica desde el año 2018. Entendemos que el Estado ya no está legitimado para actuar en la forma en que lo está haciendo, porque son expedientes de caducidad de concesiones administrativas que se han iniciado hace apenas unos meses, cuando ya se encontraba en la recta final la tramitación de este proceso de transferencia de las competencias en materia de Costas, y consideramos que deben ser resueltos por la comunidad autónoma a partir del 1 de enero", afirmó.

En este sentido, Lloret considera necesario mantener una reunión con la empresa afectada por los expedientes, conjuntamente con los miembros de la corporación del Ayuntamiento de La Oliva "para intentar ir de la mano en este planteamiento conjunto".

Ordenación de las zonas costeras

Ante el planteamiento manifestado por el alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, en cuanto a la situación en que quedarán los distintos núcleos costeros, el presidente del Cabildo de Fuerteventura trasladó a los representantes de los ayuntamientos que, a ojos de la Federación Canaria de Islas (FECAI), los casos relativos a la ordenación urbanística y planeamiento, así como de las aguas someras de las zonas de dominio público, "entendemos que corresponden a los Cabildos Insulares", apuntó Lloret.

"Ahora nos toca, una vez se haya completado la transferencia y asumidas las competencias del Gobierno Canario, ver cómo participan los cabildos y ayuntamientos en la gestión de las zonas costeras y en su planificación. Entendemos que, en el caso de Canarias, la isla es la unidad de gestión administrativa y, por supuesto, los cabildos tendremos mucho que decir al respecto de la trasferencia de competencias en lo que respecta a la planificación y ordenación, que entendemos corresponde a los cabildos", detalló Sergio Lloret.

En esta materia, según informó el presidente, ya se encuentran trabajando los servicios jurídicos de la FECAI con el fin de trasladar al gobierno autonómico una propuesta concreta al respecto de la Ordenación Urbanística y Planeamiento de las Zonas Costeras de Dominio Público.

En la reunión mantenida en la mañana de este lunes, estuvieron presentes Pedro Armas y Marcelino Cerdeña, alcaldes de los municipios de Pájara y Betancuria, respectivamente; así como Deborah Edgington, concejala de Antigua; Javier Ledo, edil de Puerto del Rosario; el edil de La Oliva, Pedro Amador; Yurena Vera, concejala del Ayuntamiento de Tuineje, Mayra Marichal, concejala del Ayuntamiento Puerto del Rosario; además de la portavoz del Partido Socialista (PSOE) en el Cabildo Insular, María Jesús de la Cruz, y el del Grupo Mixto, Andrés Briansó.