El Cabildo de Fuerteventura aprobó en su último pleno por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en la Corporación insular una moción institucional para evitar la merma de servicio de Correos en zonas rurales de la Isla.

A través de esta moción, se insta a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos a mantener la plantilla de trabajadores en los núcleos poblacionales de las zonas rurales.

Se solicita asimismo al Gobierno de España a incorporar en los presupuestos generales del Estado las partidas necesarias que cubran las necesidades de recursos humanos para dar cumplimiento al plazo de entregas a que hace referencia la Ley del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal.

La moción, que fue presentada por el grupo CC, se convirtió en una única moción institucional tras constatarse el apoyo de todos los grupos políticos con representación en la Corporación insular.

El consejero de Participación Ciudadana, Pau Quiles, señaló que "desde hace muchos años, por culpa de los gobiernos estatales se ha ido mermando la calidad del servicio de Correos para forzar su privatización. Ahora quieren desmantelar los servicios en las zonas rurales para seguir forzando esta privatización de lo que debe ser un servicio público".

Quiles indicó además que "esta clara apuesta de Correos por la reestructuración va a significar un desmantelamiento del servicio en el ámbito rural, donde las poblaciones no capitalinas van a sufrir una merma de servicios".

En respuesta a la iniciativa, Correos remitió a Diario de Fuerteventura un comunicado en el que señala que “la pandemia ha generado una situación excepcional en nuestro país a la que Correos no es ajena".

"Este 2020 la tendencia de la caída del postal se ha visto acelerada significativamente y en lo que va de año se han enviado 500 millones de cartas menos", indica Correos. Asimismo, la compañía prevé para este ejercicio "unas pérdidas de 280 millones de euros".

Ante ello, Correos asegura que "no va a realizar ningún proceso de despidos", pero "como compañía pública, tiene la obligación de asignar eficientemente sus recursos, por lo que adecúa su plantilla al nivel de actividad real, manteniendo siempre la calidad del servicio que presta a toda la ciudadanía, los compromisos de entrega en los plazos contratados y el respeto a las condiciones laborales de su personal".