La interacción entre democracia y tecnocracia está en la génesis misma de la Unión Europea y su funcionamiento posterior. Lo que primero fue la CECA, una entidad limitada a compartir la producción de carbón y acero (o sea, la industria de la guerra, es importante reseñarlo), con solamente seis Estados miembros, transmutó más tarde en Comunidad Económica Europea (nueve integrantes, después doce), luego en Comunidad Europea y finalmente en Unión Europea de 27 miembros (por el camino se bajó el Reino Unido) que acude a las urnas dentro de pocos días. Muchas cosas han cambiado desde el ya lejano 1952, pero a lo largo del tiempo se ha sostenido esta doble visión del proyecto de cogobierno en el Viejo Continente: debía respetar un modelo democrático, respetuoso con la voluntad de los ciudadanos, pero al mismo tiempo debería contar con un notable respaldo tecnocrático, la clase de pasión fría que estaba siempre en la mente de los padres fundadores, políticos que habían visto desde cerca la barbarie de una guerra mundial provocada por las pasiones calientes del nacionalismo y las utopías ideológicas, fascismo frente a comunismo, dispuestas a derrotarse aunque el precio fuera la vida de millones de sus conciudadanos. Esta lección de Historia es importante en la medida que nos ayuda a entender el escenario presente: la Europa unida fue creada para unir a los europeos, y fue por encima de todo un modelo de moderación política diseñado por las dos fuerzas dominantes en el continente, la democracia cristiana y la socialdemocracia. Que estas dos corrientes de la política moderna sean ahora incapaces de entender, con España como ejemplo, es una catástrofe de proporciones aún por evaluar. Pero lo pagaremos caro.

El consenso entre democracia y tecnocracia, desarrollado a través de acuerdos alambicados entre partidos políticos, instituciones obligadas a colaborar (la Comisión, el Consejo Europeo, el Parlamento) y Estados miembros (el eje franco-alemán, la alianza entre países centroeuropeos, los pactos mediterráneos y otras formulaciones) ha marcado el desarrollo del último medio siglo, en lo que podemos definir en todo caso como una historia de éxito. Todo ha sido muy complicado en Europa, porque este continente lo es, a veces tiene más historia de la que es capaz de digerir. Y frente al desafío de la complejidad aparece ahora el horizonte de un nuevo autoritarismo que avanza a lomos del cansancio ciudadano. Las elecciones europeas del próximo 9 de junio nos dirán hasta qué punto este nuevo extremismo supone una amenaza para los consensos básicos entre las fuerzas moderadas, articuladas por el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, los liberales y en menor medida y de forma más reciente los partidos verdes posibilistas. Frente a ellos, aparecen una izquierda radical en claro declive (salvo en Francia) y, sobre todo, una nueva derecha mucho más agresiva y dividida en dos familias, que ya gobierna en Hungría e Italia, lo hizo durante años en Polonia, acaba de llegar a Países Bajos, condiciona gobiernos en Finlandia y Suecia y toca a la puerta del poder en Francia. En España, ya lo saben, es un aliado venenoso para el Partido Popular, que intenta algo tan complicado como alejarse de Vox y llevarse al mismo tiempo sus votantes, porque los necesita para volver al poder. Un verdadero galimatías para Feijóo y compañía, que aún no han logrado resolver.

En Canarias dedicamos mucho tiempo a debates que luego no nos atrevemos a convertir en propuestas

Hay una cosa que debemos tener clara: la Unión Europea mantendrá una visión moderada de la política o saltará por los aires. Por tanto, la tecnocracia de Bruselas tendrá que encontrar nuevas fuentes de legitimidad para mantener su atractivo ante unos ciudadanos tentados por este nuevo autoritarismo que busca culpables ante su incapacidad para ofrecer respuestas. Es la tarea de la próxima Comisión y del próximo Parlamento, porque en el Consejo se vivirá la tensión de un nuevo ecosistema político en el que las fuerzas de derecha radical van a elevar, sí o sí, su presencia. La Europa unida deberá hacer frente a los terremotos políticos que acechan, y algunos de ellos los podría evitar con una visión que haga compatible la ortodoxia con una renovada visión democrática. A fin de cuentas, los problemas de la democracia solo se resuelven con más democracia. Todos nos jugamos mucho con lo que venga después del 9 de junio.

Y los canarios, no lo olvidemos, tenemos camarote en ese barco. Siempre hemos puesto la mirada en cómo la política de la Unión puede ayudarnos a resolver algunos de los dilemas que tenemos encima de la mesa. Uno de ellos tiene que ver con la escasez de vivienda y con la influencia que tiene el hecho de que tres de cada diez inmuebles vendidos en las Islas en la actualidad sean adquiridos por un extranjero, que por lo general es ciudadano de la propia Unión Europea. Este es un asunto muy complejo, de enorme dificultad técnica, y está por ver que sirva para algo, pues las casas que compran los europeos no son exactamente las mismas que demandan las familias con bajos recursos de las Islas. Dicho esto, creo que ha llegado el momento de plantear este asunto en Europa, para salir de dudas, y también para que no nos pase lo de siempre, es decir, que en Canarias dedicamos mucho tiempo a debates que luego no nos atrevemos a convertir en propuestas concretas, sea por miedo o por falta de confianza en nuestros propios argumentos. El único precedente real al que podemos agarrarnos está en el Mar Mediterráneo y es la isla de Malta, que tiene las dimensiones de La Gomera y casi medio millón de habitantes. Allí los extranjeros tienen que acreditar cinco años de residencia para comprar una vivienda, un ejemplo que ha sido tomado como opción por los políticos canarios que defienden la aplicación de una medida semejante en las Islas. Dos preguntas simples al respecto: ¿esto es posible lograrlo para Canarias?, ¿y si se logra servirá para algo? Son preguntas de respuesta complicada, pero tenemos que hacerlas y hacerlas ya.