El diccionario de la Real Academia Española de la lengua define pretexto como “motivo o causa simulada o aparente que se alega para hacer algo o para excusarse de no haberlo ejecutado”.

Hace tiempo que el cine descubrió Canarias como un magnifico set de filmación al aire libre. No vamos a elogiar la extraordinaria calidad del paisaje insular para recrear escenarios cinematográficos, pero sí debemos advertir que, poco a poco, los poderes públicos y privados se esfuerzan por degradar su paisaje con decisiones que amparan la instalación por toda la isla de molinos de viento, torres de alta tensión, pistas para todo tipo de vehículos o la celebración de rallies en parajes altamente sensibles.

Si hablamos de Fuerteventura, amparados en la calidad del paisaje insular, un promotor pretende ejecutar un proyecto destinado a convertir una parcela rústica de 160.000 metros cuadrados, ubicada en las inmediaciones del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, en una especie de ciudad del cine, con inmensas naves destinadas a la producción y postproducción de películas.

El proyecto requiere para su ejecución de su previa declaración de interés insular de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley del Suelo de Canarias.

Los usos del suelo es un asunto que siempre genera una gran polémica social debido a los múltiples intereses en juego, pues su armonización con los de los propietarios,  los promotores y  los especuladores con la conservación del medio ambiente es una tarea cuya resolución difícilmente deja satisfecho a todos los sectores afectados, y eso que no hablamos de la ciudadanía, siempre afectada y nunca tenida en cuenta.

Es misión de los poderes públicos garantizar (o al menos procurarlo) que el suelo destinado al proceso urbanizador no repercuta negativamente con un desarrollo sostenible de la isla.  Con ese objetivo, la declaración de interés insular, sobre todo cuando tiene por objeto proyectos cuya ejecución se realiza en suelo rústico, y tan próximos a un espacio natural protegido, exige una ponderación sosegada de todos los intereses en juego. Esa ponderación debe realizarse, evidentemente, antes de aquella declaración. A mi juicio, la ley no atina con el procedimiento, pues en vez de situar tal declaración al final del procedimiento lo pone al principio y como trámite previo para someter el proyecto a información pública. De este modo, aunque la ley dice que tal declaración no condiciona la resolución final que se adopte, no es menos cierto que solo prevé un supuesto que podría dar lugar a que no se autorice el proyecto, que sería en el momento en que se opusiera el municipio en cuyo territorio se ejecute. Y, en ese caso, la decisión final correspondería al Gobierno de Canarias.

O sea, la declaración de interés insular sí condiciona la resolución final del procedimiento.

Durante el debate del pleno del Cabildo en el que se acordó la declaración de interés insular de Dreamland, su presidente, Sergio Lloret, manifestó que la declaración de interés insular no vincula la decisión final que se adopte en el procedimiento destinado a autorizar el proyecto, afirmación errónea, o conscientemente falsa, pues al haberse efectuado la declaración de interés insular el Cabildo ya no es libre para no autorizar el proyecto. Otra cosa es que concurra alguna circunstancia (por ejemplo, la oposición municipal) que aconseje o imponga no autorizar la ejecución del mismo. De modo que si instruido el expediente no aparece ningún elemento nuevo que advierta que el proyecto no cumple con la normativa de aplicación, el Cabildo de Fuerteventura está obligado a autorizar la ejecución del Dreamland, incluso, aunque las alegaciones presentadas en el trámite de información pública muestren el rechazo al mismo.

No deja de ser un brindis al sol que ahora el PSOE de Fuerteventura diga que apuesta por Dreamland en una ubicación sin rechazo de la sociedad majorera. Si fuese una declaración sincera -que no lo es- llega tarde, y en política llegar tarde te condena. Lo que no dice el PSOE es cómo va averiguar lo que piensa la sociedad majorera. Quizás abran un “proceso de escucha”, tan de moda ahora en la izquierda caviar de este país, para saber qué opina el pueblo majorero.

Los consejeros/as del PSOE en el Cabildo saben, y si no lo saben ellos lo sabe Blas Acosta (su secretario general insular, expresidente del cabildo majorero y viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias), que es quien ordena y manda en ese partido, que la decisión de declarar el proyecto Dreamland de interés insular es vinculante  y que cuando se lleve su autorización votarán a favor, salvo que quieran incurrir en responsabilidad, sin que pueda servir de excusa para denegar la autorización al proyecto el rechazo de la sociedad majorera.

En el fondo, la declaración del PSOE es un intento de apaciguar las críticas por su apoyo a Dreamland. Una parte de los consejeros/as hubiera votado en contra, pero eso suponía enfrentarse a Blas Acosta y, lo que es peor, desaparecer de la lista al Cabildo en las próximas elecciones. Con ello se esfumaría la posibilidad de acceder a un sueldo, a móvil gratis, a cierto reconocimiento social, a foto en la prensa, y a un horario de “trabajo” flexible. Esos consejeros/as esperaban y deseaban que la Justicia hubiera colocado a Acosta (que lleva años enredado en causas penales) en la puerta de salida de la política, pero no estuvo de su lado la fortuna. Les falló el fiscal. Los casos hay que prepararlos mejor.

En la operación Dreamland el único error lo cometió precisamente Blas Acosta. La población de Fuerteventura sabe, pues conoce su trayectoria, que es, si no un lince, sí una ardilla, para apreciar inmediatamente las posibilidades que ofrece un proyecto de esas características. Por eso, siendo presidente del Cabildo llevo al pleno en enero de 2021 la declaración de interés insular. Contaba con el apoyo del PSOE y Podemos, estos, completamente subordinados a su voluntad. Sabía de la oposición de CC y de PP, pero creía que el consejero Sergio Lloret apoyaría la declaración. Las relaciones entre los dos ya venían mal y el hecho de que nadie le hiciera partícipe de las oportunidades que generaría Dreamland determinó su rechazo al proyecto, declarando que la zona elegida para su ejecución era un “espacio virgen con fragilidades” y que hay que contar con “la población en general”.  Lo de Lloret fue un golpe en la mesa para recordarle a Blas Acosta que llegó a ser presidente con su apoyo y que sin él dejaría de serlo, como finalmente sucedió.

Con Lloret instalado ya en la presidencia del cabildo y sintiéndose partícipe de los inmensos beneficios que va generar Dreamland para la isla, se acabaron los problemas para declararlo de interés insular. Ya no hay que contar con la población, pues lo importante era contar con él, ni mucho menos hay consideraciones a la naturaleza virgen.

Cada día que pasa Sergio Lloret en la presidencia del Cabildo demuestra que el cargo le viene grande. Para ser presidente de la corporación insular es necesario algo más que un título de ingeniero de caminos. Le sobra inteligencia y hambre de poder y le falta todo lo demás.

Quizás, quienes peor retratados quedan en esta historia son los consejeros ecologetas de Podemos en el Cabildo,  Andrés Briansó y Pau Quiles.

Como la declaración de interés insular de Dreamland quedó sobre la mesa en el pleno de enero de 2021, pudo Briansó manifestar a Acosta que como ese asunto iba a quedar sobre la mesa, haría una declaración en la que diría lo que la gente espera oír, o sea, su oposición al proyecto “por su impacto territorial y paisajístico”. Lo que no pensaba Andrés Briansó es que el asunto volviera al pleno antes de finalizar esta legislatura.

Ni siquiera fue necesario que Blas Acosta llamase a Briansó y a Quiles. En la memoria de estos dos pesaba más sus paseos por la isla en los coches eléctricos del cabildo (consentidos por el entonces presidente, Blas Acosta) que sus supuestos principios.

Briansó compareció en pleno con poco entusiasmo (lo hizo exclusivamente porque su presencia era imprescindible). Su intervención, breve y sin contenido, tuvo por objeto excusarse por votar a favor del Dreamland. Y Pau Quiles, que también había declarado su oposición al proyecto, tuvo una oportuna indisposición con certificado médico que le impidió asistir al pleno más importante. Estaba tan mal que ni siquiera pudo participar -por prescripción facultativa- mediante videoconferencia.

Con los apoyos de PSOE y Podemos estaba prácticamente hecha la mayoría necesaria para acordar la declaración de interés insular. Evidentemente, Sergio Lloret no habría llevado este asunto a pleno si no tuviese garantizada la mayoría. Faltaban dos votos y esos votos también estaban atados. Por un lado, la consejera Sandra Domínguez, enemiga pública de Lloret, pero incapaz de perder una oportunidad como Dreamland.  Y, por otro, el consejero Juan Nicolás Cabrera, un personaje político inclasificable, que ha cambiado tantas veces de partido político que ni el mismo sabe dónde está ahora; llegó a ser, hace más de 30 años, concejal de Urbanismo de Puerto del Rosario cuando militaba en el PSOE. En ese partido y en ese Ayuntamiento aprendió mucho sobre el urbanismo de café, copa y puro. Su principal aportación fue contribuir de forma decisiva a liquidar lo poco que quedaba del casco histórico de Puerto.

En fin, que la pareja Blas Acosta-Sergio LLoret ha conseguido lo que tanto deseaba: que Dreamland se pueda ejecutar. Ya habrá ocasión de comentar qué les une y qué les separa; de recodar los contratos menores que Acosta concedió a  Lloret, y cómo la política y algunos intereses no satisfechos les fueron separando. Los consejeros del PSOE en el Cabildo están tan enrocados con los contratos menores de la consejera Lola García que no se dan cuenta de que, probablemente, lo que van a conseguir es dejar desnudo a Acosta de tanto tirar de la manta. En el Cabildo, como en cualquier otra entidad, todo el que fue presidente o consejero/delegado/a tiene contratos menores y mayores de los que esperan que pasen desapercibidos.

Como dice Manuel Riveiro en su artículo sobre Dreamland: “se ha convertido en el debate territorial más importante de la última década”. Sin embargo, mi percepción desde cierta distancia territorial es que no dividió tanto a la población como sí sucedió con el proyecto de Eduardo Chillida para la Montaña de Tindaya.

En su momento, el proyecto de Chillida dividió a la sociedad majorera en dos, a pesar de que el proyectó contaba con el respaldo político de todos los partidos con representación en el Cabildo. Sin embargo, Ildefonso Chacón Negrín, presidente del Cabildo en aquel momento, hizo honor al cargo y mantuvo públicamente una postura distante con el proyecto. Varias veces escuché su parecer sobre este asunto, del que llegó a confesar que el proyecto para Tindaya no se debía ejecutar sin consenso social. Su planteamiento institucional del proyecto de Chillida dista mucho del realizado por Blas Acosta y por Sergio Lloret con Dreamland. Ahora se pretende que la población se manifieste a través del trámite de información pública pero cuando ya se ha realizado la declaración de interés insular, o sea, es una política de hechos consumados, lo de “diga usted lo que quiera, pero la decisión ya está tomada”. Esta fórmula viene siendo muy del gusto de las administraciones locales y hasta del propio Cabildo de Lanzarote que usa el trámite de información pública como una mera formalidad que no sirve absolutamente para nada más que para cubrir el expediente. No les interesa lo que la población quiera decir.

Ildefonso Chacón creó una comisión de estudio del proyecto de Chillida formada por especialistas en las diversas ramas del saber que afectaban al proyecto, y sólo cursó una instrucción a esa comisión, la referida a recibir a todos los representantes de la sociedad civil que así lo solicitasen para escuchar su opinión sobre el proyecto.

A pesar de la distancia ideológica con Chacón, siempre hubo una relación cordial. Ya no hay políticos ni presidentes como él. Todo parecen despojos en la política canaria,  con Blases, Sergios, Marios, Casimiros, Sangineses y demás.

Que bien hubiese quedado Blas Acosta, y ahora Sergio Lloret, si hubiesen creado una comisión del Cabildo integrada por representantes de todos los grupos políticos para reunirse con las organizaciones insulares (empresarios, organizaciones ecologistas, asociaciones de vecinos...) para pulsar opiniones del proyecto y sobre su ubicación, y, una vez escuchado a todo aquel que lo solicitase, valorar si existía el suficiente consenso social para declarar de interés insular el proyecto. Que poco atentos han estado el Partido Popular y Coalición Canaria para haber propuesto su creación.

Los datos del proyecto publicados por Diario de Fuerteventura ponen de manifiesto que Dreamland no pasa de ser un centro de ocio para turistas en el que el cine es una parte más y no precisamente la más importante ni la más rentable. Presentar ese proyecto como una diversificación de la economía cuando la mayor parte del empleo que se crea son kellys, camareros o dependientes de los establecimientos es una burla a la población.

Si el proyecto Dreamland fuese crear una ciudad del cine tipo Hengdian (un enorme set para rodaje situado en China con más de 30 espacios que recrean calles, palacios, jardines, que sintetizan cinco mil años de historia) que después de convertirse en la mayor ciudad del cine del mundo, pasó a ser una gran atracción turística, deberíamos habernos tomado en serio el proyecto y ser los poderes públicos los encargados de buscar la mejor ubicación para su ejecución.

Mucho me temo que lo único que queda por hacer es sentarse en las lomas que bordean la zona y disfrutar del paisaje antes de que las máquinas arrasen, revuelvan y destruyan el territorio en nombre de Acosta, Lloret y Briansó.

Cuando termino de escribir este artículo, Sergio Lloret ha cesado a los consejeros y consejeras de CC. Se queda con su infiel escudero Juan Nicolás Cabrera y con los consejeros del PP. Consejeros que en privado han dicho de todo sobre Sergio menos bonito. Incluso llegaron a unir su suerte en el gobierno insular a la de CC. Ahora es el momento de demostrar si eso solo eran palabras para asegurar un pacto con Lola García para la próxima legislatura o era sólo postureo, pues a la hora de la verdad pesa más el sueldo de consejero que  la palabra dada a CC.

En todo caso, el cese de los consejeros de CC en este momento, a cinco meses de las elecciones, demuestra que ni la presidencia del Cabildo podía caer tan bajo, ni Sergio podía llegar a más. Del PP depende permitir que personajes como Sergio Lloret o Juan Nicolás puedan seguir denigrando la institución. Situaciones peores podremos seguir viendo con estos personajes.