La empresaria turística Olga Gargallo, especializada en vivienda vacacional, afirma que la nueva Ley canaria de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas “no es negativa en su totalidad al aportar aspectos positivos para el sector”, pero destaca su previsible incidencia en el mercado. La norma está en vigor desde el pasado mes de diciembre, aunque el Gobierno de Canarias prevé introducir una moratoria de un año para que las viviendas vacacionales se adapten a la exigencia de tramitar la explotación de los inmuebles como actividad clasificada, una de las obligaciones más polémicas de la ley, que traslada a los ayuntamientos la tramitación de licencias.

De las 70.000 viviendas vacacionales que operan en la actualidad en Canarias podrían permanecer en activo sólo unas 9.000, si se aplica la ley en los términos previstos, según fuentes del sector. “Sólo en el municipio de La Oliva se calcula que hay unas 15.000 plazas vacacionales y el objetivo es reducir hasta dejar en activo un 10 por ciento. No sabemos cómo lo van hacer”, apunta la empresaria.

Olga Gargallo aborda cuatro bloques o impactos que origina esta norma, como la regulación del sector ante el crecimiento de la oferta de vivienda vacacional, el aspecto económico para los propietarios, la transformación y especulación del mercado inmobiliario, y su componente social y medioambiental.

“Si se desarrolla una política de conciencia para ordenar, regular y modernizar el sector, entonces habremos logrado algo positivo”, dice. Gargallo observa aspectos interesantes, como una mayor “profesionalización del sector, una regulación para acabar con un mercado caótico o frenar la especulación en el precio de la vivienda”.

La propietaria de la empresa Lovely Property, que gestiona 38 viviendas vacacionales en Fuerteventura, destaca que su empresa cumple de forma estricta con toda la normativa vigente: “Las empresas que hemos trabajado en la modernización en el funcionamiento, en la digitalización de todos los trámites, en el ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo, vamos a sufrir menos que otras que no han hecho los deberes”.

Olga añade que teme que la nueva ley le afecte económicamente, pero que “era necesario regular la vivienda vacacional, para que no se pueda seguir alquilando una azotea, un local o un garaje convertido en vivienda, incumpliendo la ley, generando una competencia desleal y saltándose las normas básicas del mercado turístico”, alerta. De hecho, los que sigan con esa dinámica se exponen a multas de hasta 30.000 euros.

Otro impacto positivo de la ley, según Gargallo, es “frenar la especulación en el precio de la vivienda”. “La gente no compraba una casa para vivir, sino como inversión para sacar un rendimiento económico, pero si ahora no la pueden alquilar para el turismo, y ante la inseguridad que existe con el alquiler de larga estancia, las ventas van a caer”, pronostica.

Además, según los expertos, “los propietarios rechazan el alquiler de larga estancia por la inseguridad jurídica actual en ese tipo de contratos y optan por el cierre de la vivienda o su venta, por lo tanto aumentará la oferta de viviendas y los precios pueden experimentar una bajada”. “Esto no va a significar más viviendas de alquiler para las familias que necesitan un techo pero sí se va a frenar la especulación”, insiste Olga.

Un impacto positivo es “frenar la especulación en el precio de la vivienda”

Las asociaciones vecinales han comenzado a exigir a las administraciones un censo sobre el número de viviendas cerradas, garantizar un alquiler seguro para ponerlas en el mercado, construir vivienda social, por lo que la ley tiene “un componente social”. Además, las comunidades de propietarios tienen la última palabra para decidir y votar por unanimidad si admiten en su edificio el uso turístico de las viviendas.

La experta también reconoce que la ley deja todo el peso de las licencias en manos de los ayuntamientos: el alta como actividad clasificada, su cumplimiento, y los permisos para continuar con la actividad. Se trata, dice, de “más burocracia, más carga de trabajo para las administraciones locales, un posible bloqueo de licencias, y un mayor gasto de tiempo y dinero para los inversores”.

Foto: Carlos de Saá.

Eficiencia

Con respecto al impacto medioambiental, los propietarios apuestan por la modernización y eficiencia de los inmuebles. Las viviendas van a ser auto sostenibles: se reforman, se amueblan con electrodomésticos de bajo consumo para conseguir un ahorro energético y mejorar la gestión de los residuos.

“Considero que, si de ese modo, se consigue que cuidemos el planeta, el medio ambiente, fomentamos el reciclaje y la vivienda se adapte a las exigencias del futuro, hemos dado un paso importante y positivo para que sean modernas, limpias y confortables”, opina Olga. Eso sí, destaca que los propietarios que hacen una inversión y pagan sus impuestos exigen servicios e infraestructuras alrededor de las casas. 

En definitiva, Gargallo cree que se debe trabajar para conseguir un equilibrio: “No hay que  obcecarse en lo bueno o malo de la ley, más bien deberíamos aunar fuerzas para alcanzar un turismo de más calidad en Fuerteventura, algo positivo para todos”.

Ilegales

Otra polémica en boga está relacionada con la retirada de las viviendas vacacionales ilegales. La patronal Ascav ha reiterado que esas casas no pasarán al mercado residencial. Señalan que “las 53.000 viviendas a las que alude el Gobierno del Estado no son ilegales por el hecho de no haber obtenido el número en el Registro de la Propiedad; deberán ser las comunidades autónomas las que revoquen, en su caso, las licencias concedidas o declaraciones responsables emitidas. El único efecto de la exclusión de aquel registro será que no se pueden comercializar a través de páginas webs que promocionan este tipo de ofertas”.