La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Nereida Calero, ha hecho extensiva la queja de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la isla de Fuerteventura que, "como muchos compañeros, perciben cierta impunidad por parte de turistas y visitantes extranjeros ante la imposición de una sanción que saben que una vez que regresen a su país de origen, nadie les exigirá".

Dichos agentes consideran, según le han hecho llegar a la propia diputada, "que el Gobierno debería garantizar el cumplimiento de las leyes y normas por parte de los turistas y de más personas extranjeras que visitan Canarias por distintos motivos, al igual que lo deben hacer los residentes".

"El incumplimiento de las normas no solo tiene consecuencias a la hora de mantener el orden y la seguridad ciudadana, especialmente, en zonas de gran afluencia de turistas, sino que es ineficaz en lo que a recaudación se refiere, además del agravio comparativo que supone para los residentes", señala Calero.

La diputada ha destacado que "solo las multas de tráfico son ejecutadas gracias a la directiva 2015/413 de la Unión Europea, la cual permite el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial y la consiguiente aplicación de las sanciones, mientras que, por ejemplo, las sanciones administrativas en materia de seguridad sanitaria, difícilmente pueden cobrarse".

En este sentido, Nereida Calero, "en nombre de estos miembros de los Cuerpos de Seguridad y del resto de ciudadanos que vivimos aquí, y que sí cumplimos las normas y somos sancionados si no lo hacemos".

Ha pedido al consejero autonómico que inste al Gobierno de España "a buscar con urgencia una alternativa legal, consensuada con la Unión Europea, para que todo infractor extranjero que cometa en España una sanción administrativa, proceda al abono antes de abandonar el país, o una vez abandonado, se le pueda cobrar por un procedimiento de apremio o similar".