El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Puerto del Rosario ha abierto una investigación contra el alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada, malversación de caudales públicos y acoso laboral.

En un auto dictado este pasado 10 de diciembre, el Juzgado abrió la fase de diligencias previas contra Enrique Cerdeña, que asumió el bastón de mando de Betancuria en julio de 2024, de manos de Marcelino Cerdeña.

Además del alcalde de Betancuria, en el procedimiento judicial figura como investigada Elena Puchalt, secretaria e interventora municipal. Tanto Cerdeña como Puchalt tendrán que declarar en el Juzgado en próximas fechas.

El procedimiento judicial se ha iniciado a raíz de una denuncia de Fiscalía, del pasado mes de julio, en la que se detallaban una serie de hechos presuntamente delictivos. El Ministerio Fiscal considera que existen “indicios suficientes”, de tal manera que elevó la denuncia y documentación al Juzgado para que abriese una causa penal.

En la denuncia de la Fiscalía se apunta a un presunto delito de prevaricación administrativa, “imputable” a Enrique Cerdeña, por “ordenar como alcalde”, mediante una resolución del 12 de agosto de 2024, al mes siguiente de acceder a la alcaldía, el pago de la certificación de una obra a un contratista con el que tiene una “aparente estrecha relación personal”.

En la denuncia se pone el foco en la contratación a empresas externas para “funciones públicas legalmente no delegables de asesoría jurídica municipal”

La clave de ese desembolso radica en que asciende a 53.391 euros pero se incluyó “en la relación de pagos de contratos menores municipales”, pese a que superaba el límite de los 40.000 euros, que es el máximo para los contratos menores de obras.

Por ello, el Ministerio Fiscal destaca que el alcalde era “incompetente” para efectuar esa orden: “Ni el pago corresponde a un contrato menor, pues se trata de un procedimiento negociado sin publicidad; ni podría nunca corresponder, dado el importe y por imperativo legal, a dicha figura contractual”. “El órgano competente para ello”, precisa la Fiscalía, es el “pleno municipal”.

Funciones “no delegables”

En la denuncia se citan “otros dos presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa”, el primero junto con un supuesto delito de malversación de caudales públicos, “imputables al mismo alcalde así como a la secretaria interventora”.

El Ministerio Fiscal también resalta una serie de acciones “humillantes” y “hostiles” hacia una funcionaria de carrera, que incluyen el “aislamiento físico”

La Fiscalía pone el foco en la adjudicación a dos empresas externas en el mismo año y por contratos menores “las funciones públicas legalmente no delegables de asesoría jurídica municipal”. Y por hacerlo, además, “sin justificar” la “necesidad” para ello, al existir en el Ayuntamiento una funcionaria con dicho puesto de Asesoría Jurídica, con “capacidad y experiencia”.

En este caso se hace hincapié en la supuesta “infracción de la figura del contrato menor, al realizarse dos contratos con objeto, al menos parcialmente, coincidente, en el mismo año y por importe superior conjunto a 15.000 euros, en aparente perjuicio del Ayuntamiento”, puesto que la funcionaria titular cobra precisamente por esos servicios jurídicos que se externalizaron.

Acciones “humillantes”

En la relación de hechos que la Fiscalía ha trasladado al Juzgado también se encuentra la exclusión de forma reiterada de las Mesas de Contratación del Ayuntamiento de Betancuria de la funcionaria titular, colocando “en su lugar” a una interina.

En las diligencias previas abiertas por el Juzgado mixto número tres de Puerto del Rosario figuran como investigados Cerdeña y la secretaria e interventora municipal

El Ministerio Fiscal subraya la presunta comisión de un delito de acoso laboral por denegar a la citada funcionaria titular el acceso a la tramitación de expedientes o documentación necesaria para el desempeño de sus funciones, su “incomunicación profesional y aislamiento físico” o “ignorar” que de la plantilla ocupa el primer lugar para sustituir las vacantes temporales de la secretaria e interventora.

Una serie de acciones, añade la Fiscalía, que revisten el carácter de “humillantes” y “hostiles” hacia la funcionaria de carrera y asesora jurídica del Ayuntamiento de Betancuria.