Coalición Canaria (CC) ha presentado al próximo pleno del Ayuntamiento de Tuineje una moción en la que propone que la Corporación deje constancia de que el recurso reiterado al procedimiento de revisión de oficio para dar cobertura al pago de facturas, "en los términos en que ha venido siendo instado por la Intervención municipal", podría suponer un "uso fraudulento" y una "desviación de poder", al tiempo que plantea "recordar" a los trabajadores municipales sus obligaciones de colaboración, diligencia e impulso de oficio en la tramitación de los expedientes administrativos.

La iniciativa fundamenta esa propuesta en un dictamen del pasado mes de marzo del Consejo Consultivo de Canarias, relativo a un expediente de revisión de oficio sobre el suministro de material de repuestos y servicios para la reparación y mantenimiento de la flota municipal.

Según recoge la moción, que en principio se debate el martes de la próxima semana, el pleno debería dejar constancia expresa de que el citado dictamen establece que el uso de la revisión de oficio como cauce reiterado u ordinario para pagar facturas, "en los términos en que ha venido siendo instado por la Intervención municipal", podría constituir un "uso fraudulento" y una "desviación de poder", al no servir a los fines propios de ese procedimiento.

Coalición Canaria añade que, según el propio Consejo Consultivo, la vía procedimentalmente correcta para regularizar esos gastos es el reconocimiento extrajudicial de crédito, sin perjuicio de la nulidad declarada respecto de los contratos examinados.

En otro apartado de la moción, CC propone además "recordar" a todo el personal al servicio de la Corporación las obligaciones de colaboración, diligencia e impulso de oficio que les corresponden en la tramitación de los expedientes administrativos, "sin perjuicio de la plena independencia y objetividad que corresponde a la función interventora en el ejercicio del control interno".

Asimismo, plantea dar traslado a la Dirección General de Función Pública de cualquier incidencia que pudiera constituir una "obstrucción injustificada" a la tramitación de los expedientes para que sea valorada conforme a la normativa aplicable.

Bloque de pago a proveedores

La moción se enmarca en la situación de bloqueo del pago a proveedores que, según expone CC, arrastra el Ayuntamiento desde hace más de un año como consecuencia de los reparos suspensivos y discrepancias formulados por la Intervención municipal respecto a facturas y contratos correspondientes a servicios y suministros ya prestados.

De acuerdo con CC, que gobierna junto al PSOE, la deuda comercial pendiente asciende a 4.938.146 euros, circunstancia que ha provocado el incumplimiento reiterado del periodo medio de pago y la apertura de actuaciones de tutela financiera por parte del Gobierno de Canarias.

La iniciativa sostiene, no obstante, que la situación no responde a un problema de liquidez, ya que el Ayuntamiento dispone de un remanente de tesorería para gastos generales superior a 20,3 millones de euros, recursos que, según señala, permitirían dotar de cobertura presupuestaria a las obligaciones pendientes mediante la correspondiente modificación de créditos.

“Prioridad absoluta”

Entre las medidas propuestas figura ordenar el inicio de un expediente de modificación de créditos con cargo al remanente de tesorería y la tramitación de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito necesarios para atender las facturas pendientes que cumplan los requisitos establecidos en las bases de ejecución del presupuesto.

Según CC, que gobierna junto al PSOE, la deuda comercial pendiente de pago del Ayuntamiento de Tuineje asciende a 4.938.146 euros

CC plantea igualmente declarar ambos procedimientos de "prioridad absoluta", reforzar el Área de Intervención mediante la incorporación del personal técnico y administrativo que resulte necesario, suspender temporalmente el teletrabajo del personal afectado cuando sea preciso para agilizar la tramitación y solicitar asistencia técnica al Cabildo de Fuerteventura.

La moción también propone designar a un instructor de los expedientes de modificación de créditos y reconocimiento extrajudicial de crédito, con la obligación de presentar al pleno un informe mensual sobre su estado de tramitación, así como fijar un plazo de tres meses para su aprobación.

Si ese plazo no se cumpliera por causa no justificada, el texto plantea que el pleno valore medidas organizativas y, en su caso, la revisión de las retribuciones e indemnizaciones de los cargos electos y de las asignaciones a los grupos municipales.

La iniciativa concluye proponiendo que el acuerdo que, en su caso, adopte el pleno sea comunicado a la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, al Consejo Consultivo de Canarias, a la Dirección General de Función Pública, al Ministerio de Hacienda y Función Pública y a los trabajadores públicos afectados.