Julio (nombre ficticio) acudió hace dos semanas con su hija de 12 años a Urgencias con molestias en un ojo que le dificultaban la visión. Iba temeroso. No sabía si los iban a atender o tendría que pagar factura. En Urgencias la trataron; le hallaron una infección ocular y la derivaron a la consulta de un especialista, pero para que la vea el facultativo se necesita tarjeta sanitaria. A pesar de llevar cuatro meses en la Isla, la niña no tiene el documento. Para ello se requiere estar empadronada, pero el Ayuntamiento de Puerto del Rosario le ha cerrado las puertas al padrón.

No estar empadronado impide pedir una cita en el hospital; no poder apuntar a tu hijo en el comedor escolar; no tener acceso a las ayudas de los servicios sociales municipales ni al bono transporte o no poder acogerte a la regularización a través de la figura del arraigo.

El informe ‘El derecho a tener derechos: cuando el empadronamiento se vuelve trinchera’ de la Coordinadora estatal Padrón por Derecho, denuncia cómo la falta de empadronamiento se ha convertido en una manera de exclusión social que obliga a miles de personas migrantes a vivir en los márgenes de la sociedad.

El padrón “constituye uno de los pilares fundamentales” para el ejercicio de derechos sociales, civiles y administrativos en el ordenamiento jurídico español y las trabas o negativas impuestas por determinados ayuntamientos al momento de empadronar a personas migrantes “vulnera de manera directa diversos derechos reconocidos tanto en la legislación española como en tratados internacionales de derechos humanos”, recoge el informe.

“El empadronamiento es la vía de acceso a determinados derechos como la sanidad, la educación y, en caso de precisarlas, a las ayudas sociales”, asegura María Greco, técnica del Servicio de Atención, Asesoramiento e Información a las personas Migrantes (SAAIM) de la Asociación Sociocultural Entre Mares.

La mayor parte de los usuarios de Entre Mares, en torno al 70 por ciento del total, residen en el municipio capitalino. Desde que la asociación echó a andar en 2014 han sido reiteradas las ocasiones en las que se han encontrado con dificultades relacionadas con los requisitos que se deben cumplir a la hora de empadronar a las personas migrantes en el municipio de Puerto del Rosario.

La falta de “voluntad política” del Ayuntamiento de Puerto del Rosario para hacer cumplir este derecho no es algo exclusivo de esta administración. El Defensor del Pueblo ha documentado quejas similares en otros municipios españoles y ha denunciado “la negativa de algunos ayuntamientos a empadronar a personas sin domicilio regularizado, vulnerando con ello derechos fundamentales”.

La escasez de vivienda que atraviesa Puerto del Rosario y los precios desorbitados de las rentas están impidiendo que muchas personas tengan acceso a un alquiler. Si esa persona es migrante en situación irregular, la condición se agrava. Alimentan la nevera gracias a trabajos precarios en la economía sumergida. Sin dinero para hacer frente a poder pagar una renta, la ocupación se presenta como única opción.

Las barreras para empadronar en Puerto del Rosario no son nuevas, pero, explica Greco: “Hemos notado que se han agravado a partir de 2025. A partir de ahí, es cuando ha empezado a ser muy difícil empadronarse en el municipio, si no acreditas un contrato de alquiler o que estás pagando la luz”. “Es imposible”, insiste, que una persona que esté ocupando pueda aportar esa documentación. “Puede ser una manera de luchar para evitar la ocupación, pero se está vulnerando la ley. No se puede luchar contra eso”, insiste.

La Ley española obliga a empadronar a todas las personas. El marco jurídico que regula el empadronamiento no da pie a dudas y señala que toda persona que habite en un municipio debe y tiene derecho a inscribirse, sin distinción de nacionalidad, situación administrativa o condición habitacional. Los extranjeros que residan en España, con independencia de su estatus legal, han de figurar en el padrón.

Greco: “Puede ser una manera de evitar la ocupación, pero se vulnera la Ley”

“Es un derecho, pero también una obligación. Todo ciudadano, sea extranjero o no, tiene la obligación de empadronarse. Si se incumple esa obligación, hay sanciones. Para Puerto del Rosario, con más de 20.000 habitantes, la sanción es de 150 euros”, aclara María Greco.

El informe mencionado insiste en que la falta de empadronamiento no es sólo una cuestión de exclusión social, sino también una vulneración directa de los derechos humanos. Negarlo “equivale a negar el acceso a derechos básicos y soporte. En definitiva, es una forma de violencia institucional y de racismo estructural”.

Exclusión

Organizaciones en defensa de los derechos humanos, entre ellas Iridia y Coordinadora de Barrios, subrayan cómo los obstáculos para empadronar a las personas migrantes en situación irregular y en contextos de pobreza consolida “un sistema de exclusión institucionalizada”.

“La misma semana que llegué a la Isla fui a hacer el empadronamiento. Metí los papeles y me los denegaron”, cuenta Carolina, una colombiana que llegó a Fuerteventura hace ocho meses después de estar dos años y medio viviendo en la Península. Vive en situación de ocupación junto a sus dos hijos de 18 y 12 años. Su madre llegó antes a la Isla y a ella sí la empadronaron en la misma vivienda en la que ahora se le impide a Carolina. En dos ocasiones lo ha intentado, pero ha sido imposible. “En el Ayuntamiento me dicen que ha ido la Policía Local a la casa, pero no encuentran a nadie. En las fechas que dicen que han ido he estado muy pendiente del timbre y no ha sonado. Creo que la Policía no va”, dice.

Carolina: “He ido a trabajadores sociales pero me dicen que no vuelva sin padrón”

En el mismo edificio, hay personas ocupando que sí han logrado empadronarse. Son las primeras que llegaron al inmueble. “Creo que es una excusa porque no quieren empadronar más gente ahí”, dice esta mujer, que vive en una de las zonas de ocupación del municipio.

Carolina está en situación irregular. Es víctima de violencia de género y vive, ella y sus hijos, con lo que apaña limpiando en bares y viviendas. Sin padrón, se les cierran las puertas a las ayudas sociales. “He ido a los trabajadores sociales, pero me han dicho que no vuelva hasta que tenga el padrón y lleve seis meses empadronada. Tampoco me pudieron ayudar con el material escolar de mi hija por lo mismo”.

Sin padrón tampoco puede acceder a la ayuda al transporte. Ha tenido que renunciar a trabajos fuera de la capital porque lo que se iba a gastar en guagua es más de lo que le iban a pagar por limpiar un par de horas. “La vida en Fuerteventura está siendo muy complicada. Especialmente por el padrón”, reconoce esta mujer a la que la situación le ha empezado a pasar factura psicológica. “He venido a buscar un mejor porvenir a la Isla, pero no puedo hacer nada. Me siento atada de manos”, confiesa.

“No se puede decir que la Policía va y, como no los encuentra, no las empadrona. Si la Policía acude por las mañanas puede que no los encuentren porque la realidad de las personas migrantes es que van a trabajar donde les salga y a la hora que les llamen”, explica la técnica del SAAIM de Entre Mares. Esta experta en migraciones recuerda que la ley da la posibilidad de que, si no cumplen con los requisitos que se exigen para el empadronamiento, sean los servicios sociales los que intervengan para que se produzca el padrón efectivo.

En los supuestos en los que no se puede presentar un contrato de alquiler o un recibo de pago del suministro de luz o agua, la situación se pone en conocimiento de los servicios sociales para que estos informen sobre esa especial situación de vulnerabilidad e insten al empadronamiento.

Ciudad de la Infancia

Puerto del Rosario saca pecho y presume de ser Ciudad Amiga de la Infancia, un sello de Unicef por su compromiso con los derechos, la participación y el bienestar de niños y adolescentes. Sin embargo, en el perímetro de su territorio conviven menores de edad a los que se les pone trabas para empadronar.

Es el caso de los hijos y del sobrino de Julio, un colombiano en situación irregular que un día decidió coger las maletas y buscar un futuro fuera de su país para él y su familia. En su casa viven siete personas, tres de ellas menores. A los tres pequeños -dos son sus hijos de 16 y 11 años y un sobrino de ocho meses- no los ha conseguido empadronar a pesar de que lo ha intentado en dos ocasiones.

La recurrida frase de “fue la Policía Local y no los encontró” también la ha escuchado en el Ayuntamiento. “Cuando voy me dicen que sí. Me toman los datos y que tengo que esperar la visita policial, pero nunca llega. Mi hermana tiene un bebé y no sale de casa en todo el día. Ella siempre está ahí”, asegura.

Julio: “Es incoherente que una ciudad amiga de la infancia no empadrone a niños”

El sueldo de Julio varía de un mes para otro. Depende del volumen de trabajo que consiga esas semanas. Suele traer a casa entre 700 y 800 euros. Con ese dinero en los bolsillos, ha tenido que buscar techo a través de la ocupación. “Ojalá pudiera salir de la ocupación, pero es la única opción. Es imposible conseguir una casa”. “Es muy incoherente que Puerto del Rosario sea una ciudad amiga de la infancia y no quiera empadronar a unos niños”, dice este hombre, y añade: “Parece que por el estado en el que vivimos de ocupación siempre nos tratan de dejar a un lado”.

En algunas comunidades autónomas, no estar empadronado cierra las puertas a la sanidad. En Canarias se necesita llevar tres meses en el padrón para conseguir la tarjeta sanitaria. El día que Julio llevó a su hija con molestias en el ojo, la atendieron en Urgencias, pero no pudo solicitar una consulta con el especialista hasta que mediaron los trabajadores sociales y le sacaron la tarjeta sanitaria. La pequeña lleva dos años residiendo en España. Antes de llegar a la Isla, estuvo empadronada en un municipio de la Península.

“Situaciones como esta son muy graves. Hemos tenido casos de niños en Puerto del Rosario que no tienen acceso a la Sanidad por no estar empadronados. Menores de 18 años sin tarjeta sanitaria, a pesar de llevar dos años residiendo en el municipio”, denuncia Greco, quien recuerda que cerrar las puertas del padrón a un menor vulnera la declaración de Derechos del Niño, entre otros acuerdos internacionales.

“A cada rato me llama la secretaria del colegio donde está mi hija diciéndome que, por favor, le lleve el padrón, que lo necesitan. Me la recibieron en el colegio con la condición de que trajera el padrón. Cada mes me llaman del centro diciéndome que lo necesitan”, cuenta Carolina.

El padrón también es la llave que abre las puertas a la escolarización. En la Isla, los centros son conocedores de las dificultades para empadronar a menores en situación irregular y suelen hacer la vista gorda, pero hay casos en los que no pueden acceder al transporte escolar o comedores. “Hay que recordar que en el ámbito migratorio la situación es muy precaria y puede que la única comida que reciban al día es la del comedor escolar”, recuerda Greco.

Y de nuevo aparece el padrón a la hora de regularizar la situación en España. La Ley de Extranjería repercute en la posibilidad de regularizar la situación a través de la figura del arraigo. La normativa de extranjería establece la residencia continuada durante un plazo determinado, normalmente de dos años, como requisito. También se necesita para la regularización que ha anunciado el Gobierno central a partir de abril y de la que se podrían beneficiar unas 500.000 personas. Para acreditar ese periodo las personas migrantes acuden al padrón como prueba documental. “Las barreras al padrón cierran las puertas a la regularización y perpetúan la irregularidad”, denuncia el informe de la Coordinadora estatal Padrón por Derecho.

Las memorias anuales de la Asociación Entre Mares vienen recogiendo y denunciando prácticas fraudulentas vinculadas al alquiler. Se trata de personas en situación de ocupación que subalquilan habitaciones a un mínimo de 250 euros la habitación. Luego, se niegan a firmar ningún documento que garantice a esa persona que vive en esa vivienda y, de nuevo, se ve en la imposibilidad de acceder al padrón.