Los grupos municipales del Partido Popular (PP), Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) y Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de Tuineje han cargado contra la moción que Coalición Canaria (CC) lleva al próximo pleno al considerar que convierte a los empleados públicos en “el chivo expiatorio” del bloqueo en el pago de facturas y supone “un ataque injustificado contra los trabajadores municipales”, por lo que han reclamado su retirada y han anunciado la presentación de una iniciativa alternativa para desbloquear los pagos a proveedores.

En un comunicado conjunto, las tres formaciones sostienen que la moción de CC responsabiliza a los trabajadores municipales de la situación de impago e incluso “desliza la posible comisión de conductas tipificadas en el Código Penal”, al tiempo que consideran que “no solo carece de fundamento jurídico, sino que pretende desviar la responsabilidad política del gobierno municipal hacia el personal del Ayuntamiento”.

PP, AMF y Nueva Canarias califican de “especialmente grave” que Coalición Canaria sitúe “en el foco a los empleados públicos” cuando, a su juicio, “la responsabilidad sobre la gestión económica del Ayuntamiento recae exclusivamente sobre quienes gobiernan la institución”.

“Los trabajadores municipales no pueden convertirse en el chivo expiatorio de la incapacidad del gobierno para gestionar el Ayuntamiento”, sostienen los portavoces de la oposición, quienes recuerdan que corresponde al alcalde dirigir la Administración municipal y ejercer las competencias que le atribuye la legislación.

Asimismo, consideran impropio que el pleno municipal se utilice para “recordar” al personal cuáles son sus funciones, al entender que esa no es “la finalidad ni el ámbito competencial del pleno”.

Los tres grupos también cuestionan que el alcalde pretenda someter al pleno decisiones que consideran de su exclusiva competencia, entre ellas la suspensión del teletrabajo, el impulso de modificaciones presupuestarias o la tramitación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito.

A su juicio, un alcalde que necesita el respaldo del pleno para ejercer atribuciones que la ley le confiere directamente “evidencia una manifiesta incapacidad para asumir las responsabilidades inherentes a la Alcaldía”, además de una “preocupante falta de liderazgo para dirigir el municipio”.

La oposición añade que algunas de las actuaciones previstas en la moción podrían ser nulas de pleno derecho, como el nombramiento de un trabajador municipal como instructor de procedimientos que, según sostienen, corresponden legalmente al alcalde.

“Un alcalde que pretende que sea el pleno municipal, pese a no ser el órgano competente para ello, quien decida qué trabajadores pueden acogerse al teletrabajo y cuáles no. Además, ahora pretende retirar esta modalidad a determinados empleados, aplicando un criterio discriminatorio y al margen de las competencias legalmente establecidas, lo que podría suponer una vulneración de sus derechos laborales si no se respetan las garantías y el procedimiento previsto en la normativa”, añaden.

Los tres grupos consideran además que resulta significativo que la moción haya sido registrada únicamente por Coalición Canaria, “sin el respaldo de su socio de gobierno, el Partido Socialista”.

Frente a esa iniciativa, PP, AMF y Nueva Canarias anuncian la presentación de una moción conjunta de urgencia con el objetivo de ofrecer, según indican, “una solución jurídica, viable y ajustada a derecho” que permita desbloquear el pago de las facturas pendientes y recuperar la normalidad en la gestión económica del Ayuntamiento.

Según exponen, la deuda pendiente supera los 4,5 millones de euros y afecta principalmente a autónomos y pequeñas y medianas empresas, pese a que el Ayuntamiento dispone de liquidez suficiente y mantiene más de 20 millones de euros en las entidades bancarias.

La oposición propone priorizar el pago a proveedores, agilizar los expedientes y aprobar un calendario para saldar la deuda pendiente

La propuesta de la oposición contempla priorizar la tramitación inmediata de los expedientes de reconocimiento y pago de las facturas pendientes, agilizar las licitaciones y procedimientos administrativos necesarios para garantizar el funcionamiento de los servicios municipales, aprobar un plan extraordinario de choque con un calendario de pagos e informar mensualmente al pleno sobre la evolución de los abonos, el estado de los expedientes y la reducción del periodo medio de pago.

PP, AMF y Nueva Canarias concluyen que, mientras Coalición Canaria opta por “buscar culpables y eludir responsabilidades”, ellos presentan una propuesta “seria, legal y eficaz” para resolver un problema que afecta tanto a las empresas proveedoras como al funcionamiento del Ayuntamiento.

Los tres grupos añaden que el municipio necesita “responsabilidad política, seguridad jurídica y una gestión eficaz de los recursos públicos”, garantizando que las empresas puedan cobrar por los servicios ya prestados y preservando, al mismo tiempo, “el respeto institucional hacia los trabajadores municipales”.