Las comunidades de vecinos de las 90 Viviendas 'Virgen de la Peña' y la de las 91 Viviendas 'Virgen de Fátima' han remitido un escrito al Ayuntamiento de Puerto del Rosario para que se muestre vigilante ante las vibraciones que se puedan producir en las obras de DISA en la barriada, toda vez que el Juzgado número 1 de Puerto del Rosario estimara el recurso de la empresa y levantara la suspensión cautelar de esta actuación para la canalización de redes de combustibles y gases en las calles República de México e Hispanidad.

En la resolución, de fecha del 25 de marzo de 2022, se obliga a la empresa a que una vez remote las obras proceda a monitorearlas “con determinada tecnología detectora de movimientos sísmicos o vibraciones” por lo que los vecinos solicitan que el Consistorio requiera a DISA que aporte “datos del tipo de aparato medidor de tales parámetros sísmicos”.

Los vecinos piden que especifique el tipo de alarma o chequeo constante a instalar, es decir, modelo y marca, así como el medio de transmisión de las medidas detectadas: telecontrol, radiocontrol o físico, y la escala máxima admisible de vibración fijada para el cese de actividad en la obra.

También se reclama que se dé conocimiento de la empresa y personas autorizadas o encargadas de dicho monitoreo constante, según se expone en la resolución.

“Todo esto lo solicitamos como medida en derecho de equipos que se van a instalar en nuestras zonas comunes se entiende”, señala el escrito remitido al Ayuntamiento.

Los vecinos han mostrado además su desacuerdo con la estimación del recurso por los motivos que alega la empresa DISA, dado que “se ha basado en rebatir sin pruebas y mediante contradicciones notorias”. Reprochan, asimismo, que se presentara sin dar tiempo a estas asociaciones vecinales a personarse en la causa.

“Seguimos manteniendo la ilegalidad de la licencia que afecta a estas calles y otras, la parcialidad de las decisiones y criterios no explicados por nadie y el ninguneo institucional posterior por el Ayuntamiento y por DISA S.A. a la que se ha sometido y prosigue sometiendo a los vecinos de las calles Hispanidad y México”, continúa el escrito vecinal.

A partir del archivo de la causa decretado, estas asociaciones estiman que disponen de “total libertad para rebatir públicamente la resolución”. Así manifiestan que “los hechos denotan y creemos pueden ser una desviación de poder, abuso de la buena fe contractual entre administrados y administración y una decisión en perjuicio de los vecinos claramente política disfrazada de criterios técnicos inasumibles como tales, justificados a partir de hechos consumados en su momento”.