Este lunes la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario evaluó las distintas ofertas presentadas para ejecutar la continuación del paseo marítimo hasta Playa Blanca y se inclinó por la presentada por Tecopsa, una constructora con vínculos con la compañía majorera Cororasa.

En total se presentaron seis ofertas (Bernegal, Copisa, Crispal, Joca, Maxodiver y Tecopsa) a un concurso en el que la oferta económica tenía 90 puntos y la ampliación del plazo de garantía de los trabajos ascendía a 10 puntos. El presupuesto base de la licitación era de más de 2,6 millones de euros.

La oferta ganadora asegura que ejecutará las obras por 1,8 millones de euros. La segunda oferta más ventajosa desde el punto de vista económico fue la de Maxodiver, por debajo de los dos millones. La oferta ganadora se quedó en el límite para no ser considerada “desproporcionada o anormal”, según el acta de la Mesa de Contratación, que concluyó que “no existe ninguna empresa en baja temeraria o desproporcionada”.

En cuanto a ampliar el plazo de garantía de las obras, todas las empresas la ofertaron, de tal manera que se las calificó con 10 puntos. En el resultado final, Tecopsa quedó la primera, Maxodiver la segunda y Joca la tercera.

El acondicionamiento del paseo marítimo está contemplado en un convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica de Gobierno de España y el Ayuntamiento portuense. Puerto del Rosario continuará, de esta manera, abriéndose al mar a través de una avenida que contaría con cinco kilómetros en su totalidad.

El nuevo tramo del paseo, que se extenderá al sur de la capital majorera, contará con una longitud de 1.483 metros, donde se contempla un paseo peatonal de unos seis metros de ancho y distintos accesos a las diferentes playas y calas con rampas y escaleras adaptados a personas con movilidad reducida. También se nutrirá de espacios a modo de miradores, mobiliario urbano y zonas verdes.

Una vez que la Mesa de Contratación ha otorgado la mejor puntuación a la oferta de Tecopsa, queda que se produzca la adjudicación formal, con margen también para que el resto de empresas presente sus reclamaciones o incluso acuda al Tribunal administrativo de contratación pública de Canarias. No obstante, si se cumplen los plazos, las obras estarían culminadas el próximo año.