La asociación ecologista Turcón ha presentado alegaciones en el expediente de caducidad de la concesión del dominio público marítimo terrestre en las Dunas de Corralejo al hotel y los apartamentos Oliva Beach.

En línea con sus posicionamientos reiterados sobre la caducidad y el régimen de concesiones sobre el dominio público, Turcón ha argumentado ante el Ministerio de Transición Ecológica para que proceda a la caducidad de la concesión.

Las alegaciones presentadas en la Demarcación de Costas de Canarias, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, se enmarcan en el expediente abierto por el Gobierno central.

En concreto, este pasado 15 de noviembre le fue notificado el trámite de audiencia al colectivo ecologista. Turcón ha alegado que “procede y queda debidamente acreditada la caducidad de la concesión” otorgada a la empresa Geafond número uno Lanzarote, propietaria del hotel Oliva Beach y de la mayoría de los apartamentos. La compañía está controlada por la cadena hotelera RIU.

Los ecologistas señalan que en el expediente administrativo se apuntan “incumplimientos adicionales por vertidos”, por lo que la Agencia Canaria de Protección de Medio Natural ha iniciado el 2 de mayo de 2022 expediente sancionador.

Desde Turcón recuerdan que la caducidad de la concesión “viene dada por incumplimiento de las condiciones impuesta en el propio título concesional, estando sometida y obligada a ello”. En concreto, por la ejecución de obras en el complejo Oliva Beach sin autorización de Costas.

Además, los ecologistas resaltan en sus alegaciones que la ocupación del dominio público marítimo terrestre es “totalmente excepcional” y que, en este caso, RIU ha “incumplido unilateralmente” los términos de la concesión pierden el derecho “excepcionalmente” concedido, sobre el Hotel y apartamentos Oliva Beach.

“En este sentido la prevalencia del interés público sobre el interés del concesionario ha sido reconocida expresamente, ya hace años por los tribunales”, destacan los ecologistas.

“La prevalencia del dominio público marítimo terrestre no puede ser excluida por intereses económicos o de otra índole y así ha sido recogido por el Tribunal Constitucional”, añaden.

Los ecologistas han solicitado al Ministerio de Transición Ecológica la admisión a trámite de sus alegaciones y “que se proceda a dictar resolución declarando la caducidad de la concesión referida”.