Entre la noche del pasado 11 de enero y la mañana del día 12 se desplomó una parte del techo del local que ocupa la Fiscalía en Puerto del Rosario. Si alguien quisiera destacar un símbolo sobre la situación de la Administración de Justicia en la capital majorera, no tendría que buscar mucho: los fallos son estructurales y no va a valer solo con un pequeño arreglo. Después de haber trabajado en parte en la sede de Majada Marcial, además de en otra ubicación y teletrabajando, la Fiscalía ha vuelto al mismo lugar.

En cualquier caso, ni con esa sede en condiciones ni en otra distinta se solucionarían los problemas de infraestructuras que acechan a quienes trabajan en la Administración de Justicia en Fuerteventura, o a quienes necesitan de sus servicios.

La memoria anual que publica el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) destaca sobre la situación en Puerto del Rosario que existe una “grave dispersión en tres sedes agravada por el cierre estructural del edificio de Fiscalía, obligando a usar salas de vistas como despachos” y añade que “se requiere ubicación definitiva para Fiscalía, más salas de vistas, vehículos oficiales, mejoras tecnológicas y corregir fallos de seguridad/privacidad para las víctimas”.

Los fiscales y otros trabajadores del área enviaron en marzo un escrito tanto a la Fiscalía General del Estado como al Ministerio de Justicia en el que exponían los problemas derivados de la falta de un espacio adecuado, una “grave perturbación del servicio público” y solicitaban “mecanismos de cooperación o colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma” para obtener los “necesarios medios materiales” para el desempeño de sus funciones, así como una sede física de dimensiones suficientes para ubicar a todos sus miembros, “y que no suponga un peligro para la vida y/o integridad física de las personas”.

De las medidas provisionales que solicitaban, como un alquiler de un local cercano, la cesión del uso de dependencias de titularidad estatal o autonómica o cualquier otro mecanismo, no se ha cumplido ninguna. La situación sigue igual.

El diagnóstico está claro pero no llega el tratamiento. En la propia Memoria, el anterior presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo, decía que estas y otras medidas propuestas para otras islas por parte de la Sala de gobierno son “necesarias para garantizar una administración de justicia acorde con las exigencias de un Estado de derecho moderno”. Lorenzo destaca que el año 2025 ha estado marcado por la implantación del nuevo modelo organizativo previsto en la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia: toda una transformación de la organización de los Juzgados, convertidos ahora en tribunales de instancia.

En Fuerteventura se aprobó la separación entre la sección civil y la de instrucción. Donde antes había ocho Juzgados mixtos, ahora hay tres plazas de instrucción y cinco civiles. Desde el 1 de enero también funciona la sección de violencia sobre la mujer de manera independiente.

La jueza Andrea Aguiar, presidenta del Tribunal de Instancia de Puerto de Rosario y titular de la sección civil número 3, valora de forma muy positiva esa transformación pero señala que se ha producido gracias al esfuerzo de funcionarios, profesionales y del resto de trabajadores que operan en el sector. “Todo el personal ha respondido muy bien y ha hecho un gran esfuerzo para que salga adelante, con una disposición extraordinaria para que se pueda trabajar con normalidad”, asegura.

Señala, eso sí, que ese esfuerzo debería ir acompañado de nuevos refuerzos materiales y personales, porque Fuerteventura ha experimentado un gran incremento de la población en los últimos años y por lo tanto de la litigiosidad, y ese aumento se ha cubierto más con el esfuerzo de los trabajadores que con los refuerzos recibidos.

Aguiar considera que el nuevo edificio judicial o Palacio de Justicia es “una prioridad absoluta”. “Estar en tres sedes es incompatible con este nuevo sistema, porque es un sistema hecho para trabajar de manera unificada y eficaz, y de momento lo estamos regulando como hemos podido”, apunta. Pero ese edificio, en el mejor de los casos, va a tardar varios años en estar a punto. De momento ni siquiera se ha adaptado el proyecto anterior a la nueva parcela donde se ubicaría.

Elena Isabel Ruiz, vocal del Consejo Canario de Colegios de Abogados.

Abogacía

Elena Isabel Ruiz es diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Las Palmas, con despacho en Fuerteventura, además de vocal del Consejo Canario de Colegios de Abogados. Destaca que, por volumen de casos ingresados, Puerto del Rosario es el séptimo de los partidos judiciales en Canarias y “presenta una combinación de necesidades que lo sitúa entre los casos prioritarios” en el Archipiélago.

La implantación del expediente digital tiene aún dificultades para los abogados

Ruiz subraya que ya en la Memoria de 2024 se hablaba de la existencia de una necesidad esencialmente inmobiliaria y estructural: la insuficiencia, inadecuación y dispersión de las instalaciones judiciales. La Sala de gobierno consideraba imprescindible avanzar en el proyecto de construcción de un nuevo edificio judicial “que permita solucionar ese problema de forma global” porque la dispersión supone “una peor optimización de los recursos”, decía aquella Memoria.

Destaca que con la reorganización, en la sede de Majada Marcial operan ahora siete Juzgados, o Plazas (los cinco civiles y los dos de lo Social) cuando antes había solo cinco (dos mixtos, dos de lo Social y un Penal). “En la práctica supone mayores dificultades a la hora de organizar las vistas, ya que no hay una sala de vistas para cada Plaza”, resume. “Al retraso que ya padecían los Juzgados hay que añadir la importante paralización que ha supuesto la nueva reorganización y reubicación de las sedes”.

Desde el punto de vista de la abogacía, hace falta más capacidad funcional. Solo hay un vehículo para traslados que preste servicio “y eso genera retrasos al no poderse realizar actuaciones por parte de los distintos Juzgados”. Pone un ejemplo: si un juez tiene que asistir al levantamiento de un cadáver y otro necesita acudir al hospital, por ejemplo, uno de los dos se queda sin vehículo, sin contar con “las salidas necesarias de funcionarios para tomas de posesión de inmuebles en procedimientos de desahucio, por ejemplo, que en ocasiones deben suspenderse por no disponer del vehículo que está siendo utilizado para otra actuación más urgente”, añade.

Respecto a los medios tecnológicos, dice que a pesar de que la ley dispone que pueden realizarse de forma telemática algunas actuaciones como la comparecencia en vistas de testigos o peritos, de personas que no residen en la Isla o que no puedan desplazarse, en la práctica frecuentemente se deniega esta solicitud por la insuficiencia e inadecuación de los medios tecnológicos, que impiden que puedan llevarse a cabo. Y en ocasiones, cuando se accede a la solicitud, se producen suspensiones o retrasos por los problemas de conexión.

La reivindicación de una Plaza de la sección contencioso-administrativa ni siquiera está entre las previsiones que reconoce el TSJC, que solo señala la necesidad de dos nuevas Plazas en la sección civil. Sin embargo, la falta de un Juzgado de este tipo obliga a los afectados, a peritos o a testigos, a desplazarse a Gran Canaria, lo que supone, según Ruiz, “un importante agravio por cuanto en esta jurisdicción los ciudadanos litigan contra una corporación pública en evidente desigualdad, ya que tienen que asumir unos costes de desplazamiento que ni en el caso de obtener un pronunciamiento favorable se resarcen” porque la cantidad a abonar en esos conceptos no es suficiente.

Sede judicial en Majada Marcial.

Digital

La implantación del expediente digital también tiene aún dificultades para los abogados, que en ocasiones no pueden ver los señalamientos, expedientes y otras funciones en tiempo real. En la práctica, los problemas derivan de que en los procedimientos penales las causas no están foliadas, cuando las partes, a la hora de realizar sus escritos de calificación, deben señalar folios concretos de las actuaciones. El Colegio de Abogados de Las Palmas solicita crear un sistema para que los autos estén foliados de manera digital, como se hacía en el formato papel.

“Estar en tres sedes es incompatible con este nuevo sistema”

Por otra parte, la reorganización está trayendo otros problemas. No existe aún un listado de teléfonos o correos electrónicos actualizados de las distintas Plazas, unidades de tramitación y servicios comunes procesales.

Además, por la dispersión de las sedes, se producen cambios respecto al lugar de celebración de vistas señaladas antes del traslado, y eso provoca un riesgo de incomparecencia de testigos o peritos que no han tenido conocimiento de dicho cambio. “La solución no tiene misterio, pero no es fácil de conseguir: más recursos, traducidos en jueces de apoyo, más personal tramitando y más medios técnicos”, señala Ruiz como resumen ante los problemas de la Administración de Justicia en la Isla.

La jueza Aguiar reconoce que aunque lo Social y lo Penal también están saturados, lo más urgente serían dos nuevas Plazas en lo Civil. Señala también que la separación de la Plaza de violencia sobre la mujer, aunque es algo pronto para valorarlo, demuestra que era imprescindible y que además se libera así a los otros Juzgados de la carga de trabajo. “Lo principal es atender al Civil y al Penal”, apunta.

La Sala de Gobierno del TSJC cuantifica la petición de nuevos órganos y plazas judiciales en 53 unidades en toda Canarias. En otro orden de cosas, destaca la necesidad de eliminar barreras arquitectónicas, mejorar calabozos y asegurar la privacidad de víctimas, menores y discapacitados. Respecto a la renovación tecnológica, plantea un plan masivo de actualización de ordenadores, escáneres, redes wifi, telefonía y sistemas de firma biométrica, así como atajar de forma urgente problemas estructurales, filtraciones, humedades y falta de insonorización.