Hace tiempo que tenemos clara una cosa: el éxito o el fracaso de las políticas de vivienda será la unidad de medida de cualquier administración española. Y no hace falta ser profeta para asumirlo. Basta con mirar a los jóvenes que aplazan su emancipación, a las familias que dedican una parte creciente de sus ingresos al alquiler y a quienes temen perder la casa en la que han vivido durante años.

Hoy, a las puertas de un 2027 marcado por las elecciones, esta advertencia resulta todavía más incómoda: seguimos discutiendo cómo abordar el problema mientras el problema decide la vida de millones de personas. El desahucio de la señora Maricarmen en Madrid ha puesto un rostro a esa angustia y ha precipitado otra negociación política sobre vivienda. Es comprensible que se busque una respuesta urgente para quienes están a punto de perder su hogar. También es necesario preguntarse qué ocurrirá después de aprobarla. Una medida puede proteger a una persona hoy y dificultar mañana que otra, en circunstancias parecidas, encuentre quien le alquile una vivienda. Reconocer esa posibilidad no resta un ápice de gravedad al primer caso; obliga a pensar en ambos.

Buena parte del debate se presenta como una elección entre esos dos leviatanes llamados Estado y Mercado. Hay quienes confían en que una regulación más intensa pondrá los precios al alcance de todos. Otros creen que bastaría con dejar actuar a propietarios, promotores y compradores. Sin embargo, lo que tenemos se parece demasiado a una combinación de los defectos de ambos: un Estado lento para permitir que se construyan viviendas y un mercado capaz de excluir a quien carece de patrimonio o de una renta elevada.

La lentitud administrativa tiene consecuencias que rara vez caben en un titular. Un suelo apto para edificar puede pasar años atrapado entre planes, informes, licencias y recursos. Durante ese tiempo no aparece ninguna vivienda nueva, mientras sí se forman hogares y llegan personas a las ciudades y municipios donde encuentran trabajo. A ello se suma la inseguridad de unas reglas que cambian, se interpretan de manera distinta según el territorio o dejan durante meses una inversión pendiente de resolución. Simplificar trámites exige capacidad técnica, plazos razonables y coordinación entre administraciones, sin renunciar a las garantías urbanísticas.

Tampoco cabe entregar la solución al mercado y desentenderse de sus resultados. Una vivienda es un bien escaso en lugares concretos: nadie puede mudarse alegremente a otra ciudad si allí no están su empleo, sus hijos o sus padres. Cuando las rentas suben y la propiedad se concentra, la distancia entre quienes poseen inmuebles y quienes deben alquilarlos puede convertirse en una nueva frontera social. La antigua aspiración de comprar una casa con el ahorro de toda una vida se aleja de una generación que apenas consigue ahorrar después de pagar la mensualidad. No es una cuestión de envidia hacia el propietario. Es una amenaza para la igualdad de oportunidades, también en el ámbito inmobiliario.

En este punto conviene escuchar una advertencia que circula estos días: las personas reaccionan a las normas. Una ayuda generalizada al alquiler puede terminar incorporada al precio si la oferta sigue siendo la misma. Una restricción mal diseñada puede desplazar viviendas hacia modalidades menos reguladas. Y si toda la protección frente a una situación de vulnerabilidad recae sobre el dueño de un piso, algunos propietarios serán más exigentes al elegir inquilino. Estas consecuencias no son inevitables ni justifican dejar a nadie sin amparo. Son preguntas que una política responsable debe hacerse antes de celebrar el éxito presunto de sus propuestas.

La emergencia inmediata necesita también recursos económicos inmediatos

Hay, además, una diferencia decisiva entre proteger a quien ya ocupa una vivienda y abrir la puerta a quien todavía busca una. Los jóvenes que no pueden salir de casa, las familias recién llegadas o las personas con menos ingresos apenas aparecen en el debate sobre la renovación de contratos, y esto es así porque aún no tienen uno. La protección de los actuales inquilinos debe venir acompañada por una política para los futuros. De ahí la necesidad de construir alquiler social, ampliar de forma estable el parque público (muy escaso en Canarias) y sumar vivienda existente allí donde tenga sentido. Una casa pagada con dinero público no puede desaparecer de ese parque al cabo de unos años y obligarnos a empezar de nuevo. Eso requiere dinero, suelo y tiempo. También exige decidir dónde se puede construir más, rehabilitar edificios aprovechables y dotar de transporte y servicios a los lugares que puedan acoger nuevos vecinos. En Canarias, donde el territorio disponible es limitado y la presión varía enormemente de una isla a otra, las soluciones tienen que atender a esas diferencias. No sirve invocar la construcción como si cualquier parcela fuera adecuada, pero tampoco utilizar la escasez de suelo para darlo todo por imposible.

La emergencia inmediata necesita, por su parte, recursos inmediatos. Si una familia vulnerable no puede pagar y corre el riesgo de quedarse en la calle, la respuesta social debe llegar a tiempo: mediación, ayudas bien dirigidas y una alternativa habitacional cuando corresponda. Esa responsabilidad pertenece al conjunto de los poderes públicos. Trasladarla sin más a un pequeño propietario, como si dispusiera de los medios de una administración, puede agravar el conflicto y cerrar puertas a los otros solicitantes.

Todo esto reclama una conversación política muy distinta de la que estamos escuchando. Llamar “fondo buitre” a cualquiera que alquila un inmueble impide distinguir entre grandes operadores y familias que complementan sus ingresos. Calificar de “okupa” a cualquier inquilino en dificultades borra historias personales muy diferentes. Y convertir cada desacuerdo en una prueba de insensibilidad o de odio a la propiedad nos deja sin el espacio para buscar soluciones.

La vivienda no se arreglará con una consigna, un decreto aislado ni una sola legislatura. Harán falta acuerdos que sobrevivan a las elecciones, administraciones capaces de ejecutar lo que prometen y una evaluación honesta de cada medida: cuántas viviendas se terminan, a quién llegan, cuánto tardan y qué sucede con los precios. En 2027 volveremos a escuchar muchas promesas. La nota final debería depender de las llaves entregadas y de las personas que hayan podido hacer con ellas algo tan sencillo, y hoy tan difícil, como vivir en un lugar decente. No hay otro asunto tan prioritario.