Reclaman revocar la apertura de la veda del mejillón en Fuerteventura por falta de respaldo científico
Las alegaciones piden restaurar la prohibición hasta que exista una "acreditación científica real y finalizada" sobre la recuperación del recurso

Un escrito de alegaciones presentado ante la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias reclama la revocación de la apertura de la veda del mejillón en Fuerteventura al considerar que se ha autorizado su extracción sin disponer de estudios científicos actualizados que acrediten la recuperación del recurso.
Las alegaciones se dirigen contra la Resolución 527/2026, de 14 de octubre, mediante la que la Dirección General de Pesca estimó una solicitud de la Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal para permitir la extracción de mejillón hasta el 30 de noviembre de 2026.
El documento sostiene que esa autorización se dictó pese a que en el expediente constan dos informes desfavorables, emitidos por el Servicio de Inspección Pesquera y por la Jefatura de ese servicio.
Según reproduce el escrito, el motivo de ese criterio contrario es la "ausencia de acreditación científica previa del restablecimiento del recurso".
Las alegaciones inciden especialmente en que la normativa reguladora de la veda exige acreditar previamente la recuperación del recurso antes de proceder a su levantamiento.
También señalan que la propia resolución de la Dirección General de Pesca recoge que el último estudio disponible fue elaborado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en 2014.
Según el escrito, aquel trabajo constató "signos de sobreexplotación y recomendó mantener la veda".
A ello añade que el nuevo estudio científico encargado a la empresa pública TRAGSATEC no tiene prevista su ejecución hasta 2027, por lo que cuestiona que se haya permitido el marisqueo antes de contar con datos actualizados sobre el estado de las poblaciones de mejillón.
El escrito pide por ello que se restaure la veda en Fuerteventura "hasta que no se disponga de la acreditación científica real y finalizada" que avale la recuperación del recurso.
Las alegaciones critican asimismo la aplicación del principio de proporcionalidad utilizado por la Dirección General de Pesca para justificar la apertura.
Según expone el documento, la Administración argumenta que no se puede "perpetuar una medida restrictiva sin evaluación", planteamiento que los recurrentes cuestionan precisamente porque, según sostienen, tampoco existe una evaluación científica actualizada que justifique la reapertura.
El escrito califica esta situación de "doble vara de medir" y la compara con las restricciones que se mantienen sobre la pesca submarina recreativa.
En este punto, sostiene que existen cinco estudios científicos favorables relacionados con esa modalidad pesquera que, según los alegantes, no han servido para modificar sus restricciones.
El documento reclama que se apliquen los principios de "equidad, transparencia y proporcionalidad a todos los sectores pesqueros" y que se tengan en consideración esos informes científicos.
Críticas a las explicaciones políticas
El escrito cuestiona además las declaraciones públicas realizadas por el consejero de Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el diputado Mario Cabrera en relación con estas aperturas.
Las alegaciones sostienen que ambos las han justificado aludiendo a supuestos estudios favorables sobre la recuperación y viabilidad de los recursos, una versión que, según el escrito, contradice el contenido de las resoluciones y los trabajos científicos que cita.
Estas consideraciones forman parte de las alegaciones y de la queja formal presentada por Honorio Galindo Rocha, en su condición de vicepresidente de la Plataforma Ciudadana Salvar Chira-Soria.
El documento solicita a la Dirección General de Pesca la revisión y revocación de las resoluciones sobre el mejillón en Fuerteventura y las lapas en El Hierro y reclama que cualquier reapertura quede condicionada a la existencia de estudios científicos finalizados que acrediten la recuperación de los recursos.







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