El general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa Navas, detenido en el marco de la operación Mediador que instruye el Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, ejercía de intermediario entre un empresario madrileño del sector de las energías renovables, Antonio Bautista Prado, y grandes empresas del Archipiélago. El Juzgado ordenó su ingreso en prisión provisional este jueves.

La investigación policial determina que Bautista Prado quería entrar en contacto con varios empresarios para hacer negocios en Canarias y que Espinosa no solo conocía a esos empresarios sino que se puso en contacto con ellos e incluso tenía en marcha un proyecto concreto. Entre esos empresarios estarían los responsables de una gran empresa hotelera, otra de seguridad privada y una de limpieza y servicios auxiliares.

Bautista es administrador de las empresas Cleanenergetic Seers solutions y Cleanenergetic Insular SL, que se dedican a la consultoría  en materia de energías alternativas y eficiencia energética, así como a la investigación, innovación y desarrollo para la mejora de la eficiencia energética y  energías renovables.

El empresario quería instalar su empresa en la Zona Especial Canaria (ZEC), para lo cual también habría contado con la mediación de Espinosa. La Policía Nacional encontró más de 50.000 euros en billetes de 500 euros en el registro del domicilio de Espinosa, en Madrid.  

La operación Mediador, en la que ya hay 12 investigados, se inicia por la investigación en otro procedimiento a Marco Antonio Navarro Tacoronte, que también ejercía como intermediario y que habría ofrecido su colaboración al Juzgado y aportado pruebas documentales.

Navarro y Bautista contactan en agosto de 2020 por el interés del segundo en la zona ZEC, una zona de especial tributación. Unos días más tarde, Navarro contacta con el general y le envía un mensaje con la tarjeta del empresario. Posteriormente hay constancia de varias reuniones entre los tres y otras personas en el restaurante La Quinta, en Madrid, entre septiembre y noviembre de ese año, así como otras reuniones en el restaurante La Trainera e incluso visitas a la Dirección general de la Guardia Civil a finales de 2020. 

Unión

Espinosa fue jefe de la comandancia de la provincia de Las Palmas entre 2008 y 2012. Después fue ascendido a general como Jefe de la misión de la Unión Europea en el Sahel, en un proyecto de formación de gendarmes en países de África Occidental con el objetivo de reforzar las instituciones con competencias en la lucha contra el terrorismo y la criminalidad en esa zona.

También ha participado en misiones internacionales en países como Rumanía, Austria, Italia, Israel, Francia, Alemania, Bosnia-Herzegovina, Bélgica, Estados Unidos, Marruecos y Suecia y uenta con numerosas condecoraciones de diversas consideraciones, militares, civiles e internacionales.

Antes de eso, en 2010, fue investigado en el marco del caso Unión, en Lanzarote, por un delito de revelación de secretos. El gerente de Urbaser, Jacinto Álvarez, detenido en esa operación, admitió que la exalcaldesa de Arrecife, Isabel Déniz, le había advertido la noche anterior a su detención, en abril de 2010. El chivatazo pudo frustrar parte de la investigación. La Fiscalía pidió el inicio de una pieza separada, que se acabó archivando.

El propio Espinosa Navas dirigió un escrito al Juzgado que instruía el caso en julio de 2011 en el que decía que había tenido conocimiento de que se le estaba investigando pero que no se le había llamado a declarar y que esa investigación le había causado un perjuicio “grande e irreparable” profesionalmente y “en su honor”, porque no le habían ascendido a general. Espinosa hacía responsable de su situación personal y profesional a la Administración de Justicia y aseguraba que no tenía “implicación en delito alguno”.