José Juan Herrera Martel, concejal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario acusado por acoso sexual contra una exasesora de la Corporación, ha rechazado este jueves en el juicio la veracidad de los mensajes de Facebook y WhatsApp aportados por la acusación particular como prueba de los hechos. Herrera Martel, que se ha acogido a su derecho de no responder a la Fiscalía ni a la acusación particular, ha prestado declaración y en respuesta a las preguntas de su abogado ha señalado como “rotundamente falso” que él enviara mensajes de carácter sexual a la exasesora.

“Es rotundamente falso y no tuve información de estos temas hasta que me lo comunicó el alcalde, tras reunirse con ella para el cese. Le dije que esto es falso, porque yo no he hecho nada”, señaló en sede judicial.

En el juicio, que se retomó este jueves tras su suspensión el pasado 25 de mayo por incomparecencia del perito de la acusación, declararon además los peritos tanto de la defensa como de la acusación particular para dar testimonio de los procedimientos realizados para determinar la veracidad de los mensajes aportados como prueba de la supuesta situación reiterada de acoso sexual en el ámbito laboral.

En este sentido, el perito de la acusación particular detalló el procedimiento realizado a partir del volcado de la información del teléfono de la supuesta víctima e indicó que las pruebas de pericia digital realizadas determinaron que no había “parámetros manipulados”.

“En el análisis no se mostró ninguna evidencia de que los mensajes habían sido manipulados y en el móvil no hallé ni un solo indicador, ni en el WhatsApp ni en el Facebook, de posible manipulación. La posibilidad de una manipulación en mensajes de Facebook es, además, muy remota”, explicó el perito de la acusación particular durante su testimonio.

“La posibilidad de una manipulación en mensajes de Facebook es, además, muy remota”, explicó el perito de la acusación particular durante su testimonio

Por su parte, los peritos de la defensa señalaron que realizaron informe contra-pericial, es decir, un análisis a partir del informe del perito de la acusación, para valorar el método de la acusación y sus conclusiones.

Además de indicar que el volcado del contenido del teléfono, que la acusación particular señala que fue trasladado al Juzgado para su consulta y cadena-custodia, no estuvo a su disposición, incidieron en que la investigación realizada por el perito de la acusación particular no esclarece de forma determinante la autoría de los mensajes de Facebook.

“En lo que respecta a Facebook puedo considerar que la información que se aporta es correcta, y no hay manipulación, pero no es posible asegurar que haya vinculación entre el perfil de esta red social y la persona física”, señaló uno de los peritos de la defensa.

“Hay un volcado total del teléfono (de la supuesta víctima), hay prueba absoluta de que los mensajes existieron y fueron enviados, sin manipulación”, afirma el fiscal

En esta línea, la defensa del concejal señala que no es posible corroborar que fuera efectivamente el acusado quien trasladó los mensajes desde su perfil de Facebook, indicando, por un lado, que una cuenta de red social no es una identidad probada y, por otro, que aún ejecutándose pruebas de identidad, previa solicitud a la plataforma digital, tampoco sería probada la autoría ya que no es necesario para acceder a la cuenta más que un usuario y contraseña y no media DNI o documento oficial.

El fiscal del caso, por su parte, rechazó en su alegato final la propuesta de la defensa: “Hay un volcado total del teléfono (de la supuesta víctima), hay prueba absoluta de que los mensajes existieron y fueron enviados, sin manipulación. Y la prueba de que esto es así es que en lugar de hacer informe contra-pericial (la defensa) habrían podido hacer un volcado del teléfono de José Juan Herrera para contrastarlo o haber hecho análisis del informe pericial definitivo donde figuraba toda la información”, señaló. En relación al volcado de la información de su propio teléfono, el concejal portuense señaló, en respuesta a su abogado, que no se habría negado a entregarlo de haber sido solicitado.

Uso político del caso, contradicción en la autoría

“Un alto cargo del partido se dirigió a mí diciéndome que si apoyaba la moción de censura [contra el alcalde Juan Jiménez] retiraban la denuncia”. Con estas palabras, y en respuesta a su abogado, Herrera Martel apuntaba durante su declaración a una de las principales teorías defendidas por la defensa del caso y rechazadas por la Fiscalía y acusación particular: la existencia de una motivación política, por parte de la supuesta víctima, para iniciar procedimiento contra el concejal.

Durante su alegato final, el abogado de la defensa rechazó la veracidad de las pruebas presentadas por la acusación particular , tanto los mensajes de Facebook Messenger (confirmados como veraces por el perito de la acusación particular) que reflejan sus peticiones para mantener relaciones sexuales de forma continuada -por ser negados por el acusado y por la imposibilidad de confirmar oficialmente la autoría detrás del perfil de Facebook- , como el informe médico que señala la crisis de ansiedad vivida por la supuesta víctima, alegando que se produjo solo cuando se comunicó el cese y que no hay prueba ni informe de asistencia psicológica.

“El interés es muy concreto: doña Yaiza Sotorrío es número tres en [la lista de la Agrupación de Electores Puerto del Rosario] en el Ayuntamiento, y si caen los otros dos ella sería concejala. Y, en segundo lugar, doña Yaiza es cargo de confianza que quiere mantener su puesto de trabajo”, señaló el abogado defensor.

La Fiscalía 'no da crédito'

El fiscal dijo, por su parte, “no dar crédito” a la versión propuesta por la defensa del acusado y apuntó a que las conversaciones incluidas como prueba de acusación particular “empiezan en enero de 2018 y son iniciadas por José Juan Herrera y las peticiones tienen, en 42 folios, respuestas negativas” de la exasesora: “Ni siquiera hay participación de ella, solo negativas: ¿Cuál es la intención, el interés, el ánimo o la participación de ella?”. “En sede judicial él reconoce en varias ocasiones conversaciones mantenidas con el perfil de Facebook, por lo que se desmonta que no es suyo el perfil”, añadió.

La Fiscalía mantiene, tal y como figura en su escrito de acusación, su petición de imponer al acusado una pena de cinco meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (presentarse a las elecciones) durante el tiempo de la condena, la inhabilitación para empleo y cargo público por período de un año, la prohibición de comunicarse con la exasesora por un periodo de dos años y una indemnización de 3.000 euros a la misma.