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La defensa de Pascuala Roger pide medidas cautelarísimas al Juzgado para frenar la demolición en Cueva de la Negra

El abogado de la familia afectada por la actuación de Costas anuncia que solicitará la suspensión urgente de la ejecución prevista para el 21 de septiembre

Diario de Fuerteventura 3 COMENTARIOS 15/09/2026 - 19:28

El abogado José Luis Langa, que representa a Pascuala Roger, propietaria de la vivienda de Cueva de la Negra, en Jandía, confirmó este martes que presentará ante el Juzgado que tramita el asunto una solicitud de medidas cautelarísimas para intentar suspender la demolición del inmueble, después de que la Demarcación de Costas haya fijado una nueva fecha para ejecutar el derribo.

Langa, que es a su vez presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, ha explicado que acudirá a la vía judicial con el objetivo de que la ejecución quede paralizada mientras se resuelve el expediente iniciado por el Cabildo de Fuerteventura en relación con los valores patrimoniales del enclave, en el que la Corporación insular dictó medidas cautelares.

El pasado 26 de agosto estaba previsto que se llevara a cabo la demolición, pero la decisión del Cabildo frenó el intento de Costas. Sin embargo, el pasado viernes, el jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, Alberto Coronel, volvió a notificar a la representación de Pascuala Roger un aviso de derribo, para el 21 de septiembre.

Consultado por Diario de Fuerteventura, el letrado tenía previsto solicitar este mismo martes ante la Plaza número seis del Tribunal de Instancia de Las Palmas, en el que se encuentra el procedimiento de la vivienda, “unas medidas cautelarísimas al objeto de que se suspenda esa ejecución”.

El letrado ha trasladado también la nueva notificación al Cabildo de Fuerteventura y al Ayuntamiento de Pájara y ha pedido a la Demarcación de Costas que paralice el derribo

Según ha relatado, tras conocer la nueva notificación de Costas, le remitió la documentación al Cabildo de Fuerteventura y al Ayuntamiento de Pájara y presentó además un escrito ante la propia Demarcación de Costas solicitando la suspensión.

Langa ha recordado que el Cabildo ha acordado la suspensión inmediata de cualquier actuación mientras se tramita un expediente relacionado con los posibles valores patrimoniales y arqueológicos de la zona, una medida que se encuentra en vigor. A su juicio, Costas no ha atendido esa resolución de la institución insular.

"Parece ser que la Demarcación de Costas ha hecho oídos sordos a esa resolución del Cabildo", ha señalado el abogado, quien ha explicado que la petición de medidas cautelarísimas ante el Tribunal de Instancia responde al escaso margen existente hasta la fecha anunciada para la demolición.

Langa considera que la Administración del Estado debería esperar a que concluyan los procedimientos actualmente abiertos antes de proceder al derribo, “por prudencia”. No solo al expediente iniciado por el Cabildo sino a las iniciativas relacionadas con la modificación de la Ley de Costas que han pasado por el Parlamento de Canarias y el Senado y que, según ha indicado, continúan su tramitación.

"No tiene ningún sentido el que Costas se empecine en derribar una vivienda", ha manifestado el abogado, quien ha destacado que, si bien los jueces deben aplicar la legislación vigente, ha dirigido sus críticas hacia la oportunidad elegida por la Administración para ejecutar la demolición.

El abogado afirma que "no tiene ningún sentido el que Costas se empecine en derribar una vivienda" mientras existen procedimientos pendientes

El letrado considera que existe además en el caso de Cueva de la Negra una diferencia respecto al tratamiento dado a otros inmuebles en el litoral canario. "Hay una diferencia de trato, para mí es evidente, y sobre todo hay una diferencia en la oportunidad de querer ejecutar" pese a las medidas cautelares del Cabildo, ha afirmado.

Langa también se ha referido en la afección emocional que está suponiendo la acción de Costas para la propietaria de la casa de Cueva de la Negra, “que tiene más de 80 años y está sufriendo un estrés y una angustia constante".

El abogado destaca que la vivienda tiene para su propietaria un componente que va más allá de su valor material: “Es algo sentimental”. "Me gustaría saber el por qué esta insistencia" por parte de la Demarcación de Costas de Canarias, concluyó.

Comentarios

Aplaudo la acción de Costas en la costa. El DPMT es del estado es de todos los españoles y nadie se lo puede arropar. Que de las gracias por haber disfrutado de un lugar privilegiado en tantos años. Ha llegado el momento de tener que retirarse y dejar libre el litoral en beneficio de todos y en beneficio del Medio Ambiente. Por muchos años que lleve ahí y a pesar de que pudiera tener asentamiento en el Registro de la Propiedad el Dominio Público es INALIENABLE, IMPRESCRIPTIBLE E INEMBARGABLE, por tanto no cabe el usucapión o sea pretender derecho en lo que no se puede tenerlo. Poco a poco hemos de recuperar el litoral y para otros ya será la subida de las mareas quien les expulse.
Le aplaudo Se. Honorio: ahora intente hacérselo entender a estos caciques majoreros quienes hasta ayer no sabían lo que era disponer de un inodoro en esas chozas de "patrimonio insular" y ahora mediante añadidos chapuceros quieren disfrutar de segundas y terceras residencias para alquilarlas en negro a terceros.Ya lo dice el dicho popular: aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
Tienes razón Tic, tac, tic, tac, esa situación la podemos extrapolar a lo que sucedía (creo que no sucede pues por las noches tengo entendido que ya no permiten pernoctar en la isla de Lobos), con lo que llaman "chozas de lobos" (mayormente construidas con bloques). Para luego alquilarlas. Por encima de todo esto está la propiedad estatal que es de todos los españoles y que es "inembargable, inextinguible e inapropiable en el Dominio Público Marítimo Terrestre". Si no se ha recuperado mas litoral es porque mayormente la población no hace nada y algunos sólo critican pero sin ofrecer resistencia eficaz (alegaciones, denuncias, recursos y contenciosos). Particularmente he luchado para que los Hoteles Oliva Beach y el Tres Islas de la cadena RIU perdieran el derecho temporal de ocupar el DPMT y lo conseguí con el Oliva Beach y el Tres Islas. Lo que pasó con el Tres Islas vino en auxilio el Consejo de Estado y le dió otra oportunidad para continuar hasta el 2037 disfrutando de esa concesión si eliminaba las cuatro habitaciones de la planta sexta construidas de forma ilegal. Supuestamente las tumbó y va el Cabildo de Fuerteventura y les autoriza una reforma con 6 habitaciones en la planta sexta. Alegué contra ello y tuvieron que desistir pues costas se vio obligada a tumbarle la autorización del Cabildo si querían reformar. Te dejo acceso al dossier en Google Fotos por si quieres estudiarlo: https://photos.app.goo.gl/HRaGYYEmebeHgaR39

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