Lo que tendría que ser una zona verde pública de 8.000 metros cuadrados son los jardines de un establecimiento turístico. Donde debería haber viales públicos hay un complejo hotelero. El 10 por ciento de aprovechamiento de la urbanización Corralejo Playa, la principal de la localidad turística, con más de 1,7 millones de metros cuadrados, fue enajenado a favor de una de las principales promotoras, en una operación “nula de pleno derecho”. Estas son algunas de las irregularidades detectadas por la auditoría encargada por el Ayuntamiento de La Oliva, que terminará en manos de la Fiscalía Anticorrupción, tal y como ha confirmado el alcalde, Isaí Blanco (CC).

El Ayuntamiento, entonces presidido por Domingo González Arroyo, constituyó en 1995 una empresa (Urbanizadora Corralejo Playa) con la principal promotora de la zona, Cahispa, para desarrollar las obras de la urbanización. La empresa giraba unas cuotas a los propietarios con las que financiaba las obras, a pesar de que no tenía competencias para hacerlo. Numerosos propietarios las impugnaron y los tribunales les dieron la razón.

La empresa acumuló una deuda de 4,2 millones de euros con las constructoras Dragados y Cororasa, reconocida en sentencia, y el Juzgado instó al Ayuntamiento a recaudar las cuotas que correspondiesen a cada propietario y saldar la deuda.

Es entonces, el año pasado, cuando se encarga la auditoría, que ha revelado una batería de irregularidades urbanísticas y económicas. Entre las irregularidades urbanísticas, la auditoría destaca que se produjo la enajenación del 10 por ciento de aprovechamiento lucrativo de Corralejo Playa, que le correspondía al Ayuntamiento de La Oliva, mediante un proceso “nulo de pleno derecho”.

Así, se llevó a cabo “sin respetar el procedimiento” y sin que se justificara el “interés general” de la operación, que perjudicó a la Corporación municipal. De esta manera, el aprovechamiento urbanístico que pertenecía legalmente al Ayuntamiento se lo quedó la empresa Vertrange, cuyos derechos sobre Corralejo Playa pasaron luego a la sociedad Cahispa. La justificación que se dio fue “compensar” los costes iniciales de la ejecución de las obras de urbanización.

Los auditores pidieron en el Ayuntamiento el expediente de una operación que fue aprobada por el pleno bajo la alcaldía de González Arroyo, pero en el Consistorio “no consta” el informe del secretario municipal, a pesar de que era “preceptivo”.

“Infracciones urbanísticas”

La auditoría encargada por el Ayuntamiento tiene un apartado específico dedicado a las “infracciones urbanísticas” que se habrían cometido en Corralejo Playa. Unas irregularidades, señala el estudio, que se advierten “claramente” en la “utilización privada de espacios destinados a libre acceso público” y la ocupación de “zonas calificadas como vial público”.

Se citan tres casos que suman más de 10.700 metros cuadrados de uso público pero que están en manos privadas. La auditoría señala que en el plan de la urbanización Corralejo Playa se contempló un área central, de “acceso público”, en una parcela promovida por la empresa Oasis Royal de Corralejo, entre la avenida Nuestra Señora del Carmen y la calle Maxorata.

El estudio señala irregularidades en la “utilización privada de espacios destinados a libre acceso público” y la ocupación de “zonas calificadas como vial público”

En cambio, “su uso ha sido privatizado a favor del complejo turístico que ocupa el área edificable de dicha parcela, por lo que nos encontramos ante un aprovechamiento privado de 8.000 metros cuadrados de suelo público”.

Aunque en la auditoría se apunta a que se habría producido una modificación del planeamiento de esa manzana en concreto, “se desconoce si ha habido contraprestación” y en quién ha “repercutido”.

Además, se recalca que en el reciente Plan de modernización de Corralejo “se sigue reconociendo el uso libre y público de esta área, por lo que cabe sostener que se ha producido efectivamente una infracción urbanística” por la ocupación privada del espacio libre.

Otro de los casos que se detalla en la auditoría es el de la “apropiación privada de viales públicos” en la manzana de Atlantis Resort. El planeamiento preveía una calle de acceso al interior de la manzana, con una longitud de 150 metros y 3.000 metros cuadrados de superficie.

La obra se ejecuta en principio de forma adecuada pero, en 2003, y “sin ninguna modificación del plan según la documentación” a la que han tenido acceso los auditores, se produce “una invasión de esta vía pública por parte del complejo hotelero”, que “se apropia de un extremo de la vía”. Se calcula en 1.200 metros cuadrados el suelo público ocupado.

En la gran manzana de La Miranda, en la que se encuentran los esqueletos de hoteles en construcción que están paralizados, también se produjo la “invasión de espacio público”, según la auditoría, de forma similar al caso anterior: el planeamiento establece una vía de acceso que supone un espacio de uso público de 1.500 metros cuadrados.

“Sin embargo, tras la ejecución parcial de la manzana”, puesto que las obras están paralizadas, “se puede comprobar cómo las edificaciones privadas han invadido” los “sistemas libres previstos” en la planificación.

“Esta invasión del espacio público”, tanto “privatizando” la zona o “directamente edificando” para lograr un aprovechamiento privado, “supone una infracción tipificada como muy grave” en la Ley del Suelo de Canarias, recalca la auditoría, que en sus conclusiones recomienda al Ayuntamiento de La Oliva que proceda “a su recuperación para el patrimonio municipal”.