La Audiencia Provincial de Las Palmas celebra entre el martes y el jueves de la próxima semana el presunto soborno investigado en el denominado caso Hamacas, de La Oliva. La Fiscalía solicita una condena de cuatro años de prisión para Gregorio Roberto V.G. por un presunto delito de cohecho.

Las fuentes consultadas indican que el juicio se celebra en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, mediante un tribunal de jurado.

Según destaca la fiscal Marta Rodríguez en su escrito de acusación, el acusado había llevado a cabo durante varios años la explotación de las hamacas en varios sectores de las playas del municipio de La Oliva.

“Tras quedar fuera de la adjudicación en 2015 por haberse asignado la explotación a otra persona, el 27 de abril de 2016, después de ponerse varias veces en contacto con Álvaro de Astica Hernández, en su condición de concejal del Ayuntamiento de la Oliva, el acusado le entregó la cantidad de 2.300 euros a cambio de que influyera en la mesa de contratación del Ayuntamiento”, señala la fiscal.

Así, añade, “en caso de que el adjudicatario renunciase a la concesión”, el objetivo del acusado era que “se le atribuyera” la explotación de las hamacas por ser la segunda puja más alta, “sin sacarlo a concurso público, lo que contravenía la normativa municipal”.

Astica, en aquel momento concejal de Votemos, había puesto en conocimiento de las autoridades que le habían intentado sobornar y el dinero fue “entregado” e “incautado” justo después de que el acusado se lo diera al entonces cargo público. La Fiscalía subrayaba, desde la denuncia inicial del caso, que los hechos se desarrollaron de esta manera.

En su escrito de conclusiones del procedimiento, el Ministerio Fiscal considera que el acusado incurrió un delito de cohecho y pide que se le imponga una condena de cuatro años de prisión, además de una multa de 12.000 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años.

La Fiscalía solicita que en la vista oral declare el exconcejal de Votemos como perjudicado, un socio del acusado, una funcionaria del Ayuntamiento de La Oliva y tres agentes de la Policía que llevaron a cabo la instrucción del caso.

Caso Hamacas

El caso Hamacas, que arrancó en el ámbito judicial tras una denuncia presentada por la Fiscalía, se dividió en dos: el intento de soborno denunciado por Astica y la investigación sobre las subastas de los lotes de hamacas por parte del Ayuntamiento de La Oliva, que la Audiencia Provincial archivó siguiendo el criterio del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Puerto del Rosario.

La Audiencia también tachó de “absolutamente infundada” la decisión del juez José Luis Ruipérez de imputar al propio denunciante del caso, haciendo caso de la “rocambolesca pretensión” de la defensa del ahora empresario acusado por el soborno, y en enero del año pasado anuló la medida adoptada por el juez.

La Audiencia desmontó la imputación de Astica dictada por el juez Ruipérez y señaló que el conocimiento del intento de soborno se produjo precisamente porque el entonces concejal informó del mismo a la Fiscalía y a la Policía “con antelación” al “acto del pago”.

De hecho, recalcó la Audiencia, cuando se produce la entrega del dinero, el asunto se encontraba “bajo el amparo de una investigación preprocesal auspiciada por la Fiscalía”, y el empresario fue detenido.