Dentro del capítulo de minerales críticos o estratégicos, ya sean  metales o minerales necesarios para desarrollar determinadas tecnologías, existen unas materias primas que se denominan como tierras raras, que contienen una serie de elementos químicos de nombres impronunciables. Se utilizan, por sus peculiaridades ópticas o magnéticas, en electrónica, en renovables, en defensa o en medicina. En los procesos de extracción de estos elementos se aplican potentes tóxicos altamente contaminantes, tanto, que algunos países de nuestro entorno, conscientes de estos riesgos, no han procedido a su extracción en su territorio.

Canarias está lejos del continente y tanto sus fondos marinos como sus islas  parecen candidatas a que en sus suelos exista este tipo de material en cantidad suficiente para rentabilizar su explotación, de ahí que se haya dirigido la vista al archipiélago, principalmente a Fuerteventura, para la prospección  de zonas susceptibles de la obtención de algunos de estos elementos como neodimio,  lantano, o disprosio, presentes en las tierras raras, que es su nombre común.

El Gobierno -o el presidente Clavijo-  pretende que las cinco solicitudes de prospección minera en Fuerteventura existentes hasta ahora, pasen al Gobierno a través de una empresa pública como el Instituto Tecnológico de Canarias. La intención que se manifiesta es que esta maniobra impediría convertir Fuerteventura en  un yacimiento minero al reservarse el Gobierno estas licencias. Porque al Gobierno de Clavijo le preocupa hondamente el medio natural, la población y la calidad de vida.

Para valorar el uso que hace el Gobierno de Canarias de sus empresas públicas, tendremos que acudir a la experiencia previa y comprobar si se utilizan para intervenir o influir -y de qué modo lo ha hecho- en la gestión del territorio o en los cabildos y los ayuntamientos canarios. A modo de ejemplo, citemos a otra empresa pública como es GESPLAN, que se ha venido encargando, entre otros actividades, de la realización de obras e infraestructuras para ayuntamientos y cabildos, o de la redacción de planes como el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, PIOL el Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife, PGOU,  y su catálogo de protección, el  Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural  del Archipiélago Chinijo, PRUG, o el Plan Especial del Espacio Protegido de La Geria, PEEP, todos en Lanzarote. La conclusión es que es fácilmente demostrable que en  esa empresa pública, a la vista del contenido y de cómo se presenta,  parece desprenderse una constante que gira en torno a  la especulación, al negocio con el territorio y a dar apariencia de legalidad a fórmulas imaginativas que ponen en evidencia la desigualdad, la arbitrariedad y el abuso que practica el Gobierno. Son métodos de reparto, de aprovechamientos y de cesiones a a los que da amparo la legislación que ellos mismos elaboran y aprueban.

Con estos antecedentes, deberemos valorar la conveniencia de que otra empresa pública canaria se quede con las licencias para prospectar a la búsqueda de tierras raras para -así lo afirma- no hacer nada, lo  cual parece tener una escasa credibilidad a la vista del uso que hacen de semejantes instrumentos. Lo que parece subyacer con las tierras raras es que se aparta a los competidores y se allana el asunto  a la espera de encontrar el modo de que sea el Gobierno quien prospecte, revuelva y contamine el suelo majorero a la búsqueda de sus tesoros.

Con la fórmula descrita, el Gobierno se pondría por delante de otros a los que blindaría, en los que podrían confluir algunos intereses privados y negocios para unos pocos sobre un bien cuya integridad  va a quedar cuestionada, principalmente desde una perspectiva medioambiental. Lo curioso es que no se concentren en la recuperación de esos elementos a partir del reciclado de todo tipo de dispositivos que  contienen estos elementos y que se localizan en nuestros vertederos.

La presidenta del Cabildo majorero, también de CC, y que no puede desconocer las prácticas de sus compañeros de partido en el gobierno, no quiere que la isla sea una mina a cielo abierto y se rebela, pidiendo al consejero de Economía, del PP,  que no se acometa este tipo de proyectos. Manuel Domínguez en perfecta sintonía con el presidente, ni se ocupa de responder al gobierno insular ni a las solicitudes que piden conocer el expediente. Dado el escaso rodaje en lo público para el embuste, lo cual sí domina, por viejo, Fernando Clavijo, es este quien responde a la presidenta majorera, mientras inaugura una muestra artística en Fuerteventura. La exposición -concluyo de pasada- parece un castigo personal de Clavijo al pueblo, al que impone una colección que deben pagar, pues no es una donación, que carece de relevancia y  que no quieren ni en Gran Canaria. No debemos olvidar que en un anterior mandato, tuvo la extravagante ocurrencia de prometer un museo del mismo artista en cada isla, cosa que no tiene ningún notable artista canario vivo o muerto y que ni tan siquiera están representados con una obra por isla. Ese es la talla intelectual del personaje.

Centrándonos en lo que interesa en este momento, digamos que ni este gobierno, ni el que antes lideró el socialista Ángel Víctor Torres, han mostrado respeto alguno a majoreros y conejeros, y se han confabulado para seguir tratándonos como islas residuales cuyo interés radica en hacer negocio. Nos falta por saber si a Dolores García, la presidenta del Cabildo de aquella isla, que parece franca en su petición de defender la sostenibilidad de Fuerteventura, la callarán cuando, a cambio de su conformidad, de su complicidad y de su silencio, la hagan participe del pastel, o si, realmente, es una mujer que está convencida de lo pernicioso del proyecto que estarían tramando los suyos. La honraría liderar semejante batalla en varios frentes, en el de su partido, CC y en el del gobierno regional de CC y del PP,  poniéndose al lado de la isla, que es tanto como decir, del interés general.