Último miércoles de abril, seis de la tarde. El Consejo Municipal de Participación Ciudadana de La Oliva vuelve a reunir, en el mismo foro, a las asociaciones sociales y a los cargos públicos del Ayuntamiento. El órgano se ha convocado tras permanecer dos años inactivo, un largo periodo que los colectivos consideran “totalmente injustificado”. El que debería ser un espacio para la reflexión y el debate se termina convirtiendo en un “dolor de barriga”, tal y como destaca alguno de los participantes.

El punto crítico se produce en el segundo punto del orden del día. Daniel Bastos, de la asociación de vecinos de la urbanización Tamaragua, es el encargado de ejercer de portavoz de los colectivos y leer un texto consensuado con todas las organizaciones sociales. Solicitan que se reinicie la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de La Oliva, del que se han enterado por el boletín oficial.

Critican la “falta de transparencia” y de “participación ciudadana” para elaborar los documentos iniciales del Plan General y piden que se cumpla el propio reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento. También echan en falta la consulta pública previa para recabar “la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas” que establece la Ley del Suelo.

El Ayuntamiento de La Oliva ha dado el primer paso para sustituir las vigentes Normas Subsidiarias, aprobadas en el año 2000, con Domingo González Arroyo, el conocido Marqués de las Dunas en la alcaldía, por un nuevo Plan General. El documento de evaluación ambiental estratégica se publicó en febrero en el Boletín Oficial de la Provincia.

Entre las alternativas que plantea se encuentra el crecimiento urbano de El Cotillo, un polígono industrial en Corralejo o un gran crecimiento turístico en El Jablito, al sur de las Dunas, clasificando “un nuevo sector de suelo urbanizable” con “capacidad de unas 6.500 camas”.

Al poner el tema sobre la mesa, la alcaldesa Pilar González estalla. Dice que “no existe” un Plan General “en ciernes”, por “desgracia”, pese a que esos documentos iniciales han salido a información pública, y acusa al portavoz de los colectivos sociales, como si fuera un oponente político, de “tergiversar” e “intoxicar de forma partidaria”.

La alcaldesa evita el debate sobre el Plan General de Ordenación

No da la palabra a nadie para intervenir, porque dice que ha “consultado a los servicios técnicos” del Ayuntamiento y asegura que tampoco es su obligación, emplaza a los miembros de colectivos a esperar al turno de ruegos y preguntas, y zanja el debate antes de que pueda empezar.

El arquitecto Luis del Pozo, presente en la reunión de participación ciudadana, pidió a la alcaldesa que fuera más empática y respetuosa con personas preocupadas por el municipio que se interesan por que no se pierda la calidad de vida y se conserve el medio ambiente.

Para Nagore Fuldain, de la asociación La Bici Verde, lo ocurrido demuestra la falta de interés por una participación real: “Parece que nos usan para cubrir el expediente y ofrecer la imagen de que existe participación ciudadana y ponerse la medalla de ser el único municipio en la Isla que tiene un Consejo Municipal de Participación Ciudadana”.

Las asociaciones se sienten “estafadas” y están a la espera de la grabación y el acta del encuentro, cuya entrega se ha negado hasta ahora con el argumento de un supuesto cumplimiento de la normativa de protección de datos.

El portavoz vecinal, atacado por la alcaldesa, exigió que también quitaran su foto de las redes sociales del Ayuntamiento, porque tampoco nadie les pidió autorización.

Joan Molto, experto en participación ciudadana y responsable del Espacio de Participación Social (EPS), de la Oficina insular de asociacionismo y voluntariado, opina que se ha retorcido el reglamento en beneficio de la institución, de manera que se ha limitado la intervención de las representantes de las asociaciones, en contra de la naturaleza del propio órgano participativo.

Las asociaciones se sienten “estafadas” por el gobierno municipal

Señala que se ha pretendido equiparar un Consejo de Participación con un pleno y destaca la “obligatoriedad” de que las sesiones sean grabadas y que se entreguen a quien las pida. “Esto denota una falta de transparencia y el interés de que no se conozcan el tono y el contenido de las intervenciones”, señala.

A los colectivos les preocupa de forma especial que el documento del PGO sometido a evaluación ambiental estratégica lleve la firma de Francisco González González-Jaraba y Rosendo López, “conocidos por su línea desarrollista en Fuerteventura”. González-Jaraba estaba al frente del Plan Insular en el pasado mandato, con Blas Acosta como consejero de Política Territorial. De momento, los colectivos no han podido debatir con el Ayuntamiento y temen que la participación ciudadana sea una ficción en La Oliva.