Dos empresas controladas por José Antonio Newport fueron objeto de acciones legales por el estudio de ingeniería y arquitectura IDOM, por utilizar el proyecto del parque temático Dreamland diseñado para Fuerteventura en la declaración de interés insular en Gran Canaria.

La citada consultoría emprendió acciones legales ante el Juzgado de lo Mercantil contra Dreamland Studios, fundada con Volcano Films y Alquimia, socios que se han querellado contra Newport al acusarle de haberles perjudicado por llevarse el proyecto a Gran Canaria, incurrir en obligaciones económicas sin su consentimiento o diluirlos en una nueva sociedad en la que participa Lopesan.

El estudio de ingeniería y arquitectura también emprendió acciones contra esa nueva sociedad, Dreamland Studios Canarias. En síntesis, acusó a las empresas encabezadas por Newport de “utilizar los trabajos ejecutados y entregados” para el proyecto de Fuerteventura para la iniciativa prevista en Gran Canaria, sin “consentimiento” ni “conocimiento”.

La compañía IDOM, con sede en Bilbao, firmó un contrato con Dreamland Studios con “acuerdo de confidencialidad expreso”, además de mantener “la plena titularidad de los derechos de propiedad sobre la información técnica” del proyecto del parque temático. De tal manera que la empresa dirigida por Newport poseía una “licencia de uso” para obtener los permisos del proyecto en Fuerteventura.

Así, IDOM “vendía el conocimiento técnico” a Dreamland Studios, “que una vez aplicado el mismo y realizadas las obras correspondientes, pasaría a adquirir la plena titularidad de aquello que hubiesen construido, en este caso, el parque temático de experiencias de realidad virtual inmersiva en la isla de Fuerteventura”.

Sin embargo, el estudio de ingeniería y arquitectura denunció que la segunda empresa capitaneada por Newport “fue creada con el único propósito de copiar el proyecto” para “ser aplicado en Gran Canaria, sin así tener que retribuir o contratar” a IDOM, “usando la información y conocimiento técnico” que le había sido proporcionado para el proyecto en Fuerteventura.

Fuentes próximas a los socios de Newport que se han querellado contra el también vicepresidente por Fuerteventura en la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) aseguran que ha tenido que pagar unos 350.000 euros al estudio de ingeniería y arquitectura para la retirada de la citada demanda por incumplimiento de contrato.

En opinión de estas fuentes, este otro caso acreditaría el trasvase de activos de la primera empresa creada para el proyecto en Fuerteventura en beneficio de la segunda mercantil constituida con Lopesan como socio para Gran Canaria.