En Fuerteventura, como en el conjunto de Canarias, el debate sobre el modelo turístico ha dejado de ser una cuestión técnica para convertirse en una conversación social de primer orden. En ese contexto, el “todo incluido” se ha consolidado como uno de los principales señalados. La idea es sencilla y poderosa: si el turista sale del hotel, la riqueza se repartirá mejor. Pero los datos y la experiencia invitan a desconfiar de las soluciones simples.

Canarias recibió en 2025 más de 18 millones de turistas y generó más de 23.000 millones de euros de gasto. El turismo representa cerca del 30% del PIB y alrededor del 40% del empleo del archipiélago. En Fuerteventura, donde la economía está aún más concentrada en esta actividad, cualquier cambio en el modelo tiene efectos directos sobre el empleo, la inversión y la estabilidad económica.

Además, el todo incluido no es un fenómeno marginal. En los hoteles de 4 estrellas —los más extendidos— cerca de la mitad de los clientes opta por este régimen. Es, por tanto, una pieza estructural del sistema turístico actual. Eliminarlo no sería una corrección, sino una transformación profunda con riesgos evidentes.

El principal de ellos es la pérdida de competitividad. Canarias no compite consigo misma, sino con destinos como Turquía, Egipto o el Caribe, donde el todo incluido es una oferta consolidada. Pensar que el turista cambiaría automáticamente su comportamiento —saliendo más y gastando en el entorno— es una hipótesis optimista. La alternativa más probable es que una parte de esa demanda simplemente elija otro destino.

Este enfoque explica por qué, desde el ámbito político, rara vez se plantea una prohibición directa. Dirigentes como Ángel Víctor Torres o Fernando Clavijo han insistido en la necesidad de mejorar el modelo turístico, pero sin poner en riesgo su competitividad. En la misma línea, tanto Yaiza Castilla como la actual consejera, Jéssica de León, han centrado el debate en el aumento del gasto por visitante, la sostenibilidad y la calidad del destino.

A escala insular, voces como la de Blas Acosta han ido un paso más allá al reclamar que el turismo deje un mayor retorno real en la economía local. Y ahí está, probablemente, el verdadero núcleo del problema: no tanto cuántos turistas llegan, sino cuánto de lo que gastan se queda en la isla.

Por eso, centrar el debate exclusivamente en eliminar este régimen puede ser tan atractivo como equivocado. No solo por el riesgo económico de aplicarlo sin una alternativa sólida, sino también por su compleja viabilidad jurídica. Una prohibición directa del “todo incluido” chocaría con principios básicos como la libertad de empresa reconocida en la Constitución española y con la normativa europea de competencia y libre establecimiento. Además, cualquier restricción de este tipo debería estar sólidamente justificada por razones de interés general, ser proporcional a los objetivos perseguidos y, en la práctica, ir acompañada de amplios periodos transitorios para evitar conflictos legales y posibles reclamaciones patrimoniales por parte del sector turístico.

Eso no significa que el modelo deba permanecer intacto. Al contrario. Fuerteventura tiene margen para evolucionar hacia un turismo de mayor valor añadido, mejor conectado con su entorno y con mayor capacidad de generar riqueza local. Pero ese cambio requiere estrategia, no impulsos: incentivos al consumo local, colaboración entre hoteles y empresas de la isla, diversificación de la oferta y planificación a medio plazo.

Porque, pese a los récords turísticos, persisten problemas estructurales: salarios bajos, dificultades de acceso a la vivienda y una percepción creciente de que la riqueza no se distribuye de forma equilibrada. El todo incluido influye en esa realidad, al concentrar el gasto dentro de los complejos hoteleros, pero no es el único factor. También pesan la dependencia de operadores internacionales, el modelo empresarial o el nivel de importaciones.

En definitiva, el problema no es el todo incluido en sí, sino la dependencia excesiva de un modelo que no siempre maximiza el beneficio social. La solución, por tanto, no pasa por prohibir, sino por transformar.

Porque en una economía tan dependiente del turismo como la majorera, la pregunta no es qué queremos eliminar, sino qué modelo queremos construir sin poner en riesgo lo que hoy sostiene la isla.

* Secretario de SOS Fuerteventura