El consejo de administración de Puertos Canarios, ente público que depende de la comunidad autónoma, decidió este viernes iniciar un procedimiento sancionador contra la armadora y la consignataria responsables de la flota de pontones y remolcadores que se hundió en el muelle de Gran Tarajal.

El acuerdo se toma más de tres años después de aquel grave episodio de contaminación, que se produjo en febrero de 2018. El expediente sancionador se vincula al “incumplimiento de las condiciones por las que se les autorizó a atracar en el citado muelle”.

Un informe de Puertos Canarios avala que dichas empresas supuestamente hicieron caso omiso a las indicaciones que desde la entidad pública se les realizaron con suficiente antelación para que tomaran medidas para hacer frente a los efectos que podría ocasionar el temporal Emma en su flotilla de embarcaciones.

"Ante la situación de alerta decretada por el temporal y los avisos previos de Puertos Canarios para que se adoptaran las medidas oportunas con la suficiente antelación”, recoge la propuesta sancionadora, “estas no llegaron a adoptarse por la empresa armadora ni su consignataria”.

Según Puertos, eso “provocó el hundimiento de la casi totalidad de la flota coreana, con el consiguiente daño a las instalaciones portuarias y el derrame de sustancias contaminantes, con daños para el medio ambiente y marino".

También se achaca a estas empresas que no realizaran tareas para la remoción de las embarcaciones, para evitar vertidos contaminantes o para la retirada de los restos de la flota, trabajos que fueron asumidos y costeados por Puertos Canarios y el Gobierno regional.

Por todo ello, se ha facultado a la gerencia de Puertos Canarios a tramitar un expediente sancionador contra la armadora y la consignataria al considerar todos los incumplimientos que se encadenaron a raíz del temporal de febrero de 2018 como de "infracción muy grave".

Planes de protección

El Consejo de Administración de Puertos Canarios, también aprobó la actualización del conjunto de planes de protección del sistema portuario autonómico.

Estos planes, según el ente público, “garantizan la autoprotección del personal, pescadores, los viajeros, usuarios del puerto y visitantes ante hipotéticos riesgos”.

Entre dichos documentos, están los planes interiores marítimos (PIM), Planes de Protección (PP) y Planes de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP). Estos últimos son los que permiten acoger tráfico de cruceros en los principales puertos autonómicos, como pueden ser los de Tazacorte, Vueltas, Gran Tarajal y Playa Blanca.

Gasolineras en Fuerteventura

Finalmente, se aprobaron las concesiones para dotar a los puertos majoreros de Morro Jable y Corralejo de sendas estaciones de servicio “que atenderán el importante tráfico de viajeros y vehículos que se registra en dichos puertos”.