La sombra de la incertidumbre planea sobre los miles de padres y madres que en unos días tendrán que enviar a sus hijos de vuelta a los colegios en plena pandemia por la COVID-19. La incertidumbre es mayor aún en aquellas familias donde la crisis sanitaria los ha dejado sin trabajo y sin apenas recursos para poder comer.

Sin saber cómo llenar la despensa, se tienen que enfrentar a un inicio de curso que exige cientos de euros para la compra de material escolar, uniformes, ahora también mascarillas y puede que recursos digitales si, finalmente, se decide optar por clases telemáticas.

Evelyn y Mauro deberían estar en estos momentos nerviosos y celebrando que su única hija de tres años en unos días irá por primera vez al colegio. Sin embargo, tienen la cabeza ocupada pensando en cómo hacer frente al pago del alquiler y la compra de alimentos de primera necesidad.

La pareja, de origen argentino, llegó a Fuerteventura el pasado 19 de febrero en busca de “seguridad y un futuro” para su hija, cuenta Evelyn. Durante un tiempo, ahorraron para hacer frente al viaje con la ilusión de llegar a la Isla, encontrar empleo y empezar una nueva vida.

Sin embargo, apareció el estado de alarma y las puertas y ventanas se cerraron para impedir que entrara el virus. También echaron el fechillo las oportunidades laborales. “Lo poco que habíamos traído ahorrado se nos fue. Estuvimos años juntando para cumplir el sueño de venir y se perdió. A mi pareja le dio un ataque de ansiedad por estar encerrado y no poder traer dinero a casa para dar de comer algo a la niña”, comenta Evelyn.

Pagan 400 euros de alquiler, que consiguen a duras penas a través de la economía sumergida. Ella limpiando casas y él haciendo arreglos en albañilería. “Para la comida y el aseo no llegamos. Vivimos con lo que se va haciendo al día, que suele ser unos 10 euros”, explica.

A la desesperada, han tenido que llamar a las puertas de Personas Maravillosas de Fuerteventura, una red solidaria a través de Facebook, donde personas de la Isla realizan compras y donativos para pagar recibos de agua o luz a las familias más necesitadas. Gracias a Cruz Roja han podido acceder a la ayuda para el comedor de cuota cero y el transporte en guagua, pero no saben cómo harán frente a los gastos de material.

“Espero, con los trabajos de limpieza y estética que realizo, poder hacer algo de dinero para afrontar este inicio de curso y que mi hija pueda tener su mochila, como todo niño cuando empieza un curso nuevo, los lápices o el material que le pidan. Todo esto es algo nuevo y nos preocupa cómo hacerle frente”, reconoce.

La vuelta al cole tendrá un coste medio nacional de 379,71 euros por alumno frente a los 371,87 euros del curso anterior. Esto se traduce en una subida del 2,11 por ciento que se reparte entre libros (2,23 por ciento) y uniformes (2,01 por ciento), según el tercer informe realizado por el comparador bancario iAhorro en 301 colegios de todo el país públicos, de educación concertada y privados. Según el estudio, el coste medio por alumno en libros en Canarias alcanzará los 162,21 euros mientras que en uniformes será de 197,57.

El secretario general de la Unión de Consumidores Españoles (UCE) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Raúl Alonso, reconoce que el gasto en Canarias será similar al del año anterior, aunque alerta de que debido al parón económico que ha producido la crisis sanitaria, “muchas familias están en una situación económica muy precaria, por lo que afrontar ahora los gastos del comienzo de curso es realmente dificultoso”.

Para Alonso, este inicio de curso va a ser aún “más complicado” que el de los años 2008, 2009 y 2010, cuando España estaba inmersa en plena crisis económica. “En aquel momento, fue un problema puramente económico y de cómo hacer frente al gasto que supone la vuelta al cole, pero no había incertidumbre sobre horarios o cómo afrontar las clases”, aclara.

Brecha digital

El confinamiento obligó a docentes y alumnos a ponerse las pilas con las clases telemáticas y puso de moda el término brecha digital. El curso virtual sacó a la luz la pobreza que muchos hogares canarios encierran entre sus cuatro paredes. Las familias más pobres vivieron la transición de lo presencial a lo virtual apartados en una esquina por no tener aparatos electrónicos o conexión a Internet.

La posible vuelta a las clases online supondrá, según el representante de la OCE en la provincia tinerfeña, “un coste añadido, al que muchas familias no podrán hacer frente”. Por tanto, aboga por incrementar medidas, por parte de las administraciones públicas, puesto que “si hay algo que genera igualdad en una sociedad democrática es la educación”.

Insiste en que “se debe impedir que una situación tan grave como la pandemia genere un problema más grave a quien menos capacidades tiene y encima una brecha en la educación”. Los ayuntamientos de toda Canarias se preparan ya para recibir un aluvión de solicitudes para acceder a la ayuda escolar.

Cruz Roja ha atendido en estos meses a 2.900 personas, el cuádruple que antes, con perfiles nuevos como personas en ERTE o solicitantes del Ingreso Mínimo

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario cerró hace unos días el plazo. Este año recibieron 133 solicitudes para un total de 208 niños, frente a las 84 que llegaron en el curso 2019-2020. May mantiene la esperanza de poder tener alguna ayuda que le alivie el inicio del curso escolar. Tiene dos hijos, una de cinco y otro de tres, que acude por primera vez este curso al colegio del Cotillo, y otro en camino, que llegará en apenas unas semanas.

Hasta marzo trabajaba de camarera en una cafetería, pero la situación sanitaria la envió al paro. Su marido estaba empleado en una naviera. A él, el coronavirus lo mandó a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo del que ha salido hace un mes.

Hacen frente al inicio del curso con el sueldo del padre, unos 1.000 euros, a los que hay que restar el alquiler y el resto de los gastos que tiene cualquier familia. “Mi hija lleva dos años en el cole y, normalmente, el inicio del curso lo afrontábamos sin problemas comprando el uniforme y los libros. Este año no sé qué pasará”, se pregunta dudosa.

Al pequeño de tres años le tocará ponerse el uniforme que utilizaba su hermana el año pasado, pero aun así la familia tendrá que hacer frente a la compra de libros y uniformes para la niña. El curso pasado gastó 130 euros en libros y material además del uniforme. Calcula que llevar a sus hijos al colegio le costará este mes de septiembre unos 400 euros entre los dos.

Los hijos de Amy no llegan aún a los seis años, la edad obligatoria de escolarización. Asegura que ella y su pareja están, incluso, planteándose dejarlos en casa, debido a la situación sanitaria y los protocolos de seguridad, unas medidas que se dificultan en el centro al que van los pequeños, el de El Cotillo, con incapacidad para ampliar aulas tal y como han denunciado los padres del centro.

“Hemos pensado en no mandarlos y hacer escuela en casa porque, además del coste económico que supone, nos da respeto la situación. Vamos a tener un recién nacido, los padres de mi pareja son personas mayores con patologías y nos da miedo un contagio”, reconoce.

Retrasos en las ayudas

La presidenta de la Federación Insular Majorera de Madres, Padres y Alumnos (Fimapa), Josefa Méndez, lleva días pegada al teléfono, con reuniones por videoconferencia o dando mensajes de ánimo a los padres ante un comienzo de curso al que todos definen con la palabra incertidumbre. “No sabemos nada, ni si hay que comprar o no libros o uniformes. La sensación es de incertidumbre total”, asegura.

Apunta el retraso que han tenido las ayudas escolares durante el pasado curso, debido al retraso de los plazos por el confinamiento. “Las del Cabildo, que se dieron para el curso del año pasado para material, hoy en día no se han ingresado”, dice.

Josefa indica que las ayudas para libros se retrasan todos los años. “El año pasado hubo niños que recibieron los libros a finales de noviembre”. Por ello teme que este curso la situación se complique “aún más” porque no se sabe cómo va a ser la cosa.

Josefa Méndez coincide con el secretario de la Unión de Consumidores Españoles en la provincia tinerfeña en la preocupación por cómo harán frente las familias más pobres a las clases online. A pesar de los intentos del Gobierno de Canarias, Cabildo y ayuntamientos en hacer llegar a los hogares tabletas, la situación, según esta representante de padres y madres, no fue como tenía que haber sido.

Entre las situaciones no deseables que se han dado, Josefa cita “centros que, por ejemplo necesitaban 46 tabletas y a los que llegaban dos, una de ellas con la tarjeta rota” o “encuestas para testar la situación tecnológica de los hogares, en las que se contabilizaba como un recurso la respuesta ‘un dispositivo móvil’, aunque éste fuera un teléfono”.

Cruz Roja en Fuerteventura también está a la expectativa de cómo será el regreso a las aulas y cómo afectará a los hogares con menos recursos. La pandemia les hizo calzarse las botas de emergencia para intensificar la ayuda a las familias con extrema vulnerabilidad con las que venían trabajando, pero también para atender a nuevos perfiles, “el de personas que trabajan en la economía sumergida, en situación irregular o familias que han sufrido un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y a las que ahora los recursos económicos no le dan para llegar a final de mes”, explica la responsable de Intervención Social de la ONG en la Isla, Teresa López.

Cruz Roja en Fuerteventura oferta un proyecto de éxito escolar, una iniciativa de apoyo educativo para menores de entre seis y 16 años repartidos en grupos en las zonas de Puerto del Rosario, Corralejo y Gran Tarajal, donde se refuerza el contenido educativo, además de incluir materias transversales, como la igualdad o el medio ambiente. Durante el confinamiento, la institución humanitaria continuó prestando ayuda a través de videollamadas y facilitando fotocopias y tabletas con conexión a Internet a las familias más necesitadas.

Teresa dice que, ante el inminente inicio de curso, las familias ya han empezado a trasladar el miedo y la incertidumbre sobre cómo hacer frente a estos gastos, “sobre todo aquellas familias, con las que trabajábamos, que se han visto en una situación agravada y de extrema vulnerabilidad, a las que se han añadido muchas más. Durante estos meses, hemos atendido a unas 2.900 personas, lo que ha supuesto cuatriplicar el número de intervenciones durante el estado de alarma”.

Esta incertidumbre se extiende también a los afectados por los ERTE que “no saben qué va a pasar con su situación” o a quienes han presentado la solicitud para el Ingreso Mínimo Vital “y están a la espera de cobrar”, apunta la responsable de Intervención Social de la ONG.