La Fiscalía ha solicitado una condena de 10 años de inhabilitación para Natalia Évora, que fue consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura durante 12 años, entre 2007 y 2019, por presuntas irregularidades en la gestión del transporte de residuos en Isla de Lobos. El Ministerio Fiscal acusa a Évora de un supuesto delito de prevaricación administrativa, relacionado con la legislación en materia de contratos del sector público y con la normativa de residuos.

La exconsejera de Medio Ambiente acaba de ser elegida diputada para la próxima legislatura en el Parlamento de Canarias. En la solicitud de pena se especifica la petición de “pérdida del empleo o cargo representativo que tuviera, así como la imposibilidad de concurrir a ningún tipo de elección” o ser nombrada “para puesto representativo o ejecutivo o gestor por una autoridad pública por dicho período”.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, en el que se solicita la apertura de juicio oral ante el Juzgado de lo Penal, se destaca que a la entonces consejera insular de Medio Ambiente le correspondió la gestión del Parque Natural de Isla de Lobos. “Esta gestión se llevó a cabo directamente por el propio Cabildo durante el período 2007 a 2015, encomendándose a partir del 1 de enero de 2016 a la entidad instrumental Tragsa, se capital íntegramente público”, detalla la Fiscalía.

Esa gestión directa por parte de la Corporación insular exigía el traslado de personal del Cabildo majorero a la Isla para el desempeño de sus funciones y, por otro lado, la retirada de los residuos que se producían en el Parque Natural, uno de los lugares de visita turística más demandados.

La Fiscalía resalta que, al acceder al cargo de consejera de Medio Ambiente, la acusada “mantuvo, a sabiendas de su completa ilegalidad, a la entidad Nortour SL”, naviera propietaria del barco Majorero, “como transportista de los residuos generados” en Lobos hasta el puerto de Corralejo, y como transportista del personal del Cabildo al islote, “sin que tuviera contrato escrito alguno y sin que, desde luego, hubiera existido procedimiento administrativo alguno de contratación en el que se garantizasen los principios de igualdad, publicidad y pública concurrencia”. El Ministerio Fiscal resalta también que el servicio se prestó sin que el transportista “cumpliera las obligaciones impuestas por la Ley de Residuos”.

Según la Fiscalía, en el periodo analizado, el total abonado por el Cabildo majorero a la empresa ascendió a más de 179.000 euros y apunta a la exconsejera, de la que subraya que es “directamente responsable” de “mantener” sin expediente administrativo alguno y sin procedimiento de contratación, “sin informe técnico alguno o estudio económico que amparase la fijación de precios”, un “contrato verbal, absolutamente prohibido por la legislación, de duración indefinida” y de cuantía “muy superior a los 18.000 euros”, que marcaría el límite del contrato menor.

En el desglose de las cantidades que realiza el Ministerio Fiscal se apunta que en el año 2007 el Cabildo abonó a la naviera 22.358 euros, mientras que entre enero y agosto de 2008 se pagaron otros 15.408 euros. Las facturas de los meses de septiembre a diciembre de aquel año no se encontraron. En 2009 se abonaron otros 33.954 euros, con pagos periódicos que oscilaron entre los 1.776 euros y los casi 5.000 euros de algunos meses.

“Ni se verificó ni garantizó” que el transportista cumpliera con la normativa de residuos

Al año siguiente, la Fiscalía entiende que en vez de sacar a concurso la contratación del servicio de transporte de residuos de Lobos a Fuerteventura y para mover al personal de la institución insular, “a sabiendas de su ilegalidad y con clara voluntad de encubrir la necesidad de licitar los servicios”, la acusada “determinó que la cuantía anual a abonar” ascendería a 18.000 euros, “sin informe técnico o estudio económico alguno que amparase la fijación de precio, celebrando un acuerdo verbal, absolutamente prohibido por la legislación” y de “duración indefinida”. De esta manera, aunque en 2010 se pagaron 18.877 euros, entre los años 2011 y 2015 se abonaron 17.980 euros por ejercicio.

En ese sentido, la Fiscalía sostiene que, también “a sabiendas de su absoluta ilegalidad”, la entonces consejera de Medio Ambiente determinó que a partir de 2010 el traslado de personal de su departamento a Lobos “se realizara de forma gratuita”.

Ley de Residuos

En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal entiende que se produjo una “infracción” de la normativa de residuos, “pues ni se verificó ni garantizó que el transportista de basura estuviera inscrito en el Registro de Producción de Residuos ni que cumpliera los requisitos necesarios ni que cumpliera las obligaciones de documentación impuestas por la Ley de Residuos”. Con este tipo de relación contractual, apostilla la Fiscalía, se benefició a una empresa particular entre 2007 y 2015, “con exclusión” de cualquiera que pudiera prestar ese servicio.