La familia de Pascuala Roger Pérez ha convocado una movilización en Cueva de la Negra, en Jandía, desde la noche del domingo 20 de septiembre ante la actuación anunciada por Costas para el lunes 21 y ha reclamado que se amplíen las medidas cautelares sobre la vivienda y su entorno.

En un cartel difundido para la convocatoria, la familia llama a acudir a Cueva de la Negra y asegura que el lunes 21 "asistiremos al exterminio de un pedazo de la historia de Fuerteventura".

"Estaremos en la Cueva de la Negra desde la noche del domingo 20", señala el llamamiento, que añade: "Y si no conseguimos salvarla, lucharemos para que sea la última".

Los convocantes anuncian además que ese día pretenden iniciar "un movimiento ciudadano para defender la próxima casa, choza o cueva de nuestro litoral que quieran hacer desaparecer".

En un comunicado posterior, la familia afirma que Costas ha comunicado que el 21 de septiembre procederá a entrar en la vivienda y a su "inhabilitación para usos prohibidos por la Ley de Costas".

Según los afectados, la comunicación lleva por título "notificación de demolición" y se apoya en el mismo auto judicial que autorizó la entrada, demolición y reposición del terreno.

La familia sostiene que no puede determinar qué actuación material pretende ejecutar Costas ese día y asegura que "sigue sin existir una protección cautelar que abarque expresamente la inhabilitación, precinto, tapiado, cierre o desalojo".

"Para nosotros, el 21 de septiembre puede convertirse en el exterminio de lo último que permanece en pie de una parte de la historia de Cueva de la Negra", afirma.

Petición al Cabildo

Los afectados reclaman al Cabildo de Fuerteventura que amplíe las medidas cautelares adoptadas el 25 de agosto para que no se limiten a la demolición e incluyan cualquier otra actuación material sobre la vivienda y su entorno.

La familia afirma que hasta ahora esa petición no ha sido atendida y señala al consejero insular de Cultura y Patrimonio Cultural, Rayco León, y al inspector Alejo Soler, a quienes atribuye la negativa a ampliar las cautelares.

Piden al Cabildo de Fuerteventura, al Ayuntamiento de Pájara y al Gobierno de Canarias medidas concretas para proteger la vivienda, el yacimiento arqueológico y su entorno

También sostiene que desde el 25 de agosto no ha tenido contacto con la presidenta del Cabildo, Lola García.

Según el comunicado, el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo, visitó Cueva de la Negra acompañado por Rayco León para buscar una solución que protegiera la choza y su entorno.

"Pero hoy seguimos exactamente igual: sin ampliación de cautelares y sin garantía expresa frente al precinto, tapiado, inhabilitación o desalojo", sostiene la familia.

Los afectados reclaman asimismo una actuación del Ayuntamiento de Pájara y de su alcalde, Alejandro Jorge, y aseguran que el Consistorio "también ha mirado hacia otro lado cuando necesitábamos actuaciones concretas".

"La preocupación sin decisiones no protege una casa, un yacimiento ni la historia de un pueblo", afirma el comunicado.

La familia también cita al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y asegura que ha intentado ponerse en contacto con él sin obtener "una respuesta personal ni una intervención que haya contribuido a resolver la situación".

"No pedimos declaraciones institucionales sobre la importancia de la memoria: pedimos que esa defensa llegue también a Cueva de la Negra antes de que sea demasiado tarde", añade.

Yacimiento

El comunicado señala además que junto a la vivienda existe un yacimiento arqueológico aborigen que, según la documentación que maneja la familia, figura inventariado desde 2007.

Los afectados aseguran que el enclave se encuentra "lleno de escombros" y piden determinar qué ocurrió, qué protección tenía, qué controles se realizaron y qué medidas se adoptarán ahora.

"No pedimos declaraciones. No pedimos fotografías. No pedimos más visitas. Pedimos acciones", señala la familia en un comunicado

La familia invoca la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias y sostiene que las obligaciones de protección "no están siendo respetadas" mientras continúan pendientes el estudio y la protección de la vivienda, el yacimiento y su entorno.

"¿Qué más tiene que aparecer en Cueva de la Negra para que Patrimonio decida proteger de forma efectiva la vivienda y su entorno mientras termina de estudiarlos?", plantea.

Los afectados cuestionan también el tratamiento que reciben las construcciones tradicionales del litoral frente a otras instalaciones y sostienen que "no pedimos privilegios".

"Pedimos que las administraciones utilicen todos los instrumentos legales disponibles cuando está en riesgo nuestro patrimonio histórico, etnográfico y arqueológico", afirman.

La familia recuerda que Pascuala Roger Pérez, propietaria de la vivienda, tiene 80 años y su hermano, 90. "Todos hablan. Ahora queremos que actúen", resume el comunicado.

Impedir la “demolición” o “desalojo”

Los afectados reclaman que se amplíen de forma inmediata las medidas cautelares para impedir "la demolición, inhabilitación, precinto, tapiado, cierre, desalojo o cualquier otra intervención material sobre la vivienda y su entorno" hasta que finalice su estudio patrimonial.

También piden que no se derribe ninguna otra construcción del litoral con posibles valores históricos, etnográficos, culturales o arqueológicos sin que antes haya sido estudiada y documentada.

"Porque una vez que entra la piqueta, la historia no se puede reconstruir", concluye la familia.