Mi hijo y dos jóvenes estudiantes canarios más, que comparten piso en Madrid, forman parte del grupo de casi tres millones de personas españolas, de distintas ideologías políticas, sensibilidades y gustos, como toda sociedad diversa, afectadas por la caída del decreto ley de prórroga de alquileres, que aunque aprobado el pasado 20 de marzo en el Consejo de Ministros, no consiguió ser convalidado este 28 de abril en el Congreso de los Diputados.

El decreto daba cobijo a los contratos con fecha de expiración entre marzo de 2026 y diciembre de 2027 para su prórroga por dos años limitando al 2 por ciento las actualizaciones anuales de la renta. Su vigencia efímera se la debemos a los votos en contra del PP (137 diputados), Vox (33), Junts per Catalunya (6) y Unión del Pueblo Navarro (1), y la abstención del Partido Nacionalista Vasco (5). Vayan tomando nota familias para todas las elecciones de 2027. La suma de fuerzas progresistas, y el apoyo de un par de partidos nacionalistas con representación minoritaria, con un total de 166 votos a favor, se quedó corta ante los 177 ‘noes’ de la derecha y derecha ultra.

Son PP y Vox, los mismos que pactan ahora la “prioridad nacional”, más bien, “prioridad NaZional”, que no es otra cosa que intentar disimular su xenofobia y sectarismo discriminando a ciudadanos y ciudadanas, por razones de su país de origen, en la prestación de servicios sociales en las comunidades autónomas donde gobiernan.

¿Prioridad? La falta de vivienda para alquiler o compra asequible que padece la población es hoy el principal problema nacional, pero ya estamos viendo cuáles son sus prioridades: favorecer a los grandes tenedores de viviendas, que no tienen una ni dos, para que especulen y suban sin límites los precios de alquiler.

Volviendo al ejemplo práctico que me toca. En 2022, firmamos junto a dos familias más el contrato de arriendo del piso para nuestros hijos en Madrid. La carga de  esta  obligación en una ciudad como Madrid, sumando la matrícula de la universidad, costes de servicios públicos y gastos de manutención mensual, es casi imposible para una sola familia, así que la única opción para nosotros y la inmensa mayoría de españoles con hijos estudiando fuera del lugar habitual de residencia es la de compartir vivienda, y contando, por supuesto, con las becas y ayudas públicas. 

En nuestro caso, cumplido el primer año y tras las prórrogas obligatorias anuales, la fecha de vencimiento del contrato de cinco años está fijada para septiembre de 2027. Durante todo este tiempo, la revisión de la renta anual está sujeta, por contrato, a la actualización oficial del IPC (Índice de Precios de Consumo), así que en estos primeros cuatro años el alquiler nos ha subido hasta un razonable 7,7 por ciento.

¿Qué pasará ahora? Sin la prórroga obligatoria de dos años, cambian las condiciones para nosotros y para casi 3 millones de familias que nos enfrentamos a la tesitura de que nos pidan el piso. Alternativas, pues salir una vez más a buscar otra vivienda en un mercado sin regulación y con escasa oferta de alquiler de larga duración y con precios por las nubes, o quedar  directamente sometidos a aceptar de un solo taponazo el estampido de un 50 por ciento o más de subida, que es lo que las asociaciones de consumidores y sindicatos de inquilinos estiman empezarán a exigir los propietarios y grandes rentistas. Margen para negociar, muy poco.

Se supone que el derecho a la vivienda está recogido en el artículo 47 de la Constitución Española. El decreto ley tumbado por la derecha y la derecha ultra no era la panacea ni la gran revolución bolchevique, de paz, pan y tierra, que iba a acabar con el problema de la falta de vivienda, ya que son necesarias medidas más contundentes como el control exhaustivo a los precios de alquiler  y mayor inversión estatal y autonómica en la construcción de viviendas protegidas, pero el decreto sí que suponía un alivio para familias que ya están en peligro de quedarse en la física calle.

La situación de los pisos de universitarios no es que sea un problema menor, pero los poderes públicos y la sociedad estamos obligados a buscar soluciones inmediatas a la incertidumbre de hogares con hijos que no llegan a fin de mes, jóvenes que acaban de ingresar al mercado laboral con salarios de pena o jubilados con rentas bajas. Mientras llegan las medidas de fondo, si es que llegan, lo lógico es que el Gobierno de España impulse una nueva medida transitoria y que asegure su validez en el tiempo a través del diálogo con partidos políticos dispuestos a negociar.

Esta semana, la Fundación Gabo (García Márquez) apuntaba en una reflexión sobre los retos del periodismo en la era de la desconexión humana, en medio de la paradoja de la hiperconexión digital, que “las audiencias, aunque cada vez más habituadas al consumo fragmentado, siguen necesitando comprender lo que ocurre a su alrededor”. Decidí entonces poner en común mi caso particular y aportar solo un granito de contexto a la inmediatez.